Crece la purga y con ella la falta de personal de seguridad para erradicar el delito

Mientras continúan sin tomarse medidas de fondo que erradiquen la inseguridad, legisladores del PJ en Buenos Aires no ocultan entre bambalinas su enojo con el Ministro de Seguridad bonaerense León Arslanián. Ayer se produjo una nueva purga policial que no hace más que abrir cuestionamientos acerca de la falta de personal de seguridad que comienza a escasear. El justicialismo legislativo no puso demasiado empeño en conseguir quórum en el tratamiento de la Policía Comunal y demoraron la sanción de ese proyecto: toda una señal para el presidente Néstor Kichner y Arslanián.

En la segunda etapa de la purga ordenada por el ministro de Seguridad León Arslanián, 201 policías involucrados en delitos graves fueron echados ayer de la Bonaerense. Treinta de ellos estaban detenidos con prisión preventiva y entre los demás hay muchos sospechosos de aplicar torturas, participar en secuestros extorsivos o cometer abusos sexuales.

La nueva lista de exonerados incluye a 21 oficiales jefes, 56 oficiales subalternos, 38 suboficiales superiores y 86 suboficiales de menor jerarquía (subalternos).

Hace menos de un mes, Arslanián había echado a 303 oficiales y suboficiales, con lo que el total de expulsados de la Bonaerense desde que comenzó su gestión

En la lista de ayer fue incluido el comisario inspector Alfredo Fanchiotti, ex jefe del Comando de Patrullas de Avellaneda, quien está preso a la espera de que lo juzguen por el homicidio de los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el Puente Pueyrredón.

Entre los echados "hay efectivos condenados por apremios ilegales; funcionarios que participaban de actividades como prostitución de menores, piratería del asfalto y secuestros extorsivos u ocultaban pruebas para favorecer la situación de los delincuentes", indicó en un comunicado oficial del Ministerio de Seguridad.

El propio Arslanián destacó: "Hay (entre los exonerados) acusados de asesinatos de detenidos, de apremios ilegales, por amparo a prostíbulos donde explotaban a menores, posesión de dinero que no pudieron demostrar por robos a mano armada en provincias limítrofes, integrar bandas dedicadas a secuestros, abigeato (robo de ganado), robo calificado y abusos de detenidas y dementes, entre otros delitos".

Asimismo se anticipó que se archivarán los sumarios que tienen por "faltas leves" unos 24.000 policías, poco más de la mitad de los 45.000 hombres de la Bonaerense.

La constante purga policial abren una serie de cuestionamientos acerca del destino de esas fuerzas, y de la creciente falta de policías para custodiar la seguridad de los argentinos.

** Policía Comunal

En tanto, el justicialismo no tuvo ayer quórum para que la Policía Comunal se transforme en ley.

Ante la cerrada negativa de los tradicionales aliados del peronismo -los bloques del Frepobo(riquistas) y el Paufe (pattistas)- la norma no fue aprobada por la Cámara baja y su conversión en ley - el senado ya la aprobó - quedará postergada al menos una semana.

Para su tratamiento se necesitaba al menos el respaldo de 2/3 del cuerpo y sólo logró conseguir 50 votos- de los 52 necesarios- y tuvo 29 en contra.

Fuentes legislativas manifestaron que justicialismo legislativo - muy enojado con Arslanián - no puso demasiado empeño en conseguir quórum, para demorar la sanción del proyecto enviando así una "señal" al PE y al Ministro.

Estas son las modificaciones incorporadas al proyecto original tras las reuniones que mantuvo el gobernador la semana pasada, con los intendentes díscolos que reclamaban un mayor poder en la designación y, eventualmente, remoción de los uniformados:

* Se permite a los intendentes de ciudades con menos de 70 mil habitantes a adherir o no a la Ley de Policía Comunal en su distrito.

* Los Intendentes ejercerán la conducción operativa de la PCS a través del diseño de planes operativos que impartirá al jefe de la PCS.

*Podrán solicitar la asignación de nuevos agentes estando a su cargo el pago de los salarios.

* Podrán incorporar bienes de capital para ser afectados a la PCS de su distrito.

* Podrán administrar las partidas presupuestarias correspondientes a sueldos, horas extraordinarias, combustible, mantenimiento, etc.

* El Jefe de la PCS será elegido por el pueblo de cada municipio mediante elecciones independientes de las de las autoridades.

* Se incorpora como causal de cese del Jefe de PCS la revocatoria popular del mandato, mediante elecciòn del cuerpo electoral, peticionada por iniciativa firmada y certificada por lo menos por el 5% de la cantidad de habitantes del municipio.

De concretarse este acuerdo con la aprobación de esta norma, son 5 los proyectos enviados y aprobados por la Legislatura bonaerense, del denominado "Plan Trienal de Seguridad" y restaría la discusión de otros 3 más.

Hasta ahora, ya tienen fuerza de Ley el Registro de Detenidos; la Ley de Personal (escalafón); La Policía Bonaerense II y la Modificación a la Ley Orgánica Policial y, ahora, la creación de la denominada Policía Comunal.

Pendientes, quedarán el que apunta a la revitalización de los Foros de Seguridad -también criticado por varios intendentes-; el Instituto Social y la Intervención de la Caja de Jubilados de la Policía, el mismo al que se opusieron hoy los retirados de la fuerza con una movilización de unas 600 personas.

** El encono por la coparticipación

En tanto, la guerra por los fondos de coparticipación que reclama la provincia de Buenos Aires está lejos todavía de llegar a buen puerto. El jefe del Gabinete, Alberto Fernández, acusó ayer al gobernador, Felipe Solá, de ser el único mandatario que se opone a firmar el acuerdo para una nueva ley de coparticipación, le reclamó una "mejor comprensión" y aseguró que el Gobierno no tiene prevista "ninguna reunión" con Solá.

Fernández hizo estas declaraciones al anunciar un fuerte incremento en la masa de fondos coparticipables luego de que los diputados nacionales bonaerenses le dieron un categórico respaldo a su gobernador en esta pelea de intereses.

Si se compara el primer cuatrimestre de 2004 con igual período de 2003, dijo Aníbal Fernández, la provincia recibió 937 millones más que el año último. Solá reclama, no obstante, una deuda de 470 millones de pesos para 2004 para compensar el déficit registrado en la caja provisional. Pero en cambio para la administración nacional esa deuda no existe, así lo ratificó ayer el ministro del Interior.

Solá se había reunió anteanoche con todos los diputados nacionales del PJ bonaerense, que responden monolíticamente a Duhalde, y logró el pleno respaldo en el Congreso para su posición respecto del tema.

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