Este miércoles (27/9) la Cámara de Senadores de la Nación aprobará con cambios el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria y lo devolverá a la Cámara baja que aceptaría esas modificaciones y la convertiría en ley el 4 de octubre, según la hoja de ruta que maneja el oficialismo. Esa sería la última sesión de la Cámara baja antes de las elecciones legislativas.
CONGRESO
Ley Penal Empresaria: Acá debaten penas y en Uruguay prohíben donaciones
Este miércoles (27/9) el Senado aprobaría los cambios a la ley de Responsabilidad Penal Empresaria y la devolvería a Diputados, que el 4/10 aceptaría las modificaciones y la convertiría en Ley. El cambio más importante es la eliminación de la figura de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de personas jurídicas que buscaba abordar los casos derivados del escándalo de coimas de la empresa brasileña Odebrecht. La Ley fue promovida por el Gobierno nacional hace un año para cumplir con un requisito de la OCDE. Paralelamente, y un paso más adelante del debate argentino, en Uruguay avanza una norma que regula la financiación de las campañas electorales y prohíbe las donaciones de empresas.
La también denominada Ley Penal Empresaria, pena a las empresas involucradas en hechos de corrupción. La iniciativa establece el régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos contra la administración pública y por cohecho trasnacional, estableciendo penas y sanciones a quienes incurran en figuras penales.
El cambio más importante que ocurrió en el Senado fue la eliminación de la figura de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de personas jurídicas, tema que venía impulsado por el caso Odebrecht.
El proyecto incluye los delitos de cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y balances e informes falsos agregados, como pasibles de sanción a personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.
Además, las compañías deberán tener un Programa de Integridad para la prevención de ilícitos si quieren ser contratadas por el Estado.
La norma se destrabó en el Senado la semana pasada tras un acuerdos entre Cambiemos, el PJ-FPV y del Interbloque Federal, donde se consensuaron los cambios al expediente girado por Diputados.
Entre las penas que correrán para las empresas figuran: una multa de dos a cinco veces el monto del "beneficio indebido obtenido"; la suspensión de actividades por un plazo no mayor a diez años y la suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales por no más de diez años.
En caso de que la empresa haya sido creada únicamente a los efectos de la comisión del delito o si ese acto fuera su principal actividad, la Justicia deberá ordenar la disolución y liquidación total de la personería.
Asimismo, la empresa solamente será eximida de pena cuando denuncie espontáneamente un delito tras una investigación interna, cuente con un Programa de Integridad y devuelva el beneficio del ilícito, simultáneamente.
Paralelamente al debate argentino, en Uruguay ocurre una discusión que representa un paso adelante: la comisión del Senado que tiene a estudio la ley de financiamiento de los partidos políticos se reunirá este miércoles con el propósito de prohibir las donaciones de empresas a los partidos políticos en campaña.
Según El Observador de Uruguay, sin embargo, aún no hay acuerdo. El Partido Nacional se opone a votar el artículo 8°, que es el que prohíbe a las empresas aportar dinero a los partidos durante las campañas electorales. Según el texto, "los partidos políticos, sectores internos y las listas de candidatos solo podrán recibir aportes, donaciones y contribuciones de personas físicas debidamente identificadas".
Por su parte, Andrés Copelmayer, exjefe de gabinete del Ministerio de Transporte y uno de los redactores del proyecto original, dijo que este es un punto sobre el cual el oficialismo "no transará".
"No queremos dinero de las empresas financiando campañas electorales", reafirmó Enrique Pintado, senador de Asamblea Uruguay (FA) y presidente de la comisión.
Paralelamente a la reactivación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria en el Congreso argentino, desde el blog del FMI se publicó un artículo sobre la corrupción donde se plantea: "La corrupción continúa acaparando titulares en América Latina. Los casos van desde un plan para ocultar activos que fue revelado en los 'papeles de Panamá' hasta los escándalos de Petrobras y Odebrecht que han trascendido las fronteras de Brasil... Las consecuencias económicas y políticas de la corrupción han pasado factura a la región, y los ciudadanos de América Latina están mostrando un creciente descontento y exigiendo que los gobiernos tomen medidas más enérgicas contra la corrupción".
Respecto de la corrupción en América Latina, el trabajo afirma que la situación es "mucho peor que la de las economías avanzadas". Salvo en países, como Chile y Uruguay, que "curiosamente también tienen buenas calificaciones en los indicadores de institucionalidad y buen gobierno, y presentan niveles de ingreso per cápita relativamente más altos".
Los autores del trabajo Carlos Goncalves, David Lipton y Alejandro Werner concluyen que "un mayor grado de corrupción tiende a ir de la mano de una mayor desigualdad".