Estafados por el Estado contra Economía

Una carta del funcionario del Ministerio de Economía, Osvaldo Siseles, al diario La Nación, ratificando la necesidad, en su momento, del 'corralito' financiero, fue respondida por los estafados por el Estado nacional, quienes temen que el abogado procure presionar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que debe fallar sobre este tema:

Ref.: Nota firmada por el Doctor Osvaldo Siseles

Han transcurrido casi 34 meses desde el dictado de las normas que establecieron el corralito y el default, las que provocaron una transferencia de ahorros de la mayoría de la población argentina a una escasa minoría de ella.

Este despojo pretende ser "legalizado" por la mayoría de sus beneficiarios, como:

--los bancos por su protagonismo en la confiscación,

--el Estado por su complicidad,

--los industriales por su ineficiencia,

--los empresarios por su desidia,

--los grandes deudores por su pesilicuación,

--los jueces por su denegatoria de justicia,

--los políticos y los legisladores por su cómplice silencio e inoperancia.

En nuestro carácter de representantes de la Asociación de Ahorristas de la República Argentina quisiéramos expresarle al Subsecretario Dr. Siseles nuestra opinión respecto a la suya, publicada el 15/09/04 en La Nación bajo su firma, referida a los fallos del Poder Judicial la que es, al menos, subjetiva debido a que hay jurisprudencia en primera y segunda instancia y Fallos de la Corte Suprema concordantes que establecen que las normas que él denomina "pesificación" son inconstitucionales y tomando como ejemplo el caso Falcón que está entre los que cita el funcionario, quien pareciera dejar entrever que el máximo tribunal se expidió en este caso sobre el fondo de la cuestión, no siendo así ya que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala I) declaró desierto el recurso de apelación, y ordenó al Estado Nacional (Ministerio de Economía), el pago de las sumas adeudadas en concepto de cuota trimestral por intereses y amortización de capital de los bonos de deuda pública, mientras que finalmente la Corte avaló la postura del Ejecutivo respecto a que no estaba desierto el recurso de apelación, no expidiéndose sobre el asunto de fondo.

Con respecto a la emergencia económica, los tribunales inferiores y la misma Corte han manifestado que tal emergencia no puede ser una cuestión recurrente; como muy bien cita el Dr. Siseles, este tipo de emergencias se han reiterado a lo largo de nuestra historia, trayendo siempre como consecuencia que el Estado asuma la deuda privada mediante diversos mecanismos, como el seguro de cambio, la "tablita", convertibilidad, flotación sucia y todo a costa de la mayoría de la población que siempre está inerte ante estos abusos. La Corte ha justificado la adopción jurídica de remedios extraordinarios cuyo rasgo fundamental es la limitación temporal y razonable del ejercicio de los derechos. Y aún cuando se admitan restricciones como respuesta a la crisis que se intenta paliar, aquellas deben, necesariamente, reconocer el vallado de la justicia y la equidad, por lo que los medios elegidos no pueden desvirtuar la esencia de las relaciones jurídicas establecidas bajo un régimen anterior.

Por otra parte, el funcionario manifiesta que las medidas tomadas trajeron beneficios a la población en general, mientras lo que se observa es que: se incrementaron la pobreza y la indigencia; los salarios no aumentaron acorde con la canasta familiar; no hay inversión y, claramente, una pequeña parte de la población se enriqueció a costa de la mayoría de la misma. ¿Quién de los dos está distorsionando la realidad?

Con respecto al poder adquisitivo versus dólar, disentimos con su postura, más aún, si se trata de depósitos, ya que a la persona que entregó un bien sin importar el precio del mismo, en depósito o custodia a cambio de un interés, no se le puede aducir que el precio ha cambiado por lo que se le entregarán menos bienes. Para ser más gráfico, supongamos que entregamos 10 toneladas de soja (dólares) a un Silo (banco) y cuando queremos retirarlos, el dueño del silo nos entrega la mitad porque el precio de la soja se duplicó: sería tan confiscatorio como lo son las medidas dictadas por la pesificación.

Tal vez el Dr. Siseles desconozca que el Ministro de Economía y Producción reconoció en un reportaje concedido a la BBC el domingo 13 de octubre de 2002, que el corralito constituye una ruptura de contrato, y que esto, efectivamente, se iguala a un robo.

Por último, ¿cómo se debe entender su razonamiento de que los ahorristas deben aceptar la pérdida, si su propio Ministro estableció canjes con los depositantes bancarios, a quienes les entregaban el 100% de sus depósitos a valor nominal? ¿Deberemos entender que el Ministro estaba endeudando al Estado sin razón? ¿No lo movía, acaso, una razón de equidad o justicia considerando sus citados dichos a la BBC?

No participamos de la decisión antes tomada ya que, nuevamente, el Estado asume una deuda, que no era suya, a costa de toda la población y luego, ese mismo Estado, es el que manifiesta a los tenedores de bonos que no les puede abonar sus títulos y pretende efectuar una quita sobre los mismos, equivalente a la deuda indebidamente asumida.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tal vez resuma más claramente el sentir de muchos argentinos: "No es el mercado el que someta al hombre a sus reglas, sino que el mercado debe adaptarse a los moldes constitucionales". Contradiciendo lo que nos dijo un importante funcionario del actual gobierno respecto a que la Ley de Intangibilidad no tenía sustento económico por lo tanto era y es inviable, esto puede significar varias cosas, entre ellas, que es escaso o nulo valor que se le daría a la Ley, y el engaño de los legisladores que votaron dicha norma a la población, si coincidieran con este pensamiento.

El fondo de lo que se está debatiendo en esta cuestión es si en nuestro país va existir seguridad jurídica o seguridad de negocios para algunos a costa del resto de la población. ¿Qué tipo de sociedad es la que queremos? ¿Inequitativa y sin memoria?, esto último como lo manifestara un alto funcionario a quien recientemente no le renovaron su "mandato" y no por esto precisamente. ¿Existe alguna duda acaso?

Solo es importante que recordemos que con la noche de los bastones largos se llevaron la educación, con dichos como "caramelos o acero" se cerraron las industrias, con el argumento de un estado ineficiente se regalaron las empresas estatales y hoy tenemos un estado ausente en todas las áreas, alta desocupación, desnutrición infantil, deserción escolar, incremento de analfabetos, inseguridad y denegatoria de justicia. Por eso preguntamos ¿cuál es el límite para decir basta? ¿Cuándo la dirigencia actual dará un paso al costado? ¿Cuándo los ciudadanos actuaremos como tales y nos comprometeremos con la cosa pública? Son muy importantes los asuntos públicos para dejárselos sólo a los dirigentes.

Extrañamente, al contrario de lo que sostiene el Dr. Siseles, consideramos que estas medidas han servido para agravar la crisis, pero independientemente de ello, debe prevalecer la seguridad jurídica sobre las económicas porque de otra manera, solo regiría la conveniencia económica de los sectores de mayor poder o lobby y nuestro país dejaría de ser una Nación.

Comisión Directiva de AARA

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