CONTRA LA CORRUPCIÓN

Fuerte polémica por la construcción de viviendas

La creación del Plan Nacional de Vivienda para atender el déficit habitacional de la población con recursos económicos insuficientes y el Plan Nacional de Hábitat para mejorar áreas precarias urbanas, a través de la inversión en obras de infraestructura básica, ha desatado una fuerte polémica en Entre Ríos ya que afectaría al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) y sus trabajadores al establecer un mecanismo directo entre nación, provincias y municipios para la financiación de las obras. No se hicieron esperar los fuertes cruces entre políticos oficialistas y opositores y sindicalistas, aunque sin fundamentos concretos.

 

PARANÁ. La firme decisión del presidente Mauricio Macri de luchar contra la corrupción, fundamentalmente la enquistada en la obra pública, llevó a que desde el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda se implementaran 2 nuevos planes para afrontar el déficit habitacional del país. Ellos son el Plan Nacional de Viviendas y el Plan Nacional de Hábitat, que tienen como fines atender al sector poblacional con recursos económicos insuficientes, el primero, y para mejorar áreas urbanas precarias de todo el país, dotándolas de la infraestructura básica. La creación de dichos planes pone fin a varios de los implementados durante el kirchnerismo y que fueron caldo de cultivo para los más grandes casos de corrupción.

En la Provincia de Entre Ríos la noticia produjo un fuerte sacudón ya que dicha medida afecta al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) y según dicen pondría en riesgo algunas fuentes laborales, ante la quita de fondos para la financiación de viviendas por medio de ese organismo.

Desde el oficialismo decidieron defender a los trabajadores del organismo y lo mismo hicieron otros sectores del peronismo ahora aliados al gobierno provincial y los gremios estatales que acusan al gobierno del presidente Macri de pretender “vaciar” el IAPV. El delegado gremial de los empleados de ese organismo señaló a la prensa: “La creación de la Resolución 122/17 firmada por el ministro Frigerio y el presidente Macri de la quita de los fondos FONAVI del manejo administrativo de cada provincia para proceder a realizarlo a través de la Nación y seguramente a través de los bancos, es el inicio de un vaciamiento de funcionamiento laboral de los trabajadores, no solo de Entre Ríos sino de la Argentina, que puede llegar a terminar en despidos masivos”.

En tanto desde Cambiemos, legisladores de ese espacio emitieron un comunicado donde expusieron cuál ha sido la actuación del IAPV durante los últimos años y la enorme cantidad de fondos que recibió desde que asumió el nuevo gobierno nacional, que según lo publicado, llama la atención por la gran diferencia que hay entre esos fondos y la cantidad de viviendas realmente construidas.

En el informe los legisladores de Cambiemos expresaron: “En 2016 el IAPV recibió más de 830 millones de pesos de programas federales de vivienda, además de 425 millones del FONAVI, cifra sólo superada por el IPV de la provincia de Buenos Aires, con algo más de 1.198 millones de pesos. Si hacemos la cuenta de recursos per cápita la diferencia es abrumadora a favor de Entre Ríos. Y en 2017 ya se han transferido al IAPV más de 252 millones de pesos, superando largamente lo recibido por las provincias hermanas de la Región Centro, y aún a la provincia de Buenos Aires. Si sumamos los programas de hábitat y vivienda de la Secretaría de Vivienda de la Nación, Entre Ríos recibió en lo que va del año más de 662 millones de pesos. En términos porcentuales Entre Ríos está al 26 de Abril de 2017 en el primer lugar de todo el país, con más del 10% de las transferencias para viviendas a los diversos entes ejecutores, de modo tal que mal puede hablarse de recorte de fondos ni nada que se le parezca”.

Por su parte, el diputado provincial Esteban Vitor (Cambiemos/Pro), en referencia al tema del IAPV y sus trabajadores señaló: "Es hora de terminar con la hipocresía en la polémica que repentinamente instalan dirigentes, gremialistas, y oportunistas porque no hay inconvenientes con el acceso y con la construcción de las viviendas, sino con el miedo de algunos a perder la discrecionalidad sobre el uso de los recursos que antes administraban".

Vitor agregó: "Parece que algunos se despertaron ahora, pero cuando pocos empresarios se quedaban con todo, entregaban casas malas y caras y a destiempo, estaban distraídos y en silencio. Por ejemplo Concordia (gobernada por el intendente peronista Enrique Cresto) fue un municipio que quiso que los recursos le llegaran sin intermediación. Por eso digo que en este caso hay que preguntarle a los intendentes qué opinan sobre esta decisión y por qué se cansaron de las intermediaciones. A partir de ahora los recursos van a llegar directamente a los municipios y se van a invertir en la construcción, para evitar que tengan otro destino, porque como dijo el presidente Mauricio Macri la obra pública no puede ser sinónimo de corrupción".

Si bien es loable que los nuevos planes tengan como cometido, entre otros beneficios, el de transparentar las cuestiones relacionadas con la obra pública, no hay que dejar de señalar que de la lectura de la Resolución 122/17, sí queda claro lo relacionado con las formas de financiación, aunque llamativamente nada dicen en lo relacionado a conservar fuentes de trabajo locales en materia de construcción.

¿Viviendas chinas?

Según se conoció hace unos días el Gobierno avanza en un acuerdo con China para importar miles de casas prefabricadas que serán destinadas a viviendas sociales y para gente de bajos recursos y por hasta US$ 1.000 millones. La versión causó preocupación en el sector de la construcción, ya que se conoció que el responsable de llevar adelante uno de los nuevos planes del gobierno, Iván Kerr, es también el encargado de estas posibles contrataciones con el país asiático.

Desde el peronismo se afirma que continuar adelante la iniciativa, entonces sí habría un verdadero motivo, al menos en Entre Ríos, para preocuparse:

> porque ese tipo de viviendas prefabricadas industrialmente generan pérdida de trabajo en el sector de la construcción en forma directa; y

> porque si parte de la solución habitacional pasa por construir casas prefabricadas, el hecho de traerlas desde otro país, neutraliza la producción local de viviendas de maderas.

Es decir un contrasentido respecto a las políticas que se están implementando desde el gobierno provincial y que fueron fuertemente apoyadas tanto por los legisladores del oficialismo como de la oposición. 

En ese contexto, el diputado radical Sergio Kneeteman, quien desde que se conocieron los nuevos planes en materia de viviendas se puso al frente de un reclamo ante las autoridades del Nuevo Banco de Entre Ríos (NBERSA) para que ofrezca una línea de créditos hipotecarios similares a los ofrecidos por el Banco Nación, reiteró su solicitud.

Kneeteman sostiene que el NBERSA, como agente financiero de la provincia, privilegio por lo cual cobra un millonario contrato anual, debería ofrecer alguna operatoria crediticia en condiciones competitivas con la entidad crediticia nacional. Por ese motivo esta semana el legislador se reunió con el presidente del NBERSA a fin de interiorizarlo sobre su proyecto.

Algo importante: los nuevos planes para construcción de viviendas, si bien apuntan contra la corrupción, contienen una excesiva dosis de burocracia, que se entiende necesaria en el inicio ante los antecedentes del pasado, pero que es imprescindible corregir cuanto antes.

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