IRREGULARIDAD ENQUISTADA

Atenti al ladri: Muchas empresas conviven con el fraude corporativo y prefieren callarlo

Le adjudican al fallecido boxeador de Parque Patricios, Natalio 'Ringo' Bonavena, una anécdota que viene a cuento del sordo avance de los delitos informáticos en las corporaciones. Se desplomaba en el banquito del rincón al terminar cada round después de recibir soberanas tundas. El manager no daba abasto para suturarle las múltiples heridas en el intervalo y, mientras tanto, lo alentaba a seguir así porque iba bien. Hasta que el popular boxeador, que aún groggy tenía chispa, le respondió: “Bueno, entonces vigilá al árbitro porque alguien me está fajando”. La impunidad y el fraude erosionan las organizaciones, pero más que a acechanzas externas obedecen a camuflajes intestinos. La alta rotación de personal y la tercerización de servicios que caracterizan a las exitosas gestiones de management han sido modernas fuentes de ganancias, pero a costa de filtraciones de corrupción que comprometen la salud interna y la imagen de las compañías: cuanto más personal tienen, peor es. Crecen en la región los delitos económicos de los que son víctimas, según detectan encuestas como la frecuente que realiza PwC y la anual de la consultora norteamericana Kroll Global, donde queda claro que en dos de cada tres corporaciones en América Latina reportan fraude y que hay que cuidarse más de los de adentro que de los de afuera, inclusive en el hackeo, que es una actividad ilegal en constante evolución. Las organizaciones no es mucho lo que denuncian ni lo que previenen para afrontar la corrupción, lo que en gran parte se explicaría en que las deslealtades se manifiestan de arriba hacia abajo y, por lo tanto, optan por el silencio para no quedar expuestos públicamente. “Es preferible que trascienda hacia afuera que un ejecutivo es alcohólico y no chorro”, suele aducirse. La malversación de activos sigue siendo el principal delito reportado (78% de los casos), gracias a que anida principalmente en economías con inflación y elevada presión tributaria, que se prestan al escamoteo en río revuelto.

La impunidad se convirtió por estos lares en un fenómeno cultural abarcativo a todos los estratos sociales, además de las instituciones que funcionan en la órbita del Estado. “No pasa nada”, “nadie va preso”, “la policía tiene puerta giratoria”, “las causas judiciales se llevan a la larga para licuar las sentencias”, “no los tocan porque tienen inmunidad (gremial, parlamentaria, estatal”), son latiguillos que inhiben de involucrarse en denuncias y otros engorros, en la convicción de que irán a vía muerta.

Es en ese sentido elocuente que mientras los fraudes informáticos ya son el 2do. delito económico más reportado por las empresas de América latina, según el habitual informe de PwC, en nuestro país funcione desde noviembre de 2012 una Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Capital Federal, a cargo de Daniela Dupuy, y que haya recibido un total de 26 denuncias: 22 por hacking y las 4 restantes, por daños informáticos.

La funcionaria coincide con la apreciación generalizada de que muchos incidentes no son denunciados y no quiere especular con la cantidad real. “Es la cifra negra. Evidentemente, las empresas tienen vulnerabilidades y no quieren revelarlas frente a sus clientes”, concluye.

“En general, la procedencia de los ataques es interna y externa. Y las denuncias abarcan a las amenazas, accesos ilegítimos, hostigamientos y daños informáticos”, agrega la fiscal.

El capítulo regional de la Encuesta Global sobre Delitos Económicos 2016, elaborada por PwC sobre la base de consultas a 1.139 organizaciones en 14 países, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, arrojó como resultado que “casi 1 de cada 3 empresas latinoamericanas (28%) manifestó haber sido víctima de un fraude corporativo”.

Significa que hubo menos casos reportados en comparación con la cifra informada por la misma encuesta 2 años atrás, que fue del 35%. Pero el estudio arroja además un dato preocupante: en América latina el 39% de las organizaciones experimentó pedidos de soborno o desconoce si los ha experimentado en los últimos 24 meses. Y peor aún, el 46% de las organizaciones no creen que las autoridades locales tengan los suficientes recursos o estén lo suficientemente entrenados.

Admitir semejante estado de indefensión crea zonas grises en las estructuras empresarias en las que anida la corrupción. No es un dato menor el que aporta Diego Cano, Certified Fraud Examiner (CFE), presidente FTI Consulting Argentina: “La Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), mayor organización mundial de lucha contra el fraude, estima que las empresas pierden alrededor del 5% de sus ingresos por año debido a este delito”.

En la misma dirección, la encuesta de PwC también aborda el tema del creciente costo de los delitos económicos en la región. Cuantifica el delito en sí mismo en más de US$ 1 millón, mientras que el 31% de las víctimas estiman un impacto financiero mayor a 100.000, de acuerdo con el reporte de delito económico del que informó el 10% de las organizaciones.

El costo no sólo se limita a la pérdida económica, sino también a los recursos internos y externos dedicados para combatir el fraude. De todos modos, admiten los autores del estudio, que es casi imposible cuantificar el verdadero impacto de un delito en el valor de la compañía.

Con todos los ingredientes que le hacen el caldo a la impunidad extendidos sobre el tapete, la malversación de activos sigue siendo el principal delito económico reportado por las empresas en los últimos dos años, con 78% de menciones

Anida en las dobles contabilidades para eludir impuestos, en la permanente presencia de la inflación en los registros legales que distorsionan los resultados y en la ausencia de auditorías forenses, entre otras razones. Pero es determinante para poder ejecutar dentro de las empresas las políticas que deciden los circuitos del negreo al blanqueo la complicidad del staff directivo encargado de la gestión y la impericia, o vista gorda, de los controladores puestos por los accionistas. 

Suele darse como ejemplo el caso de Al Capone, personaje dedicado a prácticas criminales y al lavado de dinero, que sólo quedó al descubierto cuando un contador del departamento de impuesto se dedicó a buscar pruebas, encontró una gran cantidad de evidencia, como ejemplo el libro de pagos, gracias a lo cual se pudo comprobar que el volumen de ventas superaba la capacidad teórica del negocio de los lavadores; de hecho, el volumen de ventas real y el volumen de ventas declarado iban lejanos. Así, la fiscalía pudo demostrar fraude en el pago de impuestos en Al Capone, en sus lavadores y desmantelar esta organización.

En el orden nacional, ¿sabían los banqueros que administraban los fondos de pensión en Argentina que en, parte de los casos, los ejecutivos que hacían los negocios de compras de activos para las carteras ganaban en forma particular con la intermediación de las oportunidades de inversión y trasladaban el riesgo a las entidades? Fue este uno de los argumentos utilizados por el kirchnerismo para estatizar las AFJP.

Apropiación de activos

Coincide la mayor organización mundial de lucha contra el fraude, la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) en que la apropiación de activos de la empresa es el tipo de fraude más común (90% de los casos), mientras que el fraude basado en el falseamiento de informes financieros sólo es el 5% del total.

Pero, atención, las mayores pérdidas se registran debido a estos últimos porque típicamente implican una manipulación de los registros de las operaciones de la empresa para falsear su situación financiera con el objetivo de obtener ventajas económicas de ello (aumentando la cotización de las acciones u obteniendo créditos importantes), e involucran grandes sumas.

Estos fraudes afectan principalmente a los accionistas y en muchos casos, cuando estallan producen cuantiosas pérdidas, afectan la imagen de la empresa y pueden llegar a amenazar la continuidad de las actividades al afectar su financiamiento.

ACFE asegura que empleados de alto nivel jerárquico suelen estar involucrados en ellos, obteniendo como beneficio los premios otorgados por la empresa por el desempeño logrado, lo cual los torna difíciles de detectar, en tanto el desarrollo de las actividades de la empresa no se ve afectado mientras el esquema está en marcha, y estos empleados están en condiciones de eludir los controles internos.

En un caso verificado en una empresa radicada en Argentina, la indebida registración de entregas de mercaderías en consignación como ventas efectivamente realizadas, autorizada por la gerencia de comercialización con el objetivo de cumplir con las metas estipuladas, resultó en una distorsión de la situación real de la empresa que evitó que se tomaran oportunamente medidas para revertir la caída en su participación en el mercado, que resultó oculta a raíz de estas prácticas.

Trampa global

Ya el reporte anual correspondiente a 2015 de Kroll Global, una consultora de riesgo de cobertura global, con sede en Nueva York, especializada en inteligencia e investigaciones financieras corporativas, diligencia debida, cumplimiento normativo y seguridad física y cibernética, destacaba que el 75 % de las empresas a nivel mundial experimentó el último año un incidente de fraude, con un alza del 14% en 3 años, mientras en la Argentina el flagelo creció a un ritmo del 20% respecto del año anterior. Y que el 81% fue realizado por empleados internos, en tanto que 41 de cada 100 casos son denunciados por el propio personal de las compañías donde ocurren los hechos de corrupción, según el informe.

El desagregado del dato que hizo el director de Kroll en Buenos Aires, Matías Nahón, es preocupante: de cada 5 delitos, 4 estuvieron relacionados con por lo menos un empleado interno de la firma afectada. De todos los casos analizados, 1 de cada 3 víctimas (36%) experimentó el delito de fraude por parte de los mandos superiores o medios, en el 45% de los casos en manos de un empleado junior y sólo en el 23% de los casos fue responsabilidad de un tercero. O sea que el ejemplo vino de arriba.

Un caso similar es el de las empresas que han sufrido de la pérdida o robo de datos en los últimos 12 meses: el 45% de los incidentes fueron producto de un robo de los mismos empleados de la empresa y solo el 29% fue por una malversación de datos de un tercero o proveedor. Un número muchísimo menor, el 2 %, involucra un ataque externo de un hacker.

¿Por qué semejante avance de la deslealtad? El 33% de los ejecutivos consultados considera que la rotación de personal es la causa principal que conlleva a la exposición de fraude corporativo. El 2do. motor que aumenta la vulnerabilidad de las empresas, según los ejecutivos, es la creciente tercerización de los servicios (16%).

Tommy Helsby, presidente de Kroll, indica que la mirada de los medios de comunicación está centralizada en las amenazas externas de las empresas, como por ejemplo ataques cibernéticos, pero la realidad es distinta.

Los encuestados señalan que la mayor cantidad de casos de fraude se dan con sus empleados; las empresas deben de este modo no solo protegerse de posibles amenazas externas, sino también de las internas, evaluó Helsby.

El 69% de las empresas sufrió una pérdida financiera como resultado de ser víctima de fraude, un porcentaje que también ha crecido en comparación al 64% de 2014.

En cuanto al tipo de fraude, los tres más importantes son: el robo de activos físicos fue el más experimentado (22%), seguido por el fraude de proveedores o vendedores (17%) y por último el robo de información (15%).

El 80% de los encuestados cree que sus organizaciones han tenido más vulnerabilidad hacia el fraude en el último año.

Los hackers no duermen

Sin embargo, la tendencia que muestra el reciente trabajo de PwC enciende luces de alarma en el crecimiento detectado encuesta tras encuesta de los delitos informáticos, que se han convertido en una seria amenaza para las organizaciones: del 20% en 2014 los casos denunciados pasaron al 26% este año.

A la malversación de activos le siguen en un hipotético ránking de delitos económicos reportados, pero muy atrás, los delitos informáticos (26%), uso indebido de información privilegiada (21%), sobornos y corrupción (21%); y fraudes de compras (18%).

Afrontar y entender los riesgos a los que se enfrentan no es sencillo para la mayoría de las empresas, al punto que sólo el 46% tiene un plan de respuesta preparado.

“Es importante que tomen conciencia de esta amenaza y evalúen todo su ecosistema de negocios en la región. Los hackers están las 24 horas del día buscando sus vulnerabilidades” recomienda Diego Taich, director de Forensic Technology Solutions de PwC Argentina.

El hackeo no viene sólo de afuera, sino que en la mayor parte de los casos es interno, según se ve claramente en la encuesta: el 55% de los fraudes en Latinoamérica fueron cometidos por un empleado propio y el 45% restante por sus clientes, proveedores y/o socios. Los delitos de cuello blanco en la región se relacionan con los mandos medios y la alta gerencia. En el 57% de los casos de fraude interno aparece comprometido este grupo (comparado con el 51% de la encuesta global) y 3 de cada 4 encuestados le aplican el viejo axioma de que “la ocasión hace al ladrón” entre los perpetradores internos. 

Andrés Sarcuno, director de Forensic Services de PwC Argentina, aprovecha para pasar el aviso: “Con la tecnología disponible actualmente existe una gran posibilidad de incrementar la sensación de control y mitigar la amenaza de sufrir un fraude. Las organizaciones tienen la posibilidad de analizar y monitorear grandes volúmenes de datos y detectar a tiempo un ilícito”, señala.

Tal como es obvio, las oportunidades de fraude guardan relación directa con la cantidad de empleados. Aquellas compañías con más de 500 empleados tienen más del doble de probabilidades (67%) de sufrir uno de estos delitos; y tanto los montos como la cantidad de operaciones involucradas son mayores.

CSI fraudes

Se menciona también la contratación de una suerte de detective o contador forense para ayudar a descubrir las irregularidades. Su trabajo consiste en hacer las deducciones y relacionar las pistas descubiertas a los posibles motivos de las personas comprometidas en el fraude, estar interesado en lo oculto o en revelar los aspectos de la evidencia examinada, buscar descubrir anomalías y modelos de actuación: no siempre sabe lo que está buscando o por qué sendero particular debe seguir, pero debe confiar en su intuición o sospecha. Sería como el equivalente al departamento de asuntos internos en la organización policial.

Sin embargo, respecto de las políticas de prevención, la encuesta arrojó que la manera más frecuente de detectar un fraude es a través de la auditoría interna: con 16% de los casos. Sin embargo, solo el 34% de los encuestados disponen de un plan de respuesta a un incidente (ya implementado).

La connivencia con el delito económico en las magnitudes reveladas denota o una gran impotencia para afrontarlo o que campee otro antiguo dicho: a río revuelto, ganancia de pescadores. Por eso, a pesar de los resultados adversos, sólo una de cada tres empresas proyecta invertir más recursos en sus programas de compliance para luchar contra los delitos económicos en los próximos 24 meses.

La indiferencia se manifiesta en que el 39% de las organizaciones no llevaron a cabo una evaluación de los riesgos de fraude en los últimos 2 años o no saben si lo han hecho; y menos del 20% la realiza 2 o más veces por año.

Jorge Bacher, socio de PwC Argentina, previene que “publicar un código de ética y designar un oficial de cumplimiento no resultan acciones suficientes para luchar contra el fraude y la corrupción. Las organizaciones tienen que asegurar en cada rincón donde operen, que sus empleados y socios de negocio actúen de manera íntegra y transparente”, explica.

Es sintomático, en épocas en que se habla de blanqueos ante un cerco internacional al lavado de dinero, que sólo 22% de las firmas de servicios financieros hayan realizado evaluaciones de riesgo relacionadas a la prevención de lavado de activos o a la lucha contra la financiación del terrorismo: 1 de cada 5 instituciones financieras ha recibido sanciones de parte de los reguladores, con un 38% adicional que reportó haber recibido inspecciones.

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