El Senado postergó el tratamiento de ley fiscal

Más allá de las declaraciones de los mandatarios provinciales del ala K, las conversaciones que mantuvo ayer la administración kirchnerista con gobernadores que definirán la negociación por peso político, como lo son José Manuel De la Sota (Córdoba) y Carlos Verna (La Pampa), no llegaron a buen puerto. Encima ahora se complica el panorama en el Senado en la relación que el Senado mantenía con el Poder Ejecutivo. Mientras tanto, el FMI cuestiona al gobierno nacional porque el proyecto oficial de Responsabilidad Fiscal no es lo suficientemente duro y 2 provincias -las justicialistas San Luis y Salta se adelantaron a la Casa Rosada ya aplican esa legislación, incluso con sanciones como exige el FMI.

La negativa del presidente Kirchner a negociar con sus propios legisladores llegó a tal nivel de fricción que ahora el Presidente -con otro frente abierto- se verá obligado a evitar que no sean sus propios senadores los responsables de fracasos de iniciativas vitales para su gestión.

En la edición de ayer el matutino La Nación informó acerca de las resistencias que existen en el Senado para aprobar el proyecto de ley de responsabilidad fiscal y el pliego de Carmen Argibay como ministra de la Corte Suprema de Justicia.

Y a esto debe sumarse a que todos los proyectos relacionados con la lucha contra la inseguridad, elaborados por el Ministerio de Justicia se encuentran demorados en el Senado desde hace casi un mes.

A esto debe agregarse la iniciativa de la primera cámara legislativa cuando manifestó hace unas semanas su "solidaridad" con Eduardo Duhalde ante las acusaciones lanzadas por el piquetero oficialista Luis D´Elía.

El proyecto de responsabilidad fiscal tiene aspectos que muchas provincias gobernadas por el PJ consideran imposibles de cumplir, sin embargo algunas ya la están aplicando:

* San Luis y Salta ya aplican la Ley Fiscal

Esta mañana el diario Ambito Financiero anuncia que, las provincias justicialistas de San Luis (Alberto Rodríguez Saá) y Salta (Juan Carlos Romero) ya aplican en sus territorios esa legislación para tener controladas las cuentas y el endeudamiento.

En rigor, el caso más emblemático se da en San Luis, donde la Ley de Responsabilidad Fiscal, denominada en la provincia Ley Permanente de Presupuesto, incluso determina desde 2000 sanciones para aquellos funcionarios que transgreden sus disposiciones.

Según fuentes provinciales en diálogo con ese matutino financiero aseguraron que la Ley Permanente de Presupuesto deja a los responsables incursos automáticamente en las figuras de los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "malversación de caudales públicos", ambos tipificados en el Código Penal. Va incluso más allá: al mismo tiempo, los obliga a resarcir al Estado con su propio patrimonio.

"En este sentido, los funcionarios responden por los daños que por su culpa o negligencia sufran las finanzas públicas. Se trata, en rigor, de aquellos que tienen la responsabilidad de recaudar, invertir, pagar o custodiar fondos, valores u otros bienes.

La responsabilidad se extiende, además, a la gestión irregular de los créditos del Estado, a la entrega o utilización indebida de bienes y a los recursos que no se perciban en tiempo y forma", explica el matutino.

En tanto, en Salta, la Ley 7.030 de disciplina fiscal rige desde 1999 y fija los límites que debe tener el endeudamiento del Estado para asegurar el equilibrio de las cuentas.

Si bien en este caso no contempla sanciones explícitas para funcionarios que no cumplan con la normativa, la ley de Responsabilidad Fiscal abre la posibilidad para que la oposición active la interpelación de los responsables en la Legislatura.

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