Contratar trabajadores es una irresponsabilidad social

POR GUSTAVO LAZZARI (*) La legislación laboral en la Argentina es aceptada y aplaudida por todos. Sin embargo, es una de las responsable de la miseria y la pobreza que sufren millones de personas.

Los sindicalistas se vanaglorian de haber logrado "sus conquistas sociales". El ministro Tomada, la corte (neo) adicta, el presidente Kirchner y el resto de los ministros consideran que cuanto mas penas y regulaciones mejor se defenerá el empleo.

Los seis millones de inmigrantes vinieron a la Argentina entre 1853 y 1930 solo estaban protegido por sólo seis (sí seis!!) artículos del Código Civil de 1871. No había desempleo, y los trabajadores progresaban como nunca lo habían soñado.

Con el correr de las décadas, se legislaron decenas de miles artículos en todo el país y en diferentes leyes, convenios, decretos y reglamentos intentan proteger a los trabajadores. Sin embargo, tanta artillería a favor no impide que millones de personas en lugar de venir, emigren, que el desempleo sea una amenaza cierta y que media argentina esté situación de pobreza.

Paradójicamente la batería de leyes protectoras no pudo evitar que los "protegidos" decidan emigrar, buscando otros marcos institucionales y otras posibilidades.

Lamentablemente el presidente Kirchner no se pregunta: ¿por qué los trabajadores protegidos por el ministro Tomada, los sindicatos, los piqueteros y líderes sociales, por la corte adicta y la no adicta, por los medios, por los juzgados laborales, por miles de abogados y por la policía laboral todavía forman fila en los consulados de España e Italia?

¿Es que la gente no comprende cuan protegida está por las leyes?

¿O será que las leyes protectoras no generan protección sino pobreza?

¿No debería preguntarse el presidente qué tiene de ineficaz el enorme andamiaje legal y burocrático que tres de cada cuatro empleos que se generan no se registran?

¿a qué se debe tanto rechazo a la ley?, ¿por qué la gente no acepta en forma masiva y contundente el generoso apoyo que le da el estado y sus románticos dirigentes?

La respuesta es una sola: la ley laboral es la madre de la pobreza y el desempleo. Impone tantos costos y regulaciones que quienes tienen que contratar trabajadores lo piensan una y mil veces.

En la Argentina un contrato laboral es mas rígido que un matrimonio civil. Despedir personal suele ser mas oneroso que un divorcio conflictivo. Y no es un juego de palabras o un chiste de mal gusto. Basta hacer las cuentas conforme a los mandatos de la ley que tanto defienden los funcionarios que desconocen el problema puesto que disfrutan del eterno seguro de desempleo que supone la burocracia estatal.

Un ejercicio real, muestra por qué la ley laboral (indemnizaciones, falta de movilidad, industria del juicio) es la causa principal del desempleo y la pobreza.

Si hoy una persona decide instalar una Pyme contratando a sólo diez personas con un salario promedio de $ 1000, automáticamente estaría generando una deuda que en pocos años lo llevará a la quiebra inexorable.

Suponiendo que actualiza el salario a una tasa del 3% anual. (supuesto muy inferior a los decretazos de la actual administración), y que al cabo de diez años deba cerrar su negocio, el monto a pagar en concepto de indemnizaciones será de $ 268.783 pesos!!!. (Teniendo en cuenta, un mes por año trabajado, dos meses por preaviso, y la duplicación de la emergencia económica).

Es decir que si dentro de diez años, el negocio no es mas negocio, o sucede alguna de las cientos de circunstancias que en todo mercado pueden suceder, nuestro empresario ya tiene un pasivo de casi cien mil dólares !!

Todo sin recibir un centavo en ningún momento. Su único "pecado" fue confiar en un negocio y contratar trabajadores. Esto hace que hoy contratar trabajadores en la Argentina es un acto de extrema irresponsabilidad empresaria. La ley desfavorece la contratación de mano de obra. El empresario o comerciante que contrata empleados está poniendo su negocio en serio riesgo de supervivencia en el mediano plazo.

La situación es mucho peor para las empresas que ya cuentan con cierta antigüedad. Una Pyme familiar de 25 empleados con 20 años en el mercado, además de haber soportado los dislates gubernamentales de las últimas dos décadas sabe que dentro de diez años tendrá un pasivo de mas de 1.500.000 pesos siguiendo los mismos supuestos.

Es decir que las pymes que jamás recibieron un crédito, un subsidio o siquiera un saludo del gerente de su banco sabe que por el solo hecho de contratar trabajadores, tiene una deuda millonaria y escalofriante.

¿Con esto quiere el Sr. Presidente bajar el desempleo y recuperar la "dignidad del trabajo"?

Es necesario, en forma urgente, derogar todas las normas indemnizatorias aunque mas no sea para los nuevos contratos laborales. De esta manera los juzgados laborales dejarán de constituir los cementerios legales de pymes emprendedoras.

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(*) Fundación Atlas.

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