"La Unidad Fiscal antiterrorista no resolverá nada"

A seguir, la opinión de un usuario sobre Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos, quienes estarán al frente de la comisión investigación del caso AMIA.

Sr. Director:

Asiste razón a U-24 en cuanto exige que la investigación del atentado a la AMIA se encuentre a cargo de especialistas en la materia. Pero lo que sucede es que en la actualidad las propias normas legales procesales se encargan de desvirtuar los fines no sólo de esta investigación,sino de cualquier investigación criminal.

En la práctica se solicita que funcionarios especializados en un área tan delicada se hagan cargo de una investigación, en este caso, de singular envergadura.

No conozco la causa,pero si el doctor Galeano, según los medios,estaba al frente de la investigación,es que en su oportunidad el Juez no había delegado la instrucción sumarial en la Fiscalía.

En ese caso la Unidad Fiscal creada, en nada resuelve el tema en cuestión.Si la delegó el magistrado, es evidente que no habría resultado apropiado hacerlo en esas condiciones. Entiendo que se hace necesario proceder a reformar nuestro código procesal federal a fin de ingresar de lleno en el sistema acusatorio puro.

Recién de esta forma, el Señor Procurador General de la Nación debería designar a un equipo de fiscales a fin de que, con el auxilio de las fuerzas especializadas de seguridad, procedan a practicar las diligencias del caso para esclarecer los eventos e individualizar al o a los autores del hecho. Si se llegara a sancionar esta reforma, los fiscales podrían presentar el caso ante un Jueza fin de que este magistrado decida si procede o no elevar las actuaciones a juicio.

Con lo que evitaríamos inútil dispendio jurisdiccional, tal como sucedió anteriormente en la misma causa, conforme lo que se ha comunicado oportunamente por los medios. Destaco a consideración de todos que es inútil buscar chivos expiatorios, la culpa, si es que hubo alguna, ha sido única y exclusivamente del sistema actual.

El Jury de Enjuiciamiento debería solicitar al Consejo de la Magistratura que requiera al Congreso de la Nación se reforme la ley y que decidan los legisladores delegar la potestad de reformar los código procesales, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como en los EEUU, donde esta práctica sencilla ha dado excelentes resultados,ad referéndum del Congreso Federal, a fin de abreviar los trámites.

Manuel Figuerero Caravías.

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