Denuncia penal contra Rovira por violar el presupuesto

El jueves pasado ingresó en la Fiscalía de Instrucción 2 de Misiones, una denuncia penal contra el gobernador Carlos Rovira; su jefe de Gabinete, Maurice Closs; secretario de Hacienda, Daniel Rubén Hassan, y el contador General de la Provincia, Ángel Horacio Franco, acusados de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y de haber asumido, en su condición de autoridades ejecutivas, funciones legislativas no delegadas por la Cámara de Representantes, todas cuestiones vinculadas a la no ejecución del presupuesto provincial 2004 y a la utilización ilegal de prórrogas de partidas correspondientes al ejercicio 2003, dispuestas por decreto de Rovira.

La denuncia contra el Gobernador de Misiones, Carlos Rovira y algunos miembros de su Gabinete, fue elevada al fiscal Atilio León por los diputados Fabiana Perié (Mid), Carlos Alberto Báez (Fregen) y Jorge Lisandro Galeano, que a título informativo también piden se libren oficios a 57 funcionarios de la administración con responsabilidad operativa y presupuestaria, a fin de que informen sobre los pagos que realizaron este año y si los mismos se ajustaron al presupuesto 2004 aprobado por la Cámara. Por el ejercicio fiscal aludido, se planteó un conflicto de poderes que debe resolver el Superior Tribunal de Justicia.

"Seguiremos denunciando, todas las semanas vamos a presentar denuncias penales contra Rovira y sus funcionarios, porque consideramos que en Misiones estamos en estado de total ajuricidad", advirtió Galeano a la prensa, remarcando que los diputados no van a ceder ninguna facultad legislativa "que eso quede claro y si Rovira y su gente tienen la ilusión que vamos a avalar la práctica inmoral de un poder que usa todos los poderes para sí, están perdidos, por lo menos mientras esté esta Cámara no habrá aval", disparó.

Galeano, reconoció, prefiere el trámite penal al juicio político para las acusaciones contra Rovira ya que, observó, es seguro que el bloque renovador abortará con su voto, cualquier proyecto que vaya en contra del Ejecutivo.

Perié, a propósito de los funcionarios no políticos involucrados en la denuncia, aclaró que por la Ley de Contabilidad los directores de administración tienen la obligación de ejecutar el presupuesto y, si no lo hacen, son responsables, salvo que hayan hecho las advertencias y el deslinde respectivo de responsabilidades.

Según Galeano, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario queda probado en razón de que el Ejecutivo cumplió algunas de las normas del presupuesto 2004 sancionado por la Cámara, pero con otras no lo hizo. "Es decir que seleccionó lo que le sirve y descartó lo que no le sirve, pero quedó en claro que lo que rechaza Rovira es que el presupuesto aprobado no le dio la potestad del fideicomiso y la delegación de facultades a las cuales estaba acostumbrado y que por lógica recuperó la Cámara, ese fue el motivo de su cuestionamiento, porque los números son exactamente iguales", aseveró.

En la denuncia, encuadrada en el artículo 248 del Código Penal, se consignó que el Ejecutivo administró los fondos públicos en base al presupuesto 2003, que "materialmente no tiene vigencia legal", "omitió cumplir y hacer cumplir el presupuesto 2004", e incumplió la ley 2303 de Contabilidad de la Provincia y "las disposiciones constitucionales acerca de la forma en que deben disponerse los fondos públicos".

En ese sentido, se enfatizó en que la prórroga del presupuesto 2003 fue legal hasta el día en que se publicó en el Boletín Oficial la ley de la Legislatura, sancionando el Presupuesto 2004 (Boletín Oficial 11188, del 14 de enero pasado). "Por eso, a partir del 15 de enero fue ilegal, inconstitucional, delito, usar el presupuesto 2003 en lugar del 2004".
También señaló que lo ocurrido a partir de esa fecha, fue "una violación masiva, consciente y querida de la ley vigente, cometida por funcionarios públicos, y por tanto se trata de un caso notorio e inocultable de violación de los deberes de funcionario público que -así como quien roba y luego devuelve lo robado no purga el delito- tampoco podrá ocultarse ni en caso de un eventual fallo del Superior Tribunal, haciendo lugar a la acción de inconstitucionalidad y conflicto de poderes planteados por el Ejecutivo".

# Closs, "sanador jurídico"

Galeano tildó de "sanador jurídico, un hombre que resucita muertos" al jefe de Gabinete, Maurice Closs, por haber puesto en vigencia una ley derogada, con una resolución.

"Es una cosa nunca vista en la historia del derecho, por eso aconsejo a los que tengan problemas judiciales que vayan a ver a Closs, que seguramente les va a resucitar sus derechos, como está haciendo ahora con leyes derogadas. Es un escándalo en cualquier lugar del mundo, pero no en Misiones".

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