CASINO FLOTANTE

Larreta mira de reojo un decreto de Macri que complicaría el traspaso del juego

Por medio de un decreto, el Gobierno aumentó a 30% el canon que paga el grupo a cargo la concesión del casino de Puerto Madero. Se trata de Cirsa, empresa española que desde 1999 opera las salas flotantes de esa zona porteña y cuya concesión vence en 2019, al igual que la de Ricardo Benedicto, socio de Casino Club. El monto a pagar por los beneficios del juego hasta 2016 fue de $ 560 millones, pero con esta medida pasaría a casi $ 1.000 millones. El cambio se da en el marco del traspaso de los juegos de azar a la Ciudad, donde Horacio Rodríguez Larreta busca crear agencias de lotería porteñas. Pero Cirsa adelantó que iniciará acciones legales.

Antes que nada, una cuestión que se dice ya en todos los estudios jurídicos y tribunales del país: es muy floja la Administración Macri en temas de Derecho. El Presidente de la Nación tiene un intríngulis personal con los abogados en general, y no se ha rodeado hasta la fecha de personas que impongan respeto por su idoneidad profesional. Y las críticas incluyen al imaginativo Fabián Rodríguez Simón, quien sin embargo no parece hacer coincidir el querer voluntarista con el hacer fundamentado en la jurisprudencia vigente.

Dicho esto, el decreto publicado en el Boletín Oficial, modifica lo establecido en otro decreto, el 600/99, que rige el acuerdo de concesión con la empresa española Cirsa. Si bien esto es algo que se estimaba al momento de anunciar el traspaso del juego, es decir, que el Gobierno renovaría la concesión a Ricardo Benedicto, socio de Casino Club, que es socia de Cirsa, hasta 2019, a cambio de aumentar el canon y que acuerde con la Ciudad la situación de ingresos brutos, a través de una moratoria; el nuevo texto del presidente Mauricio Macri mantiene en alerta a la administración de Horacio Rodríguez Larreta por las medidas judiciales que puedan tomar los concesionarios.

Según el nuevo decreto, "un análisis pormenorizado de la realidad de los juegos de azar en la Argentina demuestra que la distribución del beneficio líquido plasmada en el Decreto 600/99, no se corresponde con la situación imperante en otras jurisdicciones o explotaciones".

Para justificar el cambio, el decreto pone como ejemplo lo que perciben otras jurisdicciones tal como la provincia de Buenos Aires, donde el beneficio para el Estado por lo que recaudan las tragamonedas llega al 34%. También se menciona al Hipódromo de Palermo, donde el Estado Nacional percibe un 30% de canon.

Sin embargo, la decisión oficial será objetada por Cirsa, por entender que rompe un contrato firmado hace 18 años y que aún tiene 3 años más de vigencia. La empresa Casino Buenos Aires, a cargo la explotación de los juegos de azar en los buques de Puerto Madero, está compuesta por el mencionado grupo español, con 50% del capital; Hipódromo Argentino de Palermo (Hapsa), 25%; e Inverclub, otro 25%.

Fuentes allegadas a la empresa advirtieron que el decreto "determina un aumento significativo, decidido unilateralmente por el Gobierno del canon que los concesionarios pagan mensualmente a Loteria Nacional hace 19 años", y agregaron que un grupo de abogados locales e internacionales "analiza el decreto y el correspondiente curso de acción, considerando el grave ataque a la seguridad jurídica, en virtud de que el mencionado decreto quiebra la ecuación económica del contrato".

Las fuentes explicaron que Cirsa estudia el impacto que el "desproporcionado" aumento genera en la operación del negocio. Consideraron además que los últimos cambios tributarios y este decreto "producen definitivamente el quiebre de la ecuación económica de la concesión". Por ese motivo, la empresa evalúa los cursos de acción legal tanto en jurisdicción local como internacional, previéndose inclusive presentaciones ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, Ciadi.

En rigor, la aplicación del decreto podría llevar a Cirsa a denunciar la situación en ámbitos internacionales teniendo en cuenta la nacionalidad española del grupo operador, según informó el diario El Cronista Comercial.

El decreto llega, además, después de la ley sancionada por el Congreso para aplicar un nuevo impuesto a la industria de juegos de azar, y en el marco del traspaso del juego a la Ciudad, y que también tiene horizontes complicados: o recursos de amparo o despidos masivos.

Por dicha transferencia, el Hipódromo de Palermo y los 2 casinos flotantes de la Costanera Sur deberán acordar su millonaria deuda tributaria y abonar cánones más altos. Pero mantendrán todos sus "derechos adquiridos". Es decir, seguirán vigentes las concesiones que les renovó Néstor Kirchner. En el caso del hipódromo llegan hasta 2032. Sin embargo, en el de los casinos, que habilitó Carlos Menem en los '90, llega hasta 2019.

Quien diseñó este nuevo escenario fue "Pepin" Rodríguez Simón, parlamentario del Mercosur y asesor de Macri en temas legales, exagerada (y abruptamente) interesado en temas de juegos de azar. En lo formal, asumió como asesor ad-honorem de Lotería Nacional y del Instituto del Juego Porteño.

La concesión del hipódromo es de Federico De Achával, quien hizo una subconcesión parcial a Casino Club, que explota las máquinas tragamonedas del predio hípico. En los casinos flotantes de Puerto Madero, Casino Club es socio de Cirsa, igual que en el casino de Rosario.

La primera ofensiva de "Pepín" fue por la millonaria deuda de ingresos brutos con la Ciudad. Si bien Rodríguez Simón llegó a decir que la deuda por ingresos brutos rozaba los $ 8.000 millones (un exabrupto que se animó a sostener el diario Clarín, donde Rodríguez Simón fue asesor), al final, los operadores entraron en moratoria por $ 2.100 millones. Parece que la calculadora de 'Pepín' tenía algún inconveniente. Casi parece la ofensiva de Swiss Medical contra OSDE.

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