CRISIS EN VENEZUELA

Pese al Parlamento, el chavismo seguirá controlando el Ejecutivo

La Asamblea Nacional declaró la falta absoluta del presidente Nicolás Maduro por abandono del cargo, una medida que implica la remoción de Maduro y la convocatoria a elecciones presidenciales en un plazo de 30 días. Sin embargo, no tendrá ningún efecto, porque el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el Parlamento está en "desacato" y por tanto sus actos son nulos. La Cámara votó además en la fecha límite que permitiría impulsar un cambio de Gobierno en el país. Según la Constitución venezolana, si Maduro deja el poder después de comenzar su cuarto año de mandato –cosa que ocurrirá este martes 10 de enero- el Vicepresidente completará los dos años del período que restan hasta 2019. Es decir, el chavismo seguiría controlando el Ejecutivo.

 
Para el Parlamento de Venezuela, controlado por la oposición desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015, el presidente Nicolás Maduro "abandonó su cargo" y tiene al menos 7 razones para justificar esa declaración. La medida se adoptó ayer, un día antes del plazo que establece la ley para denunciar una eventual falta del mandatario. Con ello, la oposición espera que se pueda convocar nuevas elecciones para reemplazarlo.
 
Las razones del Parlamento de Venezuela son varias y van desde la falta de comida y el desborde de la criminalidad hasta la suspensión del referéndum revocatorio.
 
La agencia de noticias 'AFP' lo resumió así:
 
1. Frenazo al voto
 
El proceso hacia el revocatorio —que buscaba la salida de Maduro del poder— fue suspendido por el poder electoral el 20 de octubre tras sentencias judiciales por supuestas irregularidades en una recolección de firmas para autorizar la promoción de la consulta.
 
En el hemiciclo, los diputados opositores calificaron la paralización del referéndum como "un golpe de Estado", una "ruptura del orden constitucional y democrático" que instauró una "dictadura". El Parlamento rechazó igualmente la postergación al 2017 de las elecciones regionales, que debían haberse realizado en el 2016. "El presidente debe garantizar los derechos de los venezolanos y si eso no ocurre, como considera el Parlamento, es válido interpretar que dejó de cumplir sus funciones y abandonó el cargo", dijo a la mencionada agencia el abogado constitucionalista  José Vicente Haro.
 
2. Poderes parcializados
 
La oposición en el Parlamento acusa al resto de los poderes públicos de servir al chavismo. Considera que Maduro impulsa la "ocupación partidista" de las instituciones.
 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la mayoría de las decisiones de la cámara, a la que declaró en desacato por juramentar a tres diputados cuya elección fue suspendida por denuncias de fraude. Este lunes, esos asambleístas fueron excluidos.
 
Maduro incluso acudió al TSJ para aprobar el presupuesto, atribución constitucional del Congreso.
 
Recordando que la justicia considera nulas las decisiones de la Asamblea Nacional, el abogado Pedro Alfonso Del Pino duda de la viabilidad de la declaratoria de abandono del cargo. "Solo puede ocurrir si el presidente deja de ejercer el poder y no tiene que ver con que lo hizo bien o mal", explicó.
 
3. Crisis económica
 
La declaración del legislativo culpa a Maduro de resquebrajar "las bases sociales y económicas" del país, al considerarlo incapaz de solucionar una crisis "sin precedentes". Los venezolanos sufren una inflación que el FMI calcula en 475% para el 2016 y proyecta en 1.660% para el 2017, a lo que se suma una aguda escasez de alimentos básicos y medicinas. Ello hace que la oposición asegure que existe "una crisis humanitaria".
 
4. Criminalidad
 
La oposición también responsabiliza a Maduro por la elevada criminalidad. Según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, unas 28.000 muertes violentas se registraron en Venezuela en el 2016, con una tasa de 91,8 por cada 100.000 habitantes. El promedio mundial es de 8,9 por cada 100.000.
 
5. Violación de DD.HH.
 
"Se ha incrementado la persecución política", señala el acuerdo parlamentario. Más de un centenar de presos políticos existen en Venezuela según la ONG Foro Penal (55 encarcelados en el 2016), pero el gobierno los acusa de delitos como conspiración y terrorismo. Además, las denuncias de violaciones a derechos humanos en operativos especiales contra la delincuencia lanzados en el 2015 se han multiplicado. En noviembre se encontraron los cadáveres de 13 campesinos que habían sido detenidos en esas incursiones.
 
6. Estado de excepción
 
Desde enero del 2016, Maduro gobierna por decreto bajo la figura de "emergencia económica", que le da atribuciones extras para controlar áreas básicas como la producción y distribución de alimentos. El TSJ ha aprobado sucesivas prórrogas del estado de excepción, pese a que el Parlamento las ha rechazado.
 
7. El Esequibo
 
La oposición rechazó la política exterior de Maduro en relación al Esequibo, territorio de 150.000 km2 rico en minerales y petróleo que Venezuela reclama a Guyana. Acusa al presidente de ser "negligente" y con ello "atentar" contra la integridad de Venezuela.
 
"Se exige una salida electoral a la crisis para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto", dijo Julio Borges, en su primera acción como presidente del Congreso, al leer el acuerdo adoptado por el Congreso.
 
Los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se apuraron a declarar el "abandono del cargo" del presidente Maduro, una medida que, teóricamente, llevaría a la destitución del jefe de Estado y a la convocatoria de elecciones en menos de 30 días. Sin embargo, ello no sucederá. 
 
Ocurre que el período presidencial en Venezuela es de seis años. Cualquier convocatoria a elecciones presidenciales adelantadas debía ocurrir dentro de los primeros cuatro años de gestión del mandatario a cargo, un periodo que venció ayer. Si el referéndum revocatorio -que las autoridades electorales y judiciales mantienen bloqueado- se llegara a realizar y Maduro pierde, el recién nombrado vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, asumiría el poder y gobernaría hasta el 2019, cuando terminan los seis años del periodo actual. Solo entonces la oposición podría medirse en elecciones con el chavismo.
 
El "abandono del cargo" de Maduro era una de las opciones que la MUD manejaba en octubre pasado, pero la congelo luego de aceptar sumarse a la mesa de negociación propuesta por el gobierno. El artículo 233 de la Constitución faculta a la Asamblea Nacional a declarar el "abandono" del primer mandatario, y así lo hicieron justo antes de que terminaran los primeros cuatro años, aunque minutos antes de que comenzara la sesión del Parlamento, el máximo tribunal publicó una nota de prensa en la que aseguraba que "la Asamblea Nacional no tiene facultad para destituir al Presidente de la República". Se espera que dicte pronto alguna sentencia en ese sentido.
 
Según publica el diario 'La Nación', la declaratoria del abandono del cargo ha causado rechazo incluso en algunas organizaciones opositoras, como Provea, una reconocida ONG venezolana de derechos humanos. "Se trata de una interpretación forzada de la Constitución que agravará el debilitamiento de la institucionalidad democrática", dijo en un comunicado. También un pequeño grupo de diputados manifestaron sus reservas.
 
La Justicia ya había bloqueado en octubre pasado la recolección de firmas necesarias para la convocatoria del referéndum revocatorio. El Consejo Nacional Electoral, en consecuencia, paralizó todo el proceso.
 
¿Qué opciones quedan? En la campaña de las elecciones parlamentarias de 2015, que la oposición ganó con una amplia mayoría, la MUD publicó un documento donde explicó tres propuestas para sacar al chavismo del poder: el referéndum revocatorio, una enmienda o reforma constitucional y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
 
La reforma o la enmienda de la Constitución fue propuesta por la oposición a mediados del año pasado, para recortar el periodo presidencial de seis a cuatro años. La intención era que Maduro dejara el poder este mes. El Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional el carácter retroactivo con el que proponían aplicar la modificación.
 
La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente implicaría la redacción de una nueva Carta Magna y, por lo tanto, la convocatoria a elecciones de todos los cargos públicos de elección popular en el país. La iniciativa es defendida por Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, desde 2014.
 
El problema para la MUD está en que esta vía, al igual que el revocatorio y la enmienda, necesitan del visto bueno del Consejo Nacional Electoral (CNE), y son susceptibles de ser vetadas por la Justicia.
 
Héctor Rodríguez, portavoz y líder de la bancada oficialista, minoritaria en la Asamblea, consideró la declaratoria del abandono del cargo como "un intento fallido de golpe de Estado". "Es una interpretación ridícula. Una barbaridad desde el punto de vista jurídico y político", afirmó Rodríguez al final de la sesión.
 
La interpretación del artículo 233 por parte de la Asamblea también ha sido discutida por los expertos constitucionalistas en las últimas semanas. ¿Por qué la Asamblea Nacional de Venezuela no puede hacer al presidente Nicolás Maduro un "impeachment" como el de Dilma Rousseff en Brasil?
 
"Yo creo que el abandono del cargo no procede", dijo a 'BBC Mundo' del Pino. "El abandono del cargo es cuando el presidente ha dejado de ejercer la función. Que un presidente ejerza mal el poder o lo ejerza inconstitucionalmente no es abandono del cargo. (Maduro) No ha dejado de ejercer su cargo", aseguró Del Pino.
 
Henry Ramos Allup, diputado y líder opositor, cree que la decisión no es un gesto inútil.
 
El proceso del referendo revocatorio fue suspendido por los tribunales en octubre del año pasado. Los comicios regionales, que deberían haberse celebrado a final de 2016, fueron pospuestos hasta el final del primer semestre de 2017, y las presidenciales están previstas dentro de dos años.
 
La oposición considera que el derecho al voto en Venezuela ha sido secuestrado.
 
En este clima de enorme división está prevista para el día 13 una reunión de la mesa de diálogo entre las partes con el Vaticano como principal acompañante.
 
El incumplimiento de acuerdos y las acusaciones mutuas podrían provocar pronto el fin de un diálogo que de momento ha sido improductivo.

 

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