UN TRASPIÉ DE MARCOS PEÑA

Al final, La Nación y Clarín coinciden sobre la mujer del César

Los columnistas políticos más tradicionales evitaron el domingo 12/02 abordar el escándalo del Correo que involucra a la familia Macri. Diferente fue el caso de Mariano Spezzapria, en el diario platense El Día. Pero en La Nación y Clarín no estuvo el tema, a diferencia de Página/12 que sí ocupó la portada, probablemente porque aún la Casa Rosada confiaba en borrar el tema de la agenda de opinión pública. Finalmente, el miércoles 15/02 aceptan que el tema es político, no una cuestión judicial propia del fuero comercial. Esto quiere decir que la Casa Rosada acepta reenfocar el tema, y es una derrota muy torpe porque, en el caso de los medios, es ante la obviedad: el tema era delicado y era político desde un comienzo.

 

Según cuenta Plutarco en sus "Vidas paralelas", un patricio romano llamado Publio Clodio Pulcro, dueño de una gran fortuna y dotado con el don de la elocuencia, estaba enamorado de Pompeya, la mujer de Julio César. Durante la fiesta de la Buena Diosa -celebración a la que sólo podían asistir las mujeres- él ingresó a la casa de César disfrazado de ejecutante de lira, pero fue descubierto, apresado, juzgado y condenado. Pero César reprobó a Pompeya, a pesar de estar seguro de que ella no había cometido ningún hecho indecoroso y que no le había sido infiel. César dijo que no le agradaba que su mujer fuera sospechosa de infidelidad, porque no basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo.
Historia Clásica


Marcos Peña intentó resolver el intríngulis pero no pudo. Unos dirán que Peña ha sufrido una devaluación más acelerada que Mauricio Macri durante el año en el poder. Otros reconocerán que el tema era imposible de obviar. Ni un necio podría pretender que no formara parte de la agenda de opinión pública.

Urgente24 ya lo explicó el martes 14/02: el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por supuestos delitos que se habrían cometido en el marco el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado durante el concurso preventivo de la firma propiedad de la familia del jefe del Poder Ejecutivo.

Zoni consideró: “Se deberá verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores –funcionarios públicos o particulares– que intervinieron –de forma directa o indirecta– a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada”.

E indicó que Juan Manuel Mocoroa –el funcionario que suscribió el acuerdo– “desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario –de forma directa o indirecta– de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél”.

El fiscal pidió que se declare secreto de sumario y solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba que mantuvo en reserva. Será el magistrado el que defina ahora el ritmo que tendrá la causa por el Correo Argentino que, lejos de los deseos presidenciales de que desaparezca del mapa, crece día a día como el pasado que vuelve para perseguirlo.

Marcos Peña, en conferencia de prensa desde la Quinta de Olivos, anunció que el gobierno le pediría una audiencia “urgente” a la Cámara Comercial para que resuelva el conflicto y que le solicitaría un “veredicto técnico” a la Auditoría General de la Nación (AGN).

Le respondió el titular de la AGN, el peronista Oscar Lamberto, asegurando: “No somos el organismo adecuado, el Gobierno tiene a la Sigen (Sindicatura General de la Nación) para este tipo de cuestiones; suena raro que se acuerden de la Auditoría después de que se armó el escándalo”.

El conflicto es político y es público. ¿Cómo seguir ignorándolo?

Ricardo Kirschbaum en el diario Clarín:

"La demanda de transparencia es hoy un compartido reclamo general y un compromiso de cambio asumido y propagandizado por Cambiemos que no es nada ajeno sino de la médula de su triunfo en las elecciones presidenciales.

Hay un enrevesado aspecto jurídico en el acuerdo por el Correo que las leyes permiten o avalan, que muchas veces van contra el sentido común de la gente y que alimentan, aumentándolo, el estado de sospecha que siempre está agazapado en la sociedad argentina. Muchísimas veces con razón.

El Gobierno no puede ignorarlo. Tampoco, que el mal manejo es un combustible extra especialmente cuando se habla tanto de gestión.

Se añade un colmo: la afirmación de que el presidente Macri no estuvo para nada enterado del arreglo que su gobierno al final hizo con su familia. El no está entre los dueños de la empresa en convocatoria, con deudas con el Estado y con el Estado con deudas con ella, pero están sus hermano e hijos. Se trata de una apelación demasiado exigente a la ingenuidad de la sociedad y por lo tanto una ingenuidad política que en el imaginario popular sólo se explica con un legítimo qué hay detrás de todo esto. Aunque no haya nada.

Porque en la controversia está presente el Estado y la familia presidencial, lo que significa que se requiere el más alto grado de claridad cuando Macri está en los dos lados del mostrador. Pero de ahí en más no sólo para casos particulares sino para todos con una indispensable actualización de las leyes y su aplicación. (...)".


Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, ensayando la última defensa de Mauricio Macri... termina aceptando la realidad:

"(...) La primera conclusión es que el dictamen de la fiscal Boquin no es vinculante ni tiene efectos prácticos. La instancia que deberá tomar una decisión de fondo, sobre si homologa o no el acuerdo del Estado con el Correo, es la Cámara en lo Comercial. Por eso es un proyecto de acuerdo y no un acuerdo terminado. No estamos, por lo tanto, ante un hecho consumado del Presidente supuestamente beneficiando a los intereses de su familia. Es la Justicia la que deberá decidir si ese acuerdo es correcto o es "abusivo", como lo calificó la fiscal.

Es ostensible, por otro lado, que el Presidente viene de una familia empresaria y que tiene muchos amigos y familiares que son propietarios de empresas. Sería injusto reclamarle que segregara a sus familiares y amigos de soluciones que el Estado brindaría en cualquier otra situación. El acuerdo último, bueno o malo, tiende a cobrar una deuda y no a olvidarse de ella, como sucedió durante los últimos doce años.

Del mismo modo, el Gobierno debe tener en cuenta la condición extremadamente sensible que tiene cada decisión que involucra a las empresas de la familia Macri o de los amigos del Presidente. (...)

De todos modos, faltó previsión sobre la potencial carga política de la decisión sobre el Correo y la necesaria comunicación acerca de lo que se estaba haciendo. El año electoral comenzó y la oposición viene insistiendo en el eslogan de que Macri "gobierna para los ricos", que logró instalar en vastos sectores sociales. Éste es un caso perfecto para esa estrategia, y su consecuencia es la cuestión política de hecho que el Gobierno debe gestionar ahora. La existencia de un proyecto de acuerdo por el Correo llegó al conocimiento de la opinión pública por el dictamen de la fiscal Boquin y no por una oportuna información del Gobierno. Con antelación, la administración debió, además, convocar la opinión de expertos independientes y pedir dictámenes de la Sigen, el organismo de control interno de la administración, y de la Oficina Anticorrupción. Faltaron política y sensibilidad, otra vez, para predecir potenciales conflictos."

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