La crisis energética no se superó

Mientras el Gobierno no asume la crisis como tal ni alienta el debate, existen medidas que deben ser implementadas inmediatamente para que el desarrollo del país no se vea paralizado. El análisis, publicado en el matutino Clarín, del ex secretario de energía Jorge Lapeña.

Argentina está, desde marzo, en una crisis energética profunda que afecta de múltiples maneras el funcionamiento de su sistema económico y político. Si bien en los primeros momentos el tema adquirió una gran importancia mediática, ésta ha cedido. Cabe entonces una pregunta:¿se superó la crisis energética? Y, en ese caso, ¿qué medidas de fondo se tomaron para superarla? ¿Podrán repetirse en el futuro ?

Lamentablemente, la respuesta es no; la crisis se halla en su apogeo y se han confirmado los peores pronósticos:

*El Gobierno no asume la crisis e impide el debate racional;

*Los suministros de exportación comprometidos en firme no se cumplen, generando un problema comercial y diplomático significativo y abriendo una gran incógnita sobre el proceso de integración;

*La industria sufre desde marzo cortes de suministro de gas natural afrontando sobrecostos y la posibilidad de la caída de producción (a veces evitada a último momento);

*El sector de generación eléctrica acumula importantes quebrantos y tiene una gran cantidad de equipamiento indisponible por falta de gas natural para funcionar.

*Se ha constatado a través de los múltiples foros de debate organizados por la sociedad —lamentablemente, la mayoría, con la ausencia del Gobierno— que existe consenso técnico sobre un conjunto de cuestiones:

*La crisis es grave y afecta el gas natural que es la columna vertebral del sistema energético argentino;

*La misma no se debe a un accidente ni a una coyuntura de ocurrencia poco probable sino a razones estructurales profundas localizadas en fallas de política energética y de gestión que derivaron en insuficiencias de inversiones;

*La realidad prueba que por lo menos un nuevo gasoducto debería haber sido construido;

*Las reservas comprobadas de gas natural son insuficientes para sustentar a largo plazo los requerimientos del desarrollo productivo argentino y cumplir con los compromisos de exportación;

*La legislación energética argentina está desactualizada y tiene innumerables vacíos a partir de las transformaciones de los 90.

*Los consensos reunidos indican que el proceso de nueva inversión de infraestructura energética está paralizado en vista que no existen ni señales económicas adecuadas ni claridad en las reglas de juego. Ello constituye la peor de las noticias para un país que necesita imperiosamente crecer.

De persistir la situación, el país encontrará más temprano que tarde una limitante para su desarrollo en la infraestructura.

*Mientras estos consensos aumentan, el Gobierno adopta la política de negar la crisis y tapar agujeros. La misma consiste en "no hablar de la crisis" y combatir, recurriendo a fondos públicos, los síntomas, buscando evitar dos situaciones traumáticas como serían la interrupción del suministro y un aumento tarifario que pondrían en evidencia fallas profundas de gestión y del discurso político gubernamental.

Así, gracias a la compra de fuel oil venezolano; a la compra de gas natural a Bolivia y a la importación de energía eléctrica de Brasil, se están evitando los cortes con un sobreprecio estimado por el Gobierno en unos $2.000 millones para 2004.

Estas acciones se acompañan con un conjunto —todavía muy discutible— de medidas anunciadas hace más de un mes en la Casa de Gobierno y que no cuentan con suficiente explicación de los funcionarios.

En base a esto, es seguro que la situación, lejos de irse superando, va a ir acumulando problemas que terminarán por descontrolar la situación desde el punto de vista financiero (uso cada vez mayor de fondos públicos), técnico (por el crecimiento de la demanda sin el de la oferta) e institucional (por el colapso de los sistemas vigentes que cada vez son más objeto de cambios parciales que los desnaturalizan por completo).

*Dentro de este contexto corresponde hacer una propuesta para debatir. Primero, hay medidas urgentes por tomar:

*Solicitar al Gobierno que transparente el problema, lo que implica dimensionar los faltantes y explicitar cómo se supera la situación de crisis y el tiempo que ello va demandar;

*Declarar la emergencia en materia de generación de energía eléctrica, lo que implica adoptar "soluciones extraordinarias"para superar en un plazo mediato pero seguro la crisis financiera y de expansión del sector;

*Renegociar los contratos de concesión de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural como lo estable la ley de Emergencia Pública (incumplida);

*Sancionar un régimen de tarifa social que proteja a los sectores socialmente comprometidos.

Asimismo, existen medidas de fondo que deben contemplar:

*La adopción de una nueva política energética (que hoy no existe) comprometida con el futuro del país;

*La reingeniería de las instituciones del Estado para que éste pueda cumplir (hoy no cumple) con las funciones indelegables previstas en las leyes;

*La realización de una auditoría independiente de las reservas concesionadas de hidrocarburos (información hoy no confiable);

*La elaboración de un Plan Energético Nacional a 15 años (instrumento hoy inexistente);

*La promoción de reformas institucionales profundas en el sistema energético, lo que implica, entre otras, la sanción de una moderna ley de hidrocarburos, una ley de marco regulatorio para el gas en garrafas (el combustible que utilizan los pobres) y también la promoción de reformas en los regímenes de las leyes de marcos regulatorios y eléctrico y gasífero vigentes.

Para todo esto se requiere juntar consensos y abrir (no cerrar) el debate.

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