EDUCACIÓN CATÓLICA OBLIGATORIA

La gran discriminación del medieval Urtubey

¿Todos los argentinos quieren el país que proponer Juan Manuel Urtubey, de educación católica apostólica romana obligatoria en las escuelas públicas? ¿Acaso esa práctica hizo de Salta un territorio mejor que el resto de la Argentina? ¿No resulta, acaso, una decisión intrusiva del Estado en la vida de los ciudadanos? En especial, ¿por qué sí educación católica y no de otras denominaciones? ¿Acaso Urtubey está en contra de la libertad religiosa? ¿Hay oscurantismo en la visión que tiene Urtubey del Estado colectivo? Son temas que están en debate por estas horas.

 

Judíos, evangélicos, protestantes, adventistas, testigos de Jehová, mormones, budistas, ateos, agnósticos, islámicos, católicos ortodoxos: todos ellos quedan afuera del sistema educativo que promueve Juan Manuel Urtubey, y es interesante conocerlo porque él ambiciona llegar a la Casa Rosada.

Desde Octubre de 2008, se promulgó en Salta la Ley Provincial Nº 7.546 que dispone el carácter obligatorio de la enseñanza católica apostólica romana en las escuelas públicas de la Provincia de Salta.

La instrucción consiste en la transmisión de contenidos sobre la religión católica apostólica romana, creando situaciones de conflicto y grave marginación para los alumnos –y sus familias– que no responden a dicho credo, recuerda la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Es decir que en la implementación, tal obligatoriedad trajo como consecuencia una serie de prácticas que no son respetuosas de las libertades y derechos reconocidos por la Constitución Provincial, Nacional y los tratados internacionales de protección de derechos humanos.

La ADC agrega: "(...) Entre los derechos concretamente vulnerados en este escenario, se encuentra la clara amenaza a los conceptos de pluralidad cultural, libertad e intercambio religioso, así como también se pone en jaque la modalidad de educación intercultural que fomenta el enriquecimiento en la diversidad. (...)".

En este contexto complejo y problemático, padres y madres de niños, niñas y adolescentes junto a la ADC han realizado su reclamo judicial puntualizando estas inconsistencias, violaciones de derechos y proponiendo distintos remedios que permitan que cese esta situación de enseñanza religiosa coercitiva.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio inicio este miércoles 16/08 a una audiencia pública informativa en el marco de la causa “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta – Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/ amparo”, que tramita ante la Secretaría Judicial N° 1 del Tribunal, a cargo del secretario Damián Font, en la que participan también Amigos del Tribunal que se presentaron en autos conforme la convocatoria oportunamente efectuada.

El caso tiene su inicio en 2010, cuando la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y un grupo de padres salteños presentaron un amparo público colectivo contra el Estado Provincial para que se declare la inconstitucionalidad de las leyes que validan la educación católica en escuelas públicas de Salta. Dado el amplio interés de la sociedad civil, la Corte Suprema de la Nación extendió a 4 los días de audiencia pública para debatir el planteo.

La audiencia pública se reanudará este jueves 17/08 y los próximos 30 y 31 de agosto.

El director ejecutivo de ADC, Torcuato Sozio, aseguró al respecto: “El modo en que se brinda en Salta la educación religiosa es violatorio de la libertad de pensamiento que prevé la Constitución Nacional y termina siendo discriminatorio para los niños que no profesan la religión católica o que no profesan religión alguna”.

La Corte de Justicia de Salta, que responde a Juan Manuel Urtubey, confirmó la declaración de constitucionalidad de las normas. No obstante, dispuso que se arbitre un programa alternativo para quienes no deseen ser instruidos en la religión católica durante el horario escolar y que, al menos, los usos religiosos -como los rezos al comienzo de las jornadas, la colocación de oraciones en los cuadernos y la bendición de la mesa- tengan lugar únicamente durante la clase de educación religiosa.

El juez de la CSJN, Carlos Rosenkrantz, se excusó en este expediente por haber sido miembro de la ADC al momento del inicio de la acción.

En El Tribuno, de Salta, Jimena Granados hizo un buen compacto de lo que ocurrió en la 1ra. jornada de debate:

"(...) "El programa de educación religiosa instaurado en la provincia no es neutral ni objetivo sino confesional. Por eso, su ejecución requiere que los niños no creyentes o pertenecientes a minorías sean separados del grupo principal. Este solo hecho los expone a tener que dar explicaciones a sus compañeros sobre sus creencias", planteó Gustavo Grancharoff, de la Asociación Bautista Argentina.

El abogado Jorge Horacio Gentile se manifestó de acuerdo con que Salta siga entre la minoría de provincias que siguen enseñando religión. "Si queremos solucionar los problemas de la sociedad, seguramente vamos a tener que afianzar principios y el colegio no puede prescindir de explicar los que nacen en el ámbito religioso", sostuvo. Gentile consideró también que la escuela tiene que informar sobre temas como "qué significa la Santísima Trinidad".

Fueron 17 los oradores que se expresaron ayer en la audiencia que convocó la Corte Suprema antes de decidir si la Provincia debe seguir impartiendo religión en las primarias. El debate se dio en el marco de una causa que se inició cuando un grupo de padres, con apoyo de la Asociación por los Derechos Civiles, presentó un recurso de amparo colectivo para que la educación pública sea laica. Las familias plantean, además, que en las escuelas hay prácticas que resultan discriminatorias para los chicos que no son católicos, como rezar o ir a misa en horario de clase.

Siete años después de que se abrió la causa, se espera una resolución definitiva. Ambos sectores se sostienen firmes y buscan espacios para plantear sus fundamentos. En el debate que se realizó ayer, nueve personas expusieron en contra de la educación religiosa en la escuela y ocho se expresaron a favor de sostenerla.

Mariana Catanzaro, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, dijo que la "instrucción religiosa debe tener un lugar, pero en las familias", y agregó no se puede dar una formación inclusiva y dictar religión a la vez.

Ernesto Eric Herrmann, de la Asociación Civil Educación Popular, pidió mantener la enseñanza como está y opinó que reformarla perjudicaría a los sectores que no pueden pagar colegios privados. "Preocupa la situación de la población más pobre, en especial de las áreas rurales, que concurre a escuelas de gestión estatal", dijo."

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