La Mano Negra pasó por Riobamba y Rivadavia

Un preocupante incidente le ha ocurrido al diputado nacional Carlos Francisco Dellepiane, autor de un pedido de informes al ministro de Economía, Roberto Lavagna, acerca de una viscosa situación existente en la Secretaría Legal y Administrativa de su área de influencia.

El pedido de informes de Dellepiane fue reflejado por Edición i en una nota, dos semanas atrás, explicándose que era la primera mancha de sospecha de la posible comisión de ilícitos en el Palacio de Hacienda que, hasta el presente, ha sido –para la opinión pública- un ejemplo de transparencia y probidad. La denuncia menciona a varias empresas, incluyendo a la controvertida Meller.

De acuerdo a la denuncia recibida en la Comisaría 5ta., de la Ciudad de Buenos Aires, por el oficial principal Marcelo Velázquez, de la Policía Federal Argentina, la secretaria personal de Dellepiane, María Cristina Giambrone, fue abordada, cuando se aprestaba a ingresar al edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, por tres hombres, uno de los cuales le advirtió: "Decile a tu diputado que se calle la boca o lo van a pasar mal".

Las actuaciones sumariales fueron caratuladas como ‘amenazas’ e interviene la Fiscalía Criminal de Instrucción Nº 43, a cargo de Felisa Elena Krasucki.

Archivo. La nota de Edición i afirmó que, en los corrillos de la política se menciona a un tal ‘Ratón’ como un funcionario cercano al ministro Roberto Lavagna. Aparentemente, el ‘Ratón’ es Eduardo Ángel Pérez, su secretario Legal y Adminitrativo.

Pérez es la persona que debe dar cuentas en un pedido de informes presentado por el legislador Partido Nuevo-Buenos Aires (participa del Interbloque Federal), Carlos Francisco Dellepiane, ex intendente de Chivilcoy.

Dellepiane puso su lupa sobre la Subsecretaría de Normalización Patrimonial y se refiere a la Coordinación de Entes Liquidados.

Pérez tiene dos subsecretarios. Uno es el Legal, Osvaldo E. Siseles; otro es el de Administración y Normalización Patrimonial, Andrés E. Troha. Para comprender la importancia de esta burocracia de Economía hay que considerar que Pérez-Siseles-Troha han decidido sobre casi 30.000 expedientes.

Los problemas comenzaron con la creación de una área, dentro de la Dirección General de Administración y Normalización Patrimonial, llamada Delegación 1. Todos los expedientes en trámite de más de $ 100.000 habrían sido absorbidos por la Delegación 1.

Por ejemplo, el del buque tanque Navenor, por el que –en un expediente vinculado al Fondo Nacional de la Marina Mercante-, Economía autorizó un pago a Astillero Mestrina de $ 5.408.498. La denuncia se referiría a que Economía pagó cuando había prescripto un contrato originario firmado en el año 1981, pero resuelto en año 2003, 22 años después.

Quién recibió el dinero fue una compañía llamada Donatel S.A., acerca de la que no se consiguen antecedentes en la Argentina.

Dellepiane le ha pedido a la AFIP que le informe si Donatel es una persona jurídica inscripta ante las autoridades impositivas.

De todos modos, los interrogantes más importantes acerca de la actuación de esta repartición de Economía se refieren al ‘caso Meller’.Un consultor de la empresa Meller afirmó –pidiendo reserva de su identidad- que la Coordinación de Entes Liquidados refrendó el monto del reclamo que, luego, aprobó la Corte Suprema.

La pregunta era obvia: ¿si le costó el cargo a cuatro de cinco ministros de la Corte, qué ocurre con los funcionarios de Economía? La decisión habría sido autorizar un pago con bonos equivalentes a entre $29 millones y $30 millones.

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