Guerra de encuestas en Uruguay e importante apuesta del FA

A poco de las elecciones de octubre en Uruguay, los dirigentes del Partido Colorado que están terceros en las encuestas cuestionaron a la empresa Factum que debió publicar un aviso que da cuenta de los lugares donde realiza el relevamiento de datos. En tanto, el Frente Amplio –primero en los sondeos- presenta hoy un plan de emergencia que parece contar con el apoyo de toda la izquierda.

Para quien no figura en los primeros lugares de la preferencia electoral, las empresas encuestadoras pueden ser un blanco fácil de atacar. Ello ocurre con los dirigentes del Partido Colorado -tercero y lejos según las encuestas- que han cuestionado a estas empresas, Informa La República.

Este fin de semana, y a manera de respuesta a esas críticas, la encuestadora Factum publicó un aviso en el diario El Observador en el que da cuenta de los lugares donde realiza un relevamiento de datos.

Dichas encuestas se "hacen en todo el país, urbano y rural", sostiene Factum en el título del aviso.

En la nota agregan que las encuestas se realizan de manera "personal, cara a cara". "La población rural dispersa fue relevada en las secciones censales correspondientes a las localidades referidas", explica.

La última encuesta de Factum, indicó que el Encuentro Progresista-Frente Amplio lidera las preferencias electorales con un 49%. El Partido Nacional tiene el 32% y el Partido Colorado 11%.

# En Campaña

Tabaré Vázquez presenta "El Uruguay Social", un plan de emergencia que parece contar con el apoyo de toda la izquierda, mientras que el Partido Colorado cuestiona el excesivo gasto que ocasionará. Raúl Sendic dijo a Observa que se financiará con el "presupuesto nacional y la recaudación fiscal" y permitirá "ahorrar en la distribución de comida del INDA"

El diputado Raúl Sendic, del Movimiento 26 de Marzo, dijo a Observa que compromete su apoyo al Plan de Emergencia que presenta este lunes Tabaré Vázquez en el salón azul de la IMM.

Sendic dijo que este plan es "impostergable y necesario", destacando la creación del llamado "salario social", tendiente a brindarle un sueldo mensual, aún no determinado, "a los hogares con menores ingresos".

Días pasados el ministro de Economía, Isaac Alfie, dijo a Observa que este plan le costará al Estado "cerca de US$ 300 millones", los cuales, aseguró Alfie, "no dijo cómo financiará", suponiendo incluso que "¿deberá crear impuestos, acaso?".

Por otro lado, el diario El País, informa que sea cual sea el próximo presidente, si es aprobada la reforma del agua y éste no le quita las concesiones a las empresas privadas que gestionan los servicios de agua potable y saneamiento, la Comisión Nacional en Defensa del Agua iniciará acciones judiciales para lograrlo, según dijo Adriana Marquisio, vicepresidenta de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) e integrante de la comisión.

La dirigente indicó que todos los servicios vinculados al agua deberán ser brindados por el Estado si la reforma es aprobada.

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