DEBATE EN EL MACRISMO ESCRITO

A horas del relanzamiento de Cambiemos, brecha entre Macri y Carrió

La discrepancia entre Mauricio Macri y Elisa Carrió desafía a la prensa oficialista, que debe dar una explicación. Notable el tropezón acerca de la estabilidad en el cargo de Alejandra Gils Carbó, con quien, además, Grupo Clarín tiene una diferencia casi personal: ella fue quien, cuando era fiscal de Cámara en el fuero comercial, objetó tanto el acuerdo preventivo extrajudicial de Multicanal como otras estrategias del multimedios. ¿Podría prosperar un juicio político contra Gils Cargó? Joaquín Morales Solá, en La Nación, dice que es un imposible, mientras que en Clarín afirman que Macri lo intentará. Curioso este dato porque, de confirmarse, puede llevar al Presidente a un 2do. fracaso en cuestión de días. Para colmo del oficialismo, el papa Francisco le mandó un rosario a Gils Carbó. Todo esto ocurre a horas del intento de relanzamiento de la mesa nacional de Cambiemos, el jueves 27/10, que contará con la presencia de Mauricio Macri y Elisa Carrió

Temprano descarrilamiento del proyecto de ley de reforma del Ministerio Público que impulsó el ministro de Justicia, German Garavano, con el presidente de la Nación, Mauricio Macri.

El problema mayor fue que la situación expuso una fractura dentro de la alianza Cambiemos cuando la diputada nacional Elisa Carrió, expresó públicamente sus disidencias, lo que provocó el retiro del tratamiento parlamentario del proyecto.

El jueves 27/10, Macri y Carrió deberían participar junto al sindicalista de los trabajadores rurales Gerónimo Venegas (con crecientes problemas de salud) de un acto en el salón de eventos Lahusen, del barrio porteño de San Telmo, para el relanzamiento de la alianza Cambiemos, ante el desafío electoral 2017.

El acto de unidad iba a ocurrir el 04/10, y debió suspenderse por la angioplastia a la que se sometió Carrió. Desde entonces, han ocurrido algunas novedades. Por ejemplo, no prospera el renovado intento del PRO de convencer a Carrió que compita en Ciudad de Buenos Aires y no en Provincia de Buenos Aires. Y ahora, Gils Carbó....

Massa, mutis por el foro

Para reducir el impacto negativo de la discusión pública en el oficialismo, voceros de Carrió aclararon que, antes de hacer trascender su rechazo, la líder de la CC-ARI había formulado esos planteos al propio Presidente de la Nación.

Muy desacomodado, el Frente Renovador decidió abandonar la iniciativa: “En este nivel de confusión, es muy difícil trabajar. Nosotros trabajamos sobre la base de que ellos tienen consenso. Si no lo tienen, es problema de ellos”, dijo la jefa del bloque massista, Graciela Camaño, a periodistas parlamentarios.

Chamuscada, ella agregó: “Nosotros tuvimos una actitud de colaborar y nos bancamos el costo político de que nos dijeran que defendíamos a Gils Carbó. Pero somos conscientes de que el Gobierno tiene que gobernar”.

El Frente Renovador le concedía a Macri los votos necesarios, pero en ese momento el Presidente decidió dar marcha atrás con la propuesta. Muy interesante: la Casa Rosada, que le cuestiona a María Eugenia Vidal sus acuerdos con el Frente Renovador, y que le pide a Carrió que discipline a Massa siempre que pueda, había estrechado filas en el caso Gils Carbó, aceptando concederle poder en la definición de la administración de los fiscales.

El Frente Renovador iba a exigirle una serie de cambios a varios artículos, para restarle facultades a la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público, por ejemplo en el traslado de fiscales; y hablaban de dar marcha atrás con la cláusula transitoria que establece que “todos los magistrados a los que se les hayan asignado funciones que impliquen un traslado de la jurisdicción para la que recibieron acuerdo (…) deberán retornar a su cargo dentro del plazo de 48 horas”. Etc. etc.

Inconstitucional

El conflicto con la Constitución es lo más importante: el artículo 120 dice expresamente que el Ministerio Público Fiscal será independiente y tendrá autonomía funcional y autarquía financiera.

La reforma constitucional de 1994 le concedió a al Procurador General una permanencia vitalicia, porque la Constitución no fija la edad de 75 años para su jubilación, como sí lo hace con los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Macri pretendía desconocer el statu-quo de la Procuración porque Gils Carbó es la líder política de Justicia Legítima, un grupo que apostó por la kirchnerización de magistrados y fiscales, convirtiendo a los tribunales en unidades básicas de lo que era en aquel momento el Frente para la Victoria.

Gils Carbó ha rechazado todas las invitaciones a buscar una jubilación que suponga una salida ordenada del cargo.

La Nación no es Clarín

El enfoque de Joaquín Morales Solá, en el diario La Nación:

"(...) En rigor, Carrió también es de la opinión de que debe ponérsele un límite a la gestión del procurador general. Ella propuso que su permanencia en el cargo fuera de 10 años y no de 5, tal como establece el proyecto de Macri acordado con la oposición. El argumento de Carrió, razonable, es que el período de 5 años vincula demasiado ese cargo, supuestamente independiente, con el gobierno en funciones. La sublevación de Carrió no fue la única.

También se rebelaron los fiscales, que interpretaron que la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal seccionaba trozos de independencia de los fiscales. El presidente electo de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, un fiscal independiente y prestigioso, señaló ayer que no se debe politizar la Justicia para combatir la politización de la Justicia.

El conflicto político de fondo es que en las negociaciones con el macrismo Massa había quedado con demasiado poder en la Comisión Bicameral (su presidencia la ejercerá la diputada massista Graciela Camaño), sobre todo por el poder de desempatar entre el macrismo y el peronismo cercano al kirchnerismo. Otra cuestión es que la ley que regula la Procuración General fue modificada hace un año. Entonces se le dieron amplios poderes a Gils Carbó. Ahora se intenta desnudar de poder el cargo de procurador general. "La institución no es un juguete con el que se puede hacer cualquier cosa", dice un fiscal.

Los fiscales pronostican, incluso, un "cogobierno" de macristas y peronistas sobre los fiscales a través del Congreso. Son fiscales, como es el caso de Rívolo, fuertemente críticos de Gils Carbó, pero que sostienen que no se debe destruir la independencia de la fiscalía para reducir el poder de Gils Carbó. Debería explorarse, en todo caso, el mecanismo del juicio político.

El juicio político es la herramienta más directa que tiene el Gobierno, pero también la más difícil, sino imposible, de concretar. El juicio político necesita que los dos tercios de la Cámara de Diputados la acusen y que una mayoría especial idéntica de senadores la juzgue y condene.

En el Congreso hay una mayoría peronista, que en el caso de Diputados está fragmentada; en el Senado no lo está. ¿Cómo llegar entonces a los dos tercios para desplazar a una funcionaria nombrada por la última Presidenta peronista? (...)."


En cambio en Clarín, un periodista cercano a la Casa Rosada, Santiago Fioriti, desliza otro punto de vista acerca de lo del juicio político, esforzándose por minimizar la brecha y negar que Macri haya sufrido un revés:

"(...) Poco a poco, la información empezó a trascender en el universo macrista: por decisión del Presidente, el oficialismo en la Cámara de Diputados retiraría el temario de la sesión de hoy la reforma del Ministerio Público Fiscal que apuntaba a limitar a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. ¿Marcha atrás de Mauricio Macri? No, el primer mandatario sigue insistiendo con que la funcionaria debe dejar su cargo. Pero irá por otro camino: el Ejecutivo acelerará ahora el proceso de juicio político, según confiaron a Clarín dos fuentes que participaron de la discusión.

En forma reservada, las principales espadas macristas en el Congreso comenzaron a dar los primeros pasos. Ocurrió después de una reunión en la Rosada en la que participaron, entre otros, Marcos Peña y el diputado radical Mario Negri, que a su vez por la tarde mantuvo un encuentro con el presidente de la Cámara, Emilio Monzó. "El juicio político despertó del letargo", dicen quienes están al frente de la movida.

El juicio político había sido deslizado como una posibilidad en la campaña electoral de Cambiemos. Pero tomó fuerza semanas atrás de la mano de Elisa Carrió. La diputada, que salió a marcar la cancha el lunes cuando dijo que no acompañaría el proyecto macrista para reformar el Ministerio Público Fiscal, presentó el proyecto junto a Negri y a otros diputados nacionales como Fernando Sanchez, Alicia Terada (CC ARI), Silvia Lospennato (PRO) y Jorge D’agostino (UCR).

Carrió cree que la jefa de los fiscales hay que imputarle "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública". Dice el texto que firma Carrió: “Gils Carbó, ya ejerciendo su cargo de Procuradora General, llevó a cabo una serie de conductas irregulares que ameritan el presente pedido de juicio político".

Macri coincide con la visión de Carrió. Lo han charlado varias veces en privado. Pero hasta ahora disentían en la forma. El espíritu del proyecto que desde hoy impulsará todo Cambiemos sostiene que Gils Carbó "actualmente cuenta con varias denuncias penales en su contra por haber entorpecido investigaciones judiciales que afectaban los intereses del anterior gobierno nacional y, además, por haber designado fiscales ilegalmente, es decir, sin haber cumplido el procedimiento contemplado en la ley Orgánica del Ministerio Público". (...)".

Los fiscales

¿Acaso el macrismo intenta recuperar la unidad y, aunque no consiga el juicio político, forzar un costo político al peronismo? Esto tiene sin cuidado al peronismo porque en política cualquiera conoce la importancia del varapalo que acaba de recibir Cambiemos.

Irina Hauser lo escribió así en Página/12:

"(...) “El acuerdo de Cambiemos con el Frente Renovador para repartir cargos y jurisdicciones se quebró. Espero que acepten escucharnos, no como hasta ahora que quisieron hacer lo mismo que con los nombramientos de los ministros de la Corte por decreto. Deben respetar la convencional constituyente de 1994, que determinó la autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal”, dijo a Página/12 la fiscal de juicio Mónica Cuñarro, una de las primeras en objetar públicamente el dictamen aprobado la semana pasada por un plenario de comisiones. También los fiscales federales Jorge Di Lello, Carlos Rívolo, todos los fiscales federales de juicio y la Asociación de Fiscales fueron caras visibles de una protesta que rápidamente se generalizó.

(...) Con la ironía que lo caracteriza, el abogado Alberto Bovino escribió en su blog No hay derecho, una frase ilustrativa: “El Poder Ejecutivo ha logrado, con su proyecto de reforma a la ley del MPF, la unión nacional. Hasta el momento el proyecto ha logrado una coalición de aliados imposible de imaginar. No los une el amor sino el espanto”. Luego desarrollaba un análisis de las “merecidas críticas” al proyecto de reforma que enumeraba así: “El mandato de cinco años para el procurador general, la facultad del procurador de reasignar causas, la facultad de 16 legisladores de designar fiscales, titulares de procuradurías, unidades especializadas, aprobar o rechazar instrucciones; las funciones de la Bicameral son inconstitucionales; se afecta la autonomía; la injerencia del Poder Ejecutivo en los concursos”.

“El contundente y variado rechazo al proyecto de reforma del MPF refleja una fuerte coincidencia sobre la necesidad de defender la independencia y la autonomía de un organismo que salió de las sombras para desempeñar un papel protagónico en la defensa de los derechos humanos”, sumó otro ángulo Andrea Pochak, como directora de Derechos Humanos de la Procuración.

Difundieron sus comunicados también: Justicia Legítima, que cuestionó la intención de “un MPF conducido promiscuamente con el poder político de turno”; la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos señaló que “la autonomía de los ministerios públicos es una garantía para la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia de los tribunales y la credibilidad del sistema de justicia”; la Comisión Provincial por la Memoria sumó su preocupación y reclamó una “reflexión profunda sobre las normas necesarias para democratizar la justicia”; mientras que la Asociación de Abogados de Buenos Aires dijo, avanzadas ayer las noticias, que se “congratula ante la suspensión del tratamiento parlamentario”."

El rosario

Pero para complicar más la iniciativa del macrismo, Alejandra Gils Carbó recibió la visita del legislador porteño Gustavo Vera, quien se reunió con ella para transmitirle su preocupación por la iniciativa oficial para modificar la Ley del Ministerio Público Fiscal, y le entregó un rosario bendecido por el papa Francisco, según difundió la agencia Noticias Argentinas.

Para Vera, el Gobierno se propuso contra Gils Carbó “un claro intento de avasallar la autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal”, y en apoyo a la procuradora dijo que el Poder Ejecutivo busca desplazarla “sin siquiera iniciar un proceso judicial”, violando “ la división de poderes que marca la Constitución, y por ende es un avasallamiento de las instituciones democráticas”.

En ese marco, cuestionó también que “de un plumazo” se terminen las procuradurías especiales, como la de especialidad en Trata y Búsqueda de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo, y la que se ocupa del narcotráfico (Procunar), a cargo de Diego Iglesias.

“Es un retroceso en la lucha contra el crimen organizado que la política criminal deje de estar diseñada por el titular de la Procuración y pase al Consejo de Seguridad, porque significa que lo controla el Poder Ejecutivo, algo que la ley no establece”, señaló el diputado porteño.

Dejá tu comentario