GAS

Tarifazo: CAME se adelanta a las audiencias y al Gobierno y busca otro fallo de la Corte

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó una acción de amparo colectivo en la justicia de General San Martín, pidiendo que se declare la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía y del Ente Nacional de Regulación del Gas que impusieron el tarifazo en el gas. La intención es llegar a la Corte suprema, que en su fallo de la semana pasada anuló los incrementos sólo para los usuarios residenciales. El Gobierno nacional buscaba hacer cuanto antes las Audiencias Públicas para desalentar las presentaciones de los industriales o consumidores ante la Justicia, pero CAME se adelantó.

El Gobierno de Mauricio Macri esperaba la presentación de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para que se aplique el fallo de la Corte Suprema que anuló el tarifazo en el gas para los usuarios residenciales, a las empresas y comercios. Por eso, había fijado las Audiencias Públicas que ordenó el máximo tribunal para el 12 de setiembre, aunque luego tuvo que posponerla unos días más por otros compromisos. Pensaba que con esa convocatoria desalentaría el amparo que finalmente presentó la entidad. La intención de CAME es que el amparo que hizo en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín llegue hasta la Corte y provoque otro fallo. Si el tribunal convalidara la presentación el impacto sería mucho mayor en las cuentas públicas, ya que los sectores no residenciales representan un 70% del ingreso por el pago del servicio.

En representación del Comercio, Industria, la Producción y el Turismo Pyme, el amparo solicitó que "se declare la nulidad y, en su caso, invalidez constitucional, de las resoluciones (...) que imponen el esquema de incremento del servicio público del gas, y todo otro aumento dispuesto en los cuadros tarifarios".

Asimismo, pide "que dicha nulidad en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia sea extensible a los usuarios comerciales, industriales, de la producción y turismo de todo el país; y que se ordene a las demandadas abstenerse de requerir el cobro de las facturas correspondientes al cuadro tarifario impugnado".

También "que se disponga un nuevo esquema de precios y tarifas para el servicio de suministro de gas, con arreglo a la Constitución y a la legislación vigente, realizando el procedimiento previo de publicidad y consulta pública".

Por otra parte, el amparo reclama que "se restablezca el sistema tarifario anterior a las normas impugnadas hasta tanto el Estado Nacional fije precios y tarifas con arreglo a las normas constitucionales y legales; para los usuarios que hubieran realizado el pago de las facturas con las tarifas fijadas por las normas impugnadas, que se tome el excedente como pago a cuenta o bien se disponga el reintegro; y que se ordene al Estado Nacional que disponga el pertinente procedimiento de audiencia pública que incluya a todos los sectores productivos", informó CAME.

Sobre el futuro del amparo en la Justicia, desde el diario El Cronista se avizora el siguiente escenario: “No bien se redactó el fallo que frenó los aumentos de las tarifas de gas a usuarios residenciales, en la Corte Suprema de Justicia supieron que al quedar exentos los grandes consumidores iba a surgir una catarata de amparos. "Llegarán a las distintas instancias en Tribunales y de allí en adelante pueden terminar de nuevo acá", confió una fuente judicial hace ocho días, minutos después de la sentencia”.

El diario Página/12 suma otros datos: Por su parte, los abogados de la Confederación General Económica de la Argentina (Cgera) están ultimando detalles y presentarán otro recurso de amparo. Será en representación de las pymes afiliadas a Cgera radicadas en la provincia de Buenos Aires y se canalizará a través del Juzgado Federal de San Martín, al igual que la demanda de CAME.

En ese juzgado trabaja la magistrada Martina Isabel Forns, una de las más decididas en el freno al tarifazo. Además, Cgera apoyará las demandas individuales que decidan presentar cámaras y firmas afiliadas. “Nosotros no queremos judicializar el tema, pero nos obliga a ello la Corte y la negativa del Gobierno de abrir algún tipo de instancia de negociación”, dijo Marcelo Fernández, presidente de Cgera.

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