Otra protesta de las Organizaciones sociales CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa. Bajo con corte parcial en la Avenida Corrientes y Callao en reclamo de la Emergencia Social. Los manifestantes tienen previsto trasladarse a las 10 al Obelisco y de allí luego dirigirse a la Legislatura porteña a las 13.30.
RECLAMO
Emergencia Social: Corte en Callao y Corrientes, marcha y caos en el centro
Organizaciones sociales vuelven a marchar por la Emergencia Social esta mañana (26/9) con un corte parcial sobre la Avenida Corrientes y su intersección con Callao. Reclaman que la ley sancionada en el Congreso de la Nación se replique en la Legislatura porteña. La iniciativa propone crear el Salario Social Complementario, un Consejo de la Economía Popular e inversión pública, entre otras medidas. Tras el corte se movilizarán al Obelisco a las 10 y luego a las 13.30 llegarán al edificio de la legislatura.
26 de septiembre de 2017 - 00:00
Bajo el lema "La ciudad puede. El hambre no espera", las organizaciones plantean que la Legislatura porteña sancione una ley similar a la que el Congreso de la Nación aprobó el año pasado y que se conoce como Emergencia Social. Esa norma dispone la creación el Salario Social Complementario, un Consejo de la Economía Popular e inversión pública, entre otras medidas.
Las agrupaciones, que presentarán un proyecto en el legislativo porteño, informaron que también reclamarán por la formación del Consejo de la Economía Popular, el Registro de Trabajadores de la Economía Popular, seguridad social para este grupo e inversión estatal para la producción de la economía popular.
También participan del reclamo junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CTA-A Capital, CTA de los Trabajadores, UTE; ATE Capital,; MITD Aníbal Verón; Izquierda Latinoamericana, AG. Barrial Germán Abala; Frente Salvador Herrera, etc.
La Ley de Emergencia Social fue reglamentada en marzo de este año luego de que un informe de la UCA confirmara que había un millón y medio de nuevos pobres. La norma regirá hasta el 31/12/2019 e implica que el Estado repartirá $ 30.000 millones a los trabajadores de la economía popular.
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