"MEJOR REGULAR EL PRECIO DEL GAS HACIA ARRIBA"

Curiosa coincidencia de Aranguren, Carrió, Bossio, Total & Techint

Hay 2 jugadores claves en el futuro mercado del gas. Uno es la francesa Total, que está entre las 4 principales productoras del fluido en el país. Sus ejecutivos regionales revelaron en Bolivia (al inaugurar el yacimiento Incahuasi, cerca de Santa Cruz de la Sierra) que, al igual que otras colegas, estaban en negociaciones con el gobierno argentino para poner en funcionamiento más proyectos, “pero que esto dependerá del precio del gas”. Y que por más que sean desarrollados los recursos de Vaca Muerta se requerirán importaciones adicionales y Bolivia es una fuente estable de suministro. El otro es Techint, por integrar la construcción de gasoductos, como el postergado del Nordeste, con las obras que requiere la explotación del gas limítrofe convencional y las de shale gas que se activarán en cuanto haya convergencia de precios y tarifas. Los tres poderes del Estado están de acuerdo en que el precio del gas deberá ser regulado.

Si la diputada nacional Cambiemos-Ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió, tuvo la intención de afectar a las empresas petroleras con el proyecto de ley que presentó -acompañada por Diego Bossio, Mario Negri y Daniel Lipovetzky-  para que sea el Congreso el organismo de regulación de los precios del gas, posiblemente le haya “errado al viscachazo”, tal como se dice en el lunfardo tanguero.

La supuesta animadversión se infiere al ser vinculada la iniciativa parlamentaria con la denuncia formulada por Carrió contra 4 funcionarios nombrados por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, para secundarlo en el área, siendo que provienen de cargos ejecutivos en compañías del sector a las que se debe controlar directamente. Ya se ha escrito, en ese hecho puntual, acerca de la curiosa coincidencia del enojo de Carrió con los intereses de la empresa Amarilla Gas para las condiciones de continuidad del plan de garrafas sociales. Pero esto es distinto.

En la intimidad de las empresas más influyentes de la actividad petrolera están convencidos de que el Ejecutivo Nacional no tiene intenciones verdaderas de liberar los mercados y que se allana, en todo caso, a la letra del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre las tarifas de gas cuando ratifica que los mercados mayoristas son libres, pero que si estuvieran intervenidos o regulados por el Estado (como sucede actualmente) tendrían que someterse a las reglas de la regulación

La realidad muestra que si el mercado del gas fuera hoy libre y las grandes empresas consumidoras tuviesen la libertad de importar el fluido que necesitan, el valor de referencia del mercado bajaría.
En consecuencia, entrarían en competencia los precios locales del:

> gas convencional (que se encuentran en una pronunciada curva de declinación) cuyo volumen de producción excede la demanda de los mercados cautivos,

> el gas no convencional,

> el gas de Bolivia, y

> las importaciones de gas natural licuado.

Gracias a que se mantiene la fuerte intervención, ese valor de referencia se eleva a US$ 7,50/MMBtu.

La magnitud de la demanda interna de gas en Argentina está entre 25 y 30 millones de metros cúbicos diarios, que se cubre en un 70% con la producción local, cuyos dos tercios son abastecidos por  las 4 empresas que concentran el 75% de la producción nacional: la francesa Total (27,3%); el brazo petrolero del gigante petroquímico alemán BASF, Wintershall (27,3%); la mayor productora de hidrocarburos de la industria local, YPF (27,3%); y Pan American Energy (PAE), que es propiedad de BP y Bridas (la china Cnooc + la familia Bulgheroni, 18,1%), mientras para el 30% restante se apela a importaciones de gas boliviano y GNL regasificado, casi en proporciones idénticas.

En el invierno 2016 se sumó como proveedor desde Chile, British Gas, subsidiaria de Shell, que facturó más alto que el resto. Las suspicacias hubieran sido menores si la operación se hubiera hecho sin que el ex Ceo de Shell, J.J. Aranguren, responsable del área estatal, estuviera de por medio y si rigieran las leyes Nº24.065 y 24.076, por las cuales los mercados mayoristas de gas y electricidad eran libres y los precios se formaban por la oferta y la demanda. Ese mecanismo era una garantía para los inversores, tal como ahora lo es en Chile y en Perú.

El kirchnerismo, primero, y ahora el macrismo cambiaron el paradigma hacia mercados energéticos fuertemente intervenidos por el Estado y sin inversiones privadas, que sólo se reservan para los contratistas del Estado.

El mecanismo de la intervención es el denominado costo plus: las empresas detallan sus costos (reales o no) y se le aplica un margen de rentabilidad para definir el precio. Este viejo criterio tarifario fue abandonado en el mundo porque no estimula la eficiencia económica, ya que las ineficiencias se suman como costo y las paga el usuario.

En cambio, en línea con las mejores prácticas internacionales, en los demonizados ños '90, se aplicó el criterio “price cap”, o precios máximos: el gobierno fija un valor máximo de referencia y nadie puede vender por encima: la eficiencia se impone sola.

El Congreso como regulador

Volviendo al proyecto que presentó la diputada nacional Carrió para que el Congreso determine la tarifa del gas cuando el mercado no pueda hacerlo, se trata de una modificación a la Ley Nº24.076, que establece el marco regulatorio de la actividad, sancionada hace 24 años.

Carrió plantea, en el fondo, lo mismo que hace Aranguren. Fue girado a 3 comisiones, Energía, Peticiones y Presupuesto. Cuenta con las firmas de Negri (UCR) y Lipovetzky (Pro),y del justicialista Bossio.

Al mismo tiempo, los analistas del sector subrayan que la politización del ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) ha sido una garantía de pérdida de profesionalismo y de mayor incumbencia de la política en decisiones técnico-económicas, lo que marcha en una dirección contraria a la que va el mundo: más profesionalidad y mercados más desregulados (al menos hasta ahora, Estados Unidos, Europa, Australia).

La definición del precio del gas había sido el eje del conflicto por las tarifas de mediados de año, pero el ministro de Energía, Aranguren, pisó en falso en Diputados cuando admitió no controlar el precio de la producción de gas. “Hay tantos como cuencas posibles”, le respondió a José Luis Gioja.

La conclusión que extraen los expertos es que la energía es así más cara que la que se obtendría si hubiera competencia (a principio de los '90 el precio de la generación eléctrica era de US$ 40/MWh, y al final apenas superaba los US$ 20/MWh gracias a las inversiones que introdujeron mucha competencia). La decisión ahora fue proteger a los generadores, dependientes de los funcionarios de turno, a contramano de lo que se imponía hacer.

En el tema eléctrico, también están planteando intervenirlo con un criterio costo plus.

El negocio de la regulación que beneficia a una oferta local concentrada no termina sino que empieza ahí, porque el 30% que se completa con importaciones cotiza con ese costo plus como referencia en lugar de presionar hacia abajo, en el contexto de un mercado internacional que viene resignando precio.

La Argentina tiene el consumo de gas per cápita más alto de América del Sur, seguida por Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay, según surge de cifras de estudios oficiales y privados.

"El consumo de gas natural por habitante en la Argentina es el más elevado de la región y asciende a 1.006 m3, casi 3 veces el registrado en Chile y 8 veces el observado en Brasil", establece un informe de un banco de primera línea del mercado argentino.

El negocio importador

Si se miran los movimientos que las petroleras que controlan el abastecimiento local estuvieron haciendo en el norte del país y en los limítrofes, queda a la vista la razón por la que la libertad de los mercados es lo que menos les interesa. 

Por un lado, los precios regulados son más generosos que los que surgen de los avatares internacionales y, por otro, es preferible que las inversiones sean por infraestructura y, por lo tanto, el Estado ponga la cara en el financiamiento.

Una de las claves de la importación de gas que viene desde Bolivia y Chile son las cañerías y hacia ese eje se ha desplazado la estrategia oficial en consonancia con los intereses de las petroleras. El Gasoducto del Nordeste es la obra pública más grande del país. A través de 1.500 kilómetros de caños deberían unir el gasoducto Juana Azurduy, que viene de Bolivia, con la Provincia de Santa Fe.

El 1er. tramo había quedado a cargo de Servicios Vertúa, el 2do. de la UTE Techint-Panedile, y el 3ro. la UTE Contreras Hermanos-Helport-CPC-Rovella Carranza. Los 3 tramos suman 798 kilómetros de cañerías que serán provistos por la firma SIAT SA, de Techint.

El entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, había firmado con Vertúa en 2013 la construcción del 1er. tramo de 230 kilómetros, que va desde el gasoducto internacional Juana Azurduy hasta el límite entre Salta y Formosa, por $1.280 millones y, si bien hasta el momento cobró $733 millones, la obra está abandonada. Lo mostró el programa Periodismo para Todos, de Jorge Lanata, por Canal 13, del Grupo Clarín.

La alternativa que se baraja es que los adjudicatarios del 2do. tramo, que atraviesa la provincia de Formosa, partiendo del límite provincial con Salta, por 303 kilómetros, se hagan cargo de completar el 1ro. y así arrancar de una vez.

El Gasoducto del Nordeste tiene una larga historia. El primer convenio para su construcción se firmó el 24/11/2003. Fue una iniciativa de Techint, que luego adoptó el Estado argentino. De hecho, el acuerdo lo rubricaron inicialmente el Ministerio de Planificación, 7 provincias y la propia Techint.

En ese momento, Paolo Rocca, titular del holding, aseguró que la obra se completaría en 28 meses, pero nunca comenzó.

La última postergación se produjo en 2012. En febrero de ese año, la empresa estatal Enarsa aprobó el llamado a licitación para la contratación de la ingeniería, provisión de materiales y construcción.

El 26/06/2012 se realizó la apertura de sobres y 1 de las 4 ofertas era de Techint. Entonces, la petrolera estatal le solicitó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que se expidiera sobre un supuesto caso de abuso de posición dominante proveniente de la vinculación entre Techint y el proveedor nacional de las cañerías, otra firma del grupo. A raíz de ello, la CNDC emitió un dictamen recomendando realizar un nuevo llamado para la construcción del gasoducto, separando la compra de caños de la obra civil, para evitar así prácticas anticompetitivas. Enarsa tomó en cuenta el dictamen y el 12/12/2012 anuló el concurso y realizó una nueva convocatoria.

En el nuevo escenario regulado que se abrió a partir de la intervención judicial y los llamados a audiencias, ahora reforzado por el proyecto de ley presentado por Elisa Carrió, aparece un protagonista excluyente, el Grupo Techint, que cuenta con una larga historia de intervención en el potencial americano para el desarrollo energético y la integración.

A través de Tecpetrol, el Grupo Techint participa activamente en la exploración y producción de campos de petróleo y gas en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Asimismo, participa en la operación de empresas transportadoras de gas, entre ellas Transportadora de Gas del Norte (TGN), Transportadora de Gas del Mercosur (TGM) y Litoral Gas en Argentina. Cuenta con sinergias con Techint Ingeniería y Construcción, importante constructora de gasoductos, oleoductos y plantas industriales en todo el mundo. Junto con Tenaris y Ternium como socios Tecpetrol está construyendo la Central Eléctrica Pesquería, una central termoeléctrica de ciclo combinado alimentada a gas natural en el noreste de México.

En 2007 se le otorgó permiso de exploración en el área de Hickmann, al noroeste de Salta. En octubre, obtuvo permiso para el área de Río Colorado, en la misma provincia. En 2008 Tecpetrol firma un Acuerdo de Estudio con YPFB para la exploración del Bloque San Telmo en Bolivia. En 2009 Tecpetrol gana la licitación para la exploración y el desarrollo de Orán, Salta, Argentina. Renegocia y extiende las concesiones para Los Bastos y Fortín de Piedra, en Neuquén. En Perú, expande el sistema de transporte de gas natural de Camisea a 450 MMcfd, el volumen estimado para 2016.

Integración con Bolivia por las petroleras

El gigante petrolero francés Total, uno de los principales productores de gas en territorio argentino, tomó posición en el yacimiento de Incahuasi, a 250 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, con una inversión de US$ 1.200 millones. Cerca de un 90% del gas procedente de Incahuasi es destinado a exportaciones a la Argentina y a Brasil vía un gasoducto de 100 kilómetros.

El proyecto es operado por Total, que tiene un 50% de participación, junto a socios como Gazprom con un 20%, Tecpetrol con otro 20% e YPFB Chaco con un 10%.

El descubrimiento del yacimiento, para el que se tuvo que perforar a 6.000 metros, se hizo en 2004 y se lanzó en 2013.

Si siguen vigentes las condiciones e incentivos adecuados para el mercado prometieron que lanzarán una segunda fase de inversión en el 2017. El presidente boliviano Evo Morales les tomó la palabra y ratificó que Total había comprometido cerca de US$ 800 millones para la fase 2.

La exportación de gas natural al mercado argentino es el "único proyecto que puede destrabar las inversiones" en el sector, por lo tanto es necesario "crear condiciones de mayor certidumbre" para lograr que la cadena productor-comprador se cierre, señala la titular de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), Magela Bernardes.

Desde hace 3 años hay un contrato de compraventa de 27,7 millones de metros cúbicos por día (MCD) entre YPFB y la empresa Energía Argentina SA (Enarsa), pero no había logrado arrancar por problemas en ambos lados de la frontera.

Hoy por hoy se utilizan los mismos gasoductos por los que a partir de la década de los '90, Argentina comenzó a exportar gas a Chile, que llegó a recibir casi 22 millones de metros cúbicos por día antes de afrontar la paulatina disminución del suministro hasta que la llave se cerró definitivamente en 2006.

Por su parte, el gas natural licuado llega de Chile tras la regasificación en la planta de Mejillones y en la de bahía de los Quinteros, y para recibir el procedente de Bolivia se estuvieron haciendo estudios de factibilidad a partir de localizaciones encargadas al Instituto Tecnológico de Buenos Aires, de estrecha vinculación con Techint, grupo que completó la construcción de la terminal regasificadora de Gas Natural Licuado (GNL) de Dunkerque, al norte de Francia, el proyecto más grande de su tipo en Europa.

Actualmente, el país posee 2 plantas regasificadoras y en los planes se encuentra contar con 3 más, una de ellas junto con Uruguay.

De ese modo, encabeza la expansión del segmento a escala regional, por encima de Chile, que ya dispone de 3 centrales de esa clase, y de Brasil, que tiene 2 en marcha y 1 en construcción. Revista Petroquímica.

El mercado local comenzó a consumir importantes volúmenes de ese tipo de energía en 2008, con la apertura de la central de Ingeniero White, en Bahía Blanca, que en 2008 y 2009 aportó 4 y 6 millones de metros cúbicos diarios (m3/día) respectivamente, cifra que el año pasado osciló en torno a los 5 millones.

También se adquirió GNL directamente de los barcos regasificadores que lo traían del Golfo Pérsico y de Venezuela, pero la capacidad de procesamiento fue desbordada por las necesidades de abastecimiento, lo cual se utilizó como argumento para la polémica compra directa a Chile de este año.

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