BLANQUEOS, MORATORIAS, PUENTES FISCALES

Ley del Perdonazo: La reforma tributaria que no es

Finalmente, el proyecto de Presupuesto para 2018 se adelantó al de cualquier reforma fiscal que hubiera debido integrarlo y quedó, de hecho, establecido que la estructura legal impositiva seguirá como venía en esta transición preelectoral al menos hasta las próximas presidenciales de 2019. La verdad de la milanesa anida en la administración que lleva a cabo AFIP, basada en el blanqueo sancionado a mediados de 2016 como ícono inicial de la reforma sui generis que se puso en marcha, de ahí en adelante con moratorias y un “puente fiscal” (o moratoria de moratorias) en el que participa casi medio millón de contribuyentes. Las planillas generales del año próximo que llevó al Congreso el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, contienen malabares para que, con la misma presión tributaria asfixiante que disparó alertas empresarios sobre competitividad, una tasa de crecimiento de la economía similar a la de este año y ya sin el decisivo aporte que tuvo el ejercicio en curso con el blanqueo, se hayan resignado apenas 0,2 puntos en los ingresos con relación al anterior, y que la recaudación prevista supere en 4 puntos a la inflación estimada. Seguramente ya aparecerá alguna que otra moratoria si hace falta para cerrar los números venideros.

De la rimbombante reforma fiscal que se meneaba no se habrá avanzado mucho que digamos en el Congreso, pero la AFIP no pierde el tiempo y sigue exprimiendo la recaudación: consiguió que en un mes y medio 25.550 Pymes entraran a una nueva moratoria en hasta 24 cuotas, eufemísticamente bautizada “puente fiscal”, y liquidaran por un total de $7.484 millones, según consigna una nota publicada en Clarín con la firma de Marcela Pagano.

Es sólo un recomienzo: Alberto Abad ya avisó que piensa llegar a juntar $30.000 millones con la regularización de deudas que se acumularon entre el 1 junio de 2016 pasado y el 31 de mayo de este año, o sea, que quedaron afuera del blanqueo.

El sinceramiento y exteriorización le habían salvado las papas al fisco entre fin del año pasado y principio de éste, ya que se declararon US$ 116.800 millones (20% del PBI). Pero también se lanzó una moratoria fiscal con 568.000 planes de pago que presentaron 475.000 contribuyentes por deudas no comprendidas en el blanqueo que abarcó  $117.000 millones. Y ahora la moratoria bis va por los $30.000 millones más.

El círculo sobre la elusión impositiva que está cerrando la administración fiscal mediante el aprovechamiento de la big data que va reuniendo sobre el padrón de contribuyentes (ampliado con los pocos que se alistaron voluntariamente por el blanqueo) encontró una barrera aún no franqueable en la evasión, o sea, en la economía en negro que directamente no figura en ningún lado pero está.

El propio proyecto de Presupuesto que llevó el viernes al Parlamento el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no contempla cambios tributarios estructurales y hasta reconoce una leve baja proyectada en los ingresos del 0,2%, en el marco de una modesta hipótesis de crecimiento de la economía que, sin el significativo aporte extra que provino del blanqueo y aún contando con mayor sintonía fina en la cobranza, sólo le permite prever un ingreso neto de 4 puntos arriba de la inflación proyectada.

La caldera tributaria, de todos modos, permanece en un punto de ebullición (24,6% del PBI, incluyendo a los no empadronados), lo que implica una descompresión general mínima de 0,3 puntos. Si se circunscribe al “zoológico” ampliado por el blanqueo) en el que caza AFIP, a esa presión habría que agregarle un 40%, que es lo que sigue funcionando en las penumbras de la economía.

El artículo de marras que apareció en Clarín hace hincapié en la “sorpresa” que se llevó el administrador tributario cuando desagregó los datos del puente fiscal en curso: 5.600 Pymes suscribieron 8.600 planes de regularización por $1.600 millones, con preponderancia de comercios y talleres mecánicos (6.777 presentaciones); 3.362 correspondieron a galpones industriales, 1.891 a transportistas y 1.421 a rubros vinculados a la construcción.

IVA, contribuciones en seguridad social y aportes patronales suman el 80% de la masa en mora liquidada. Los planes de pago comprenden DDJJ anuales en mora, aportes, retenciones y percepciones y reformulación de planes permanentes vigentes: en 12 cuotas desde un mínimo de $1.000 mensuales.

Haciendo un paneo grueso, predominan en esta tanda de moratorias los sectores más expuestos a la inspección callejera y los que necesitaron emprolijar cuentas por contrataciones de obra pública, pero también los habitués del bicicleteo de los recurrentes perdonazos fiscales.

En muchos casos, se presentaron morosos de las moratorias, un recurso que algunos estudios contables especializados ponen a disposición de clientes que financian y refinancian su actividad empresaria beneficiándose con los menores costos y plazos que representan las facilidades de pago de AFIP versus los créditos bancarios.  

Para medir el “negocio”, bastaría con comparar los intereses de cualquier financiación con la tasa correspondiente al plazo fijo del Banco Nación (18% aproximadamente) con que bonifica AFIP los primeros 2 meses de los planes de regularización, a la que suma 2 puntos en el caso de las pymes y más de 4 puntos para el resto (a lo que pueden adicionarse otros 6 puntos en el caso de las pymes y 8 puntos el resto si entra antes del 30 de setiembre).

Elusión legislativa

En realidad, es mucho más práctico actualmente mejorar la recaudación fiscal por el lado administrativo que meterse en debates legislativos sobre reformas, que si para muestra basta un botón, las sesiones de fin de 2016 por los cambios al impuesto a las ganancias dejaron en evidencia que ningún proyecto de los que se confrontan cuida que haya una redistribución que le dé cero a la cuenta de ingresos, como pretenden el presidente Mauricio Macri y los propios gobernadores provinciales.

La ley de ganancias sancionada finalmente terminó siendo un híbrido por las rebajas de alícuotas, exenciones cruzadas, etc., que finalmente la AFIP se encargó de administrar para no resentir la cobranza.

Un artículo que publicó Ámbito, firmado por Francisco Schweizer, del Área de Impuestos en SMS - San Martín, Suárez & Asociados, gira alrededor de la tesis de que, a pesar de que faltarían definir temas, como el del ajuste por inflación, ya “ha habido una corriente importante de modificaciones y reformas en el ámbito tributario”, que la “tan mentada reforma tributaria ya ha comenzado y podríamos fijar dicha fecha de inicio a mediados de 2016”.  

El punto de partida, precisamente, lo sitúa en una medida excepcional: la ley 27.260 (ley de Sinceramiento Fiscal), que no sólo sacó a la superficie bienes ocultos, sino que disparó ciertas modificaciones aplicables a la ley del Impuesto a las Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales.

El especialista recuerda que esa legislación estableció la creación de la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria, cuyo objeto es analizar y evaluar las propuestas de reforma del sistema tributario nacional que elabora el Poder Ejecutivo Nacional.

Y que ello fue seguido por la ley de fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (ley PyME 27.264), que otorgó determinados beneficios a las empresas pertenecientes a dicho sector.

Entre ellos, la eximición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta para los ejercicios iniciados a partir del 1´ de enero de 2017, el diferimiento en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la posibilidad del cómputo de la totalidad del Impuesto a los Créditos y Débitos como pago a cuenta en el Impuesto a las Ganancias.

A lo que añade que, a fines del 2016, se introdujeron nuevas modificaciones en el Impuesto a las Ganancias y en el Monotributo a través de la ley 27.346, de manera que se elevaron las deducciones personales permitidas por la ley, adecuándose asimismo la escala de alícuotas vigente.

Especifica que, respecto al Monotributo, fueron incrementados los importes máximos de facturación de cada categoría, así como el impuesto integrado aplicable. Y que no menos importante ha sido la norma que dispuso la creación de dos nuevos impuestos: uno aplicable sobre los juegos de azar y las apuestas online, y el segundo, ya famoso, que fijó un impuesto extraordinario sobre las operaciones con dólar futuro.

Posteriormente, redondea, fue sancionada la ley de apoyo al capital emprendedor (ley 27.349), concediendo también beneficios impositivos y contemplando la creación de un nuevo tipo societario moderno bajo la denominación de sociedades por acciones simplificadas (SAS).

La informática de AFIP ha sido, en todo este proceso, la que concentró la data resultante de estos movimientos y permitió administrarlos cuidando el número final. De no haber sido por la crisis interna que desató la filtración de información confidencial sobre el blanqueo, que dejó al descubierto al círculo presidencial como uno de los beneficiarios de las medidas excepcionales, iba camino a convertirse en referente ineludible del debate legislativo sobre reforma fiscal que se pasó para el año próximo, con vistas quizás a aplicarse en 2019.  

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