MIRANDO HACIA OTRO LADO

26.160, el número maldito en el 'caso Maldonado'

3 semanas atrás el Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLeC) solicitó al Congreso de la Nación la prórroga de la Ley N°26.160, que protege las tierras de los pueblos originarios, que vence el 23/11. Días atrás, cuando el senador nacional Fernando Solanas pidió incluir en la orden del día de la Comisión de Población y Desarrollo Humano el proyecto que redactó junto a Magdalena Odarda (Coalición Cívica), sus pares decidieron, por 33 votos negativos, 11 positivos y 10 abstenciones, postergar el estudio del tema. Todo muy raro, y le provocó la siguiente columna a su autor:

 

Despues de varios intentos del gobierno de minimizar la desaparición de Santiago Maldonado, tratando de esconder un elefante entre una fila de elefantes, el juez de la causa, Guido Otranto, se inclina por la hipótesis de una accidente natural, tanto por ahogo e hipotermia, lo que llevaría implícitamente a que el cuerpo no se encontraría fácilmente teniendo en cuenta que el río Chubut desemboca en el Atlántico.

Es una hipótesis poco creíble después de 50 días de desaparecido tanto para lugareños que pescan en el río con un nivel de profundidad que no supera la altura de las botas, como para los familiares y organizaciones de derechos humanos. En cambio sí lo es para las autoridades del gobierno que ha comenzado a canalizar el caso Maldonado como un episodio aislado, focalizado en un grupo limitado de gendarmes y no la fuerza de seguridad en su conjunto.

Así se intenta modificar la carátula de la causa de desaparición forzada, tratando de limitar la sorpresiva repercusión mundial que ha alcanzado este episodio.

De esta manera creen que este hecho, lentamente, irá saliendo de los titulares de los medios, para así conseguir, la semana entrante comenzar la demorada campaña electoral, en la que se insistirá en mantener la polarización que le es funcional tanto al gobierno actual como al anterior porque los mantiene vigentes.

En el caso del gobierno actual, se trata de acercarse lo más posible a lograr la 1ra. minoría parlamentaria, necesaria para avanzar en los ajustes proyectados.

Pero para alcanzar estos objetivos deberá sortear, entre otras cosas, el obstáculo de que la hipótesis del juez Otranto y/o del gobierno nacional, sea comprobable. De no ser así, en vez de aclarar podría oscurecer y reavivar el fuego del tema, difiriendo otra vez más el lanzamiento de lleno a la campaña, con el perjuicio implícito de este diferimiento.

Mientras el foco mediático estaba en buscar a Maldonado, el senador nacional Fernando Solanas (Alianza UNEN), propuso renovar y optimizar, en base a la reforma constitucional de 1994, la Ley N°26.160 sancionada en el 2006 que declaró la emergencia en materia de posesión y parte del usufructo y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.

Dicha emergencia vencería en noviembre de 2017. El senador nacional no se limitó al tratamiento de esta nueva ley, sino que se preguntó a quién benefician los constantes diferimientos del abordaje del texto legislativo, sumado a la propaganda que se practica desde el oficialismo de la imagen negativa de la comunidad mapuche.

Solanas recordó que las cesiones de tierras a favor de un empresario británico han sido objetadas judicialmente. Este tema ya fue advertido en artículos publicados en varios diarios nacionales, referidos a la visita presidencial a porciones de esas tierras, señalando el senador la gravedad institucional que resultaría de la permanencia de ese comportamiento.

Quienes conocen el expediente y sus implicancias insiste en aplicar la lupa sobre los conflictos que debió enfrentar el anterior Procurador del Tesoro, Carlos Balbín.

Tal como podrá comprobarse, la 'Ley Maldonado', de prosperar podría iluminar los intereses corporativos -tanto energéticos como mineros e inmobiliarios- que están detrás de la desafortunada desaparición de Maldonado, dándole un volumen internacional inesperado y confrontando con convenios internacionales que las próximas cámaras legislativas deberán abordar.

Quienes investigan este tipo de acertijos, en 'off the record' dejan de lado toda declaración llamada 'producida', y dan un valor superlativo a las primeras declaraciones oficiales -declaraciones sin ninguna producción mediática estratégica- cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el llamado 'Grupo RAM' (Resistencia Ancestral Mapuche) era financiado por fondos británicos, paralizando a muchas personas conocedores hasta dónde podrían llegar estas declaraciones

No debería dejarse sin mencionar al grupo empresarial italiano lindero al lugar donde se produjo el incidente de los mapuches con la Gendarmería, que según informaciones periodísticas estaba interesada en comprar parte de Autopistas del Sol, en la que siempre tuvo intereses la familia presidencial (Sideco inició la venta de lo que le quedaba luego del escándalo acerca de deudas y acreencias de Correo Argentino).

Tal como se verá, son los conflictos de intereses los que le dan volumen al episodio, y parece ser un tema que traerá más conflictos en el futuro. Es llamativo el silencio mediático sobre el tratamiento en el Congreso del proyecto de Solanas, y la cuestión central en lo que atañe a la desaparición de Santiago Maldonado. También sorprende que los legisladores prefirieron diferir el tratamiento, convalidando la importancia central de los intereses en pugna.

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