CONFIRMADO

Lavado de dinero: Cristina vetó parcialmente la ley y Argentina es zona gris en el GAFI

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó parcialmente la Ley de Lavado de Activos para que la UIF pueda ser querellante.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La presidente Cristina Kirchner vetó un artículo de la ley destinada a combatir el lavado de dinero que prohibía a la Unidad de Información Financiera (UIF) constituirse como parte querellante en procesos penales.

 
La decisión, publicada el martes 21/06 en el Boletín Oficial junto con la promulgación de la Ley 26.683 a través del decreto 825, levantó polvareda y generó críticas de parte de fuerzas de la oposición, por entender que la medida busca “preservar a los amigos del Poder”.
 
El artículo 25 de la norma establecía que la UIF no podía “constituirse como parte querellante en procesos penales” que estén vinculados a casos de lavado de dinero y su veto se produce en medio del escándalo que involucra a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y salpica a las Madres de Plaza de Mayo.
 
Para el Ejecutivo, es “necesario” que el organismo encabezado por José Sbatella esté facultado para “intervenir como querellante en procesos en los que se investiguen delitos tipificados por la ley 25.246 (que establece la creación de la UIF) y sus modificatorias”.
 
La UIF cumple el rol de querellante en varias causas en las que investiga las actividades de presuntas asociaciones ilícitas, como, por ejemplo, en unas de las ramificaciones del caso de la llamada “mafia de los medicamentos”, con la venta de remedios ilegales o falsos a obras sociales.
 
Con el veto, la presidente Cristina Fernández, violó el acuerdo parlamentario que le había permitido al Gobierno sancionar la ley antilavado a tiempo para llevarla a la Asamblea del GAFI que comenzó a sesionar en México e intentar así esquivar una sanción de ese organismo.
 
Ese acuerdo, en el que participaron todos los bloques opositores, se basó en aceptar la votación del proyecto oficial, pero introduciendo algunas modificaciones que restringieran el poder discrecional en la UIF. El punto más complicado fue el pedido del Gobierno de otorgarle a la UIF, dirigida por José Sbatella, la potestad de actuar como querellante en las causas, punto que la oposición no aceptó.
 
La decisión presidencial hizo reaccionar a la oposición que cuestionó duramente el veto de CFK.
 
“Queda confirmado que la UIF pretende ser utilizada como un brazo político del Gobierno a través del cual se busca perseguir a los opositores y preservar a los amigos del Poder”, sostuvo el diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Fedral- Buenos Aires)
 
“Semejante facultad judicial sin lugar a dudas continuará siendo ejercida arbitrariamente de acuerdo a quien sea la persona investigada”, agregó en un comunicado.
 
Ferrari remarcó que “la Presidente no puede desconocer que uno de los motivos sobre los que pende la posibilidad de que la Argentina sea sancionada es precisamente la utilización política de la UIF”.
 
“Sobre todo cuando un fiscal federal (Guillermo Marijuan) acaba de imputar al presidente de la UIF (Sbatella) por incumplimiento de deberes a raíz del cajoneo de la investigación vinculada a los fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo”, agregó, en referencia a la investigación judicial por presunta defraudación al Estado y lavado de dinero que salpica a esa entidad.
 
Para Ferrari, “el veto parcial sin lugar a dudas reflejará en el orden internacional la despreocupación del Gobierno por este tema”, al tiempo que “constituye una manifiesta violación al acuerdo político entre el bloque oficialista y la mayoría de la oposición, que permitió la sanción de la ley”.
 
El diputado recordó que “la necesidad de restringir” a la UIF “era uno de los puntos centrales” que reclamaba su espacio -entre otros- para sancionar esta norma en el Congreso, debido a los antecedentes de “utilización” de la entidad “como un organismo de persecución política de opositores y de protección y encubrimiento de los amigos del Poder”.
 
Argentina en zona gris por el GAFI
 
Los gobiernos más críticos de la Argentina, entre los que se destaca el de Estados Unidos, analizan incluso plantear que el país debe descender aún más, hasta el último escalón de la "lista negra", junto a Irán y Corea del Norte e incluso hasta pedir la suspensión de su membresía, basados en que viene incumpliendo desde hace años 47 de los 49 parámetros de evaluación general.
    
La lista incluye, además, quejas contra la Unidad de Información Financiera (UIF) y el uso político que el gobierno kirchnerista ha hecho del organismo que debe controlar el lavado de dinero. El veto parcial de Cristina Fernández, confirman las quejas. 
    
La tensión imperante provocó fuertes discusiones durante la sesión preliminar del "grupo de revisión especial" para la región -en la jerga, "ICRG America"-, en Perú. Allí, la delegación argentina presidida por el embajador y experto en normativas antilavado y contra la corrupción, Eugenio Curia, se cruzó con Canadá, que copreside ese grupo regional y bregó por incluir un párrafo en la revisión del país, en la que exponía la falta de compromiso político en la materia, según detallaron tres informantes.
    
Para la delegación oficial, esa visión es inexacta. "Si se ve la foto de la situación, sí, estamos mal. Pero si se analiza la evolución, el sistema argentino repuntó muchísimo durante el último año y el compromiso contra el lavado del Gobierno y de la oposición llevó a que se aprobara una ley sensible [por la de antilavado] en pleno año electoral", comentó a La Nacion un alto funcionario involucrado en las negociaciones con el GAFI y su foro regional, Gafisud, más flexible a la posición argentina.
    
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, en tanto, viajó a Ciudad de México la semana pasada para abrir las negociaciones y evitar, además, el riesgo de que las cenizas volcánicas lo mantuvieran varado en Buenos Aires. El cuadro que afrontarán Sbattella, Curia y el resto de la delegación es aún incierto. En los anteriores encuentros, en octubre y febrero, la línea dura incluyó a España, México, Noruega y Francia, entre otros, pero Estados Unidos logró apaciguar los ánimos y evitó que el proceso se acortara en perjuicio de la Argentina, posibilidad que carecía de antecedentes históricos dentro del GAFI.
    
Declaración pública
    
Sin embargo, el gobierno de Barack Obama endureció su posición, a medida que el incidente del avión militar decomisado en Aeroparque en febrero último empantanaba las relaciones bilaterales. 
   
En simultáneo -pero sin que quedara en claro si como efecto de aquello-, desde el Departamento del Tesoro y la unidad antilavado norteamericana (FinCen) dejaron trascender que verían con buenos ojos aplicar una sanción "ejemplificadora" con la Argentina. Cerca de Sbattella creen que eso equivaldría a "correrle el arco" a la Argentina.
 
"Se acordó un plan de acción con pautas y plazos concretos, y se nos pidió que para México tuviéramos sólo la media sanción del proyecto de ley contra el lavado y encaminado para octubre otro sobre financiamiento del terrorismo, y nosotros fuimos mucho más allá", argumentaron.
    
Las delegaciones más críticas, sin embargo, objetan otros ejes. 
   
Entre otros, consideran que no está claro si la UIF posee facultades sancionatorias y de reglamentación, y hasta plantean dudas sobre la vigencia actual de la figura del encubrimiento del artículo 277 del Código Penal para el lavado. 
   
Junto a la inclusión en la lista gris, además, el GAFI podría junto dar otro paso e incluir a la Argentina en su comunicado de cierre del plenario, según reconstruyó La Nacion. Eso podría conllevar que algunos países emitieran alertas para sus sistemas financieros sobre los riesgos de operar con la Argentina, en línea con lo que ya ocurrió tras el plenario de febrero en Alemania e Inglaterra, con el consiguiente aumento los costos transaccionales y los requisitos burocráticos en el comercio internacional desde y hacia la Argentina, entre otras secuelas.
    
Desde la delegación oficial replican que la inclusión en la lista gris no debería interpretarse como una "sanción en sí", sino como "una etapa dentro de un procedimiento de revisión y corrección de las deficiencias" del sistema antilavado local.
 
  
En la lista gris, hoy figura otro país miembro del G-20: Turquía. También aparecen Grecia, Venezuela, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Bolivia, aunque los dos últimos afrontan horizontes muy distintos. Paraguay podría salir de la lista por las mejoras en su sistema y Bolivia descendería al listado negro.
    
La Argentina se encuentra a mitad de camino, según quien analice su caso. Y las decisiones de gobierno no ayudan en nada.  

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