Las políticas del avestrúz

POR RICARDO A. MOLINA (*) Durante estos últimos días el Gobierno ha generado una serie de noticias vinculadas con el sector energético, de las que los medios de prensa han dado debida cuenta:

Aumentarían las partidas presupuestales de gastos del año próximo para destinar mayores recursos a paliar los efectos de la crisis a los sectores residenciales (el 2005 es un año electoral).

El Gobierno presiona a Petrobrás y a Repsol para que inviertan en las ampliaciones de TGS y TGN, respectivamente.

En la Cámara de Diputados están tratando los proyectos de ley de creación de ENARSA y del Régimen Nacional de Servicios Públicos.

El Ministro Lavagna se retiraría de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos.

Vamos a repasar estas noticias y a correlacionarlas entre sí, para describir el escenario actual y sus consecuencias.

La decisión de aumentar el nivel de gasto público para ocultar los efectos de la crisis energética conlleva también la noticia que el Gobierno ha asumido, finalmente, que tenemos una crisis y que la misma se está agravando como consecuencia de su propia resistencia a impulsar soluciones de fondo. El grueso de este incremento del gasto seguramente se destinará a compensar el mayor costo de generación eléctrica a través del Fondo Compensador (totalmente desequilibrado desde el 2003) y a la "exitosa" importación de fuel oil de la hermana República Bolivariana de Venezuela, asegurándose así que las tarifas eléctricas a los sectores residenciales no sufrirán modificaciones.

La importación de fuel oil a PDVSA, contratada sin licitación pública y anunciada estruendosamente por nuestro Ministro De Vido, está camino a convertirse en un nuevo escándalo nacional. Según investigaciones que se están desarrollando ni una sola gota de dicho combustible procede de Venezuela, los precios pagados son superiores a los que figuran en el contrato de importación además de ser más caros que los ofrecidos por otras empresas (ver LA NACIÓN, 5/7/2004), hemos pagado sumas millonarias en dólares por sobrestadías de buques en nuestras aguas, hemos recibido barcos que no descargaron su carga en nuestros puertos, en fin una larga serie de irregularidades que, como siempre, tendrán un elevado costo para todos los argentinos, excepto para los pocos que se habrán beneficiado. Para completar el tema debemos recordar que el Ministro De Vido ya viajó a Venezuela a renovar este "conveniente" contrato para el año que viene.

En este punto es interesante recordar a ENARSA, un "mamarracho jurídico" tal como lo definió Ricardo López Murphy en el Foro Anual del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Entre las muchas críticas que este proyecto ha recibido desde todos los sectores, la de pretender evadir los controles del Estado sobre el manejo de los recursos públicos ha sido una de las más coincidentes. Entre las facultades que tendría ENARSA figura la de comercializador de hidrocarburos y derivados, así que resulta sencillo vincular aquella operación de importación de fuel oil con esta empresa del Estado y obviamente, con la opacidad como estilo de negocios.

Las ampliaciones de la capacidad de transporte de gas de TGS y TGN fue anunciada el 11 de mayo pasado en el marco del Plan Energético Nacional. Estas ampliaciones agregarán casi 6 millones de metros cúbicos diarios a la capacidad existente (alrededor de un 5%), ayudando a disminuir el déficit actual que se estima en el orden de los 15 millones de metros cúbicos diarios. El costo de estas ampliaciones es de u$s 480 millones. El Gobierno pretende financiar estas obras con los Fondos Fiduciarios creados, pero no consigue los aportantes. Por ello, inició una serie de presiones, públicas y privadas, a Petrobrás y a Repsol para que inviertan en este proyecto, sin embargo las empresas están reclamando reglas de juego que permitan un razonable recupero de sus inversiones en el largo plazo.

Y frente a este obvio reclamo de las empresas, el Gobierno impulsa la sanción de un Régimen Nacional de Servicios Públicos que echaría por tierra los marcos regulatorios del gas y de la electricidad. Este proyecto de ley también ha sido objeto de numerosas críticas no sólo por sus contenidos retrógrados sino por la oportunidad en que fue impulsado. En momento que el país está demandando nuevas inversiones genuinas, nuevas fuentes de empleo, un crecimiento sostenido para afrontar los costos del "default" y de la crisis devaluatoria del 2002, el Gobierno impulsa una norma llena de arbitrariedades que producirá el efecto contrario. Tampoco podemos olvidar los juicios internacionales iniciados por acreedores de la Deuda Pública y por accionistas de empresas de servicios públicos, cuyos resultados adversos a las pretensiones oficiales están comenzando a ser visibles, y con efectos económicos significativos en el corto o en el largo plazo.

En este contexto, el Ministro Lavagna anticipa su intención de excluirse de las negociaciones con las empresas prestadoras de servicios públicos, consciente de la escasa vocación de la Administración Kirchner para recrear un ambiente propicio a las inversiones y al crecimiento, a fin de proteger su elaborada imagen mediática.

En conclusión, el país está inmerso en una profunda crisis energética que se va agravando a medida que no se realizan inversiones y el Estado Nacional, a pesar del importante superávit fiscal no está en condiciones de afrontar los u$s 2.500 millones anuales de inversión que el sector requiere. La creación de ENARSA, el Régimen Nacional de Servicios Públicos, las escandalosas importaciones de fuel oil, el aumento del gasto público para ocultar efectos en medio de un proceso electoral y las políticas del avestruz para evitar la negociación con las empresas de servicios públicos, no son las medidas más adecuadas para recuperar el sendero del crecimiento y del bienestar general. Confiemos que de una vez por todas, la Administración Kirchner tome las decisiones correctas.

(*) Ricardo Molina: Consultor en temas energéticos y miembro de la Comisión de Energía de Recrear.

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