Las Calificadoras de Riesgo, como Standard & Poor’s (S&P), juegan un rol muy importante en la atracción de inversores hacia países, así como también a compañías. En términos generales se evalúa la capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros y se le asigna luego una calificación.

Marta Castelli, Head Office de S&P, explicó cómo ve hoy a la Argentina la institución a la que pertenece, y con este fin describió el contexto previo al default local, "La contracción económica de 1999, la retracción de los mercados de crédito en 2000 y 2001, la presencia en los mercados de empresas sin fuentes de financiamiento adicional, la pesificación y el congelamiento de las tarifas de servicios públicos", fueron algunos de los hechos que mencionó.

Castelli explicó que la deuda externa privada ha disminuido significativamente (US$ 17.000 millones) y esta caída del 2001 al 2003 tiene que ver con donación de deuda: capitalización y quita. Pero aún queda un stock considerable que las empresas más importantes no han podido reestructurar, por ejemplo, Metrogas, quien no ha refinanciado su deuda.

Castelli manifestó que "los modelos de reestructuración varían dentro del menú típico, se ofrece, por ejemplo, recompras de deuda a un valor menor del par, extensión de plazos, disminución de tasas, etc. (...) La modalidad preferida de reestructurar es el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE): muchos inversores tienen la percepción de que el APE tarda mucho porque tiene la expectativa de que el mecanismo iba a ser más rápido".

"Las posibilidades de crecimiento a mediano plazo siguen siendo poco claras" estableció la Head Office de S&P y enumeró las siguientes variables: "la escasez de demanda interna y con crecimiento a largo plazo, las exportaciones no se han multiplicado y sólo hay inversiones de mantenimiento, porque otras son muy riesgosas".

"Una de las reformas estructurales que S&P ve como pendiente es la de reconstruir el sistema financiero -añadió la expositora- después de la crisis hubo problemas de liquidez, cash flows y márgenes negativos, deterioro en la calidad de activos, insolvencia y falta de credibilidad que llevaron a la reducción de estructuras, énfasis en la banca transaccional, limitada actividad de préstamos y reducción en la participación de bancos extranjeros y pocas reestructuraciones exitosas (Banco Río y Galicia, por ejemplo)".

Castelli enumeró una gran cantidad de desafíos pendientes a los que se expone la Argentina: "descalces de moneda y vencimiento, pérdidas ocultas en los Balances de los Bancos, solvencia del sistema financiero, ambiente competitivo (bancos públicos han aumentado su participación pero tienen otra dinámica de competencia y desarrollo) reformas estructurales como reconstruir el sistema financiero, finalizar la revisión del sistema regulatorio y de las tarifas de servicios públicos, establecer un acuerdo a largo plazo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), concretar una reestructuración sostenible de la deuda y la eliminación de impuestos distorsivos. Además, hay que destacar que la incertidumbre en materia regulatoria y legal continúa afectando a la actividad crediticia".

Desde diciembre de 2001 la calificación de la Argentina es "Selected default" (incumplimiento de pago selectivo): S&P considera que se trata de un incumplimiento en relación con una emisión específica o clase de obligaciones, pero que el emisor continuará honrando otras emisiones o clases de obligaciones dentro de los plazos establecidos.

Para analizar un país se considera el ambiente político, económico, la fortaleza de las instituciones y la volatilidad de todas las variables: inflación, tipo de cambio, crecimiento del país, actividad económica, calidad de las empresas, estado del sistema financiero. También se observa la volatilidad de las instituciones, cómo se desarrollan los procesos eleccionarios, cuán ordenadas y suaves son las transiciones entre un gobierno y otro, cómo son los cambios de políticas entre una administración y otra, si hay una determinada continuidad en las instituciones y los marcos regulatorios. A partir de esas variables, más allá del déficit fiscal, la balanza comercial, es que se determina qué capacidad y qué voluntad tiene el país de cumplir con sus acreedores y ahí es donde sale la calificación.