Escándalo latino (1): Renunció fiscal colombiano

La Fiscalía de Estado de Colombia viene sufriendo escándalos desde hace varios años. Ahora otro caso afecta la moral del instituto que debe defender a los damnificados.

Por vender toallas al Ejército, renunció el vicefiscal colombiano Andrés Ramírez. Dijo que sale del cargo por 'razones políticas' y no porque hubiera incurrido en inhabilidad, aunque algunos juristas así lo sostienen.

La salida del vicefiscal general, Andrés Ramírez, es la continuación de una serie de escándalos que han sacudido a la Fiscalía colombiana bajo la administración de Luis Camilo Osorio.

Se recuerda, por ejemplo, la renuncia de Justo Pastor Rodríguez como fiscal delegado ante la Corte después de ocupar el cargo de director Nacional de Fiscalías al no poder justificar el porqué recibió un reloj Rolex como regalo de parte de un empresario a quien había favorecido con una decisión judicial.

El reemplazo de Rodríguez, Carlos Hernando Arias, resultó envuelto en acusaciones de acoso sexual.

Como si fuera poco, en Cúcuta fue removida del cargo una fiscal por tener vínculos, supuestamente, con los paramilitares.

En Medellín el fiscal Rubén Darío Muñoz Valencia, fue involucrado en un escándalo por su presunta participación en la elaboración de un documento jurídico para los grupos paramilitares.

Entre tanto, el fiscal Osorio removió de su cargo al fiscal antimafia Álvaro Bayona quien denunció que fue sacado del cargo por adoptar decisiones contra un narcotraficante del Norte del Valle protegido por un alto oficial de la Policía.

En estos tres años de gestión de Osorio también se evidenciaron fallas en el programa de protección de testigos al punto que el director de ese organismo Lucio Pabón fue relevado del cargo.

En el caso de Ramírez, su dimisión se produjo casi 36 horas después de que aseguró que no tenía intención de retirarse del cargo porque no había incurrido en ningún "comportamiento irregular" al ser parte de una empresa que contrató con el Estado.

Abogados consultados por este diario señalaron que hay normas que advierten que quien ejerce cargos en la Fiscalía no puede figurar en puestos de dirección en sociedades comerciales.

El caso se destapó hace tres días, cuando el alto funcionario fue denunciado públicamente por el empresario también colombiano Pedro Juan Moreno de tener una inhabilidad para desempeñar el cargo porque la empresa Fabrilar S.A -propiedad de la familia de Ramírez Moncayo- se ganó a fines del año pasado cuatro licitaciones públicas para dotar de toallas al Ejército, la Armada, la FAC y la Policía por 1.882 millones de pesos.

Fabrilar contrató a su vez a la empresa de la familia del alto consejero presidencial José Roberto Arango, quien una vez supo de la contratación, renunció del cargo el pasado 9 de julio.

Ante las denuncias, ese mismo miércoles el vicefiscal se defendió diciendo, primero que el contrato se había firmado el año pasado, cuando él aún no era Vicefiscal, y en segundo lugar diciendo que como funcionario de la rama judicial "en nada puedo tener injerencia en una adjudicación de un contrato".

Sin embargo, la nota editorial del diario El Tiempo recordó que para la fecha de la firma del contrato, Ramírez se desempeñaba como fiscal delegado ante la Corte Suprema. Un cargo desde el cual se investiga a altos funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo.

Y en segundo lugar, expertos juristas explicaron que tanto el decreto por el cual se estructura la Fiscalía General de la Nación (decreto 261 del 2000), en su artículo 81, como la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), en el numeral tercero del artículo 155, dicen que "el ejercicio de cargos en la Fiscalía General de la Nación es incompatible con la calidad de comerciante y el ejercicio de funciones de dirección, fiscalización en sociedades salvo excepciones legales".

Ramírez, según documentos que manejan quienes conocen el tema, figuraba como gerente de la firma en el certificado de la Cámara de Comercio del pasado 6 de julio.

Aunque para algunos este episodio no puede calificarse como un escándalo, sí es claro en que es un eslabón más dentro de los hechos que han salpicado a la Fiscalía General durante la gestión de Luis Camilo Osorio.

Ramírez afirmó ayer: "En nada le hace bien a la administración de justicia que se discuta la actuación de uno de sus funcionarios. Por eso me retiro con la tranquilidad de conciencia del deber cumplido".

Alegó no interponerse en el buen desempeño de la institución. "Cuando hablo de política no me refiero a la politiquería. Es la política del rol de los asuntos del Estado a la que me refiero", concluyó.

Ramírez empezó su gestión en la Fiscalía en febrero de este año y se había convertido en la mano derecha del fiscal Luis Camilo Osorio, luego de semanas de tormenta por los escándalos de la institución, no solo en los temas penales sino en el trámite en el Congreso de las reformas penales y la implantación del sistema acusatorio.

En primera instancia estuvo al frente de las investigaciones por la muerte de civiles en Cajamarca (Tolima) en una operación militar, así como en la muerte de integrantes del Gaula de la Policía y también particulares.

A una pregunta de un reportero en el sentido de si iba seguir contratando con el Estado, Ramírez Moncayo respondió: "¿Por qué no habría de hacerlo? La empresa familiar tiene más de 30 años y mi padre no es ningún advenedizo y él ha recibido las más altas distinciones (...) existe un derecho constitucional que es la libertad de trabajo".

Por último, el dimitente vicefiscal fue interrogado sobre quién ganaba con su salida de la Fiscalía respondió: "Con mi renuncia triunfa y así lo espero que sea, la Universidad Javeriana a donde regreso".

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