Duro documento del Colegio de Abogados sobre la delincuencia

El Directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió hoy la sigueinte declaración:

Más impunidad para la delincuencia

1- La suspensión del juicio a prueba, también llamado probation, es una ley que junto a la condena de ejecución condicional se constituyó en otro beneficio más para la delincuencia. Se permite, con ella, que una persona imputada y en dos causas condenada, pueda cometer hasta cuatro delitos sin que reciba ninguna sanción.

2- La probation estableció como límite para su posible aplicación que la pena prevista en el Código Penal no superara los 3 años de prisión.

3- Como la finalidad de la ley, públicamente reconocida por las autoridades ejecutivas y el Congreso, estaba vinculada con la necesidad de evitar que los presos ocupen plazas en las cárceles, muchos tribunales orales comenzaron a darle una interpretación a la ley mucho mayor que la que nacía de su texto, y resolvieron suspender el proceso en aquellas causas en las que la pena que le iban a imponer no era superior a los 3 años, lo cual es muy distinto a que el delito imputado tuviese previsto en el Código una pena máxima de 3 años.
Puede verse como ejemplo que con esta interpretación, los estafadores recibían el beneficio aun cuando la pena amenazada por el Código es hasta 6 años de prisión. Esta interpretación fue rechazada por la Cámara Nacional de Casación Penal, el Tribunal de mayor jerarquía en materia penal de la República.

4- No obstante lo expuesto, la Procuración General de la Nación, que ejerce la jefatura de los fiscales nacionales, obliga a estos a aplicar la tesis amplia con el argumento de que los delincuentes primarios no deben sufrir una estigmatización. Es decir, que le preocupa más al fiscal la vida de los delincuentes que la de los ciudadanos a merced de éstos.

En este cuadro intolerable de desinterés por la seguridad pública e individual garantizada por la Constitución, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires reclama que se ponga fin a las leyes, decretos y resoluciones dictadas en beneficio de la delincuencia.

Asimismo, debe iniciarse una acción seria, profunda y terminante contra grandes sectores de la policía que se encuentran corruptos, contra integrantes de los servicios penitenciarios que usan sus cargos también para delinquir, utilizando a los detenidos y, finalmente, que no se designen más funcionarios y jueces que crean que el problema de la seguridad argentina se resuelve con mayor liviandad contra los delincuentes y no aplicando la ley con la severidad permitida por ella.

No se trata de aumentar penas, sino de aplicar las existentes y derogar aquellas disposiciones favorables a la impunidad de quienes atentan contra los valores esenciales del hombre, tales como la vida y su libertad.

Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.-

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