La caldera del Diablo

POR HECTOR SIMEONI La provincia de Buenos Aires en general y la zona del Conurbano en particular se han convertido en áreas ultrasensibles, colocadas siempre al borde de la explosión social y delictiva, Considerando el avance permanente de la marginalidad, ubicadas por las circunstancias socio- políticas al borde de la total anarquía social.

"Tengo un claro diagnóstico de la situación en la provincia: insuficiencia de recursos policiales, existencia de bolsones de corrupción dentro del personal policial, incremento del consumo de drogas y facilidad para su venta, bandas que actúan sin control, existencia de desarmaderos donde se reducen los automóviles robados e incremento del ejercicio de la prostitución tolerada por la policía".

La cruda descripción no pertenece, como podría creerse, a ningún dirigente opositor al actual gobierno sino que, a principios de esta semana, estaba contenida en el texto de una carta dirigida a los vecinos de la zona "más caliente" del país: los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre y Pilar y el diagnóstico lo firmaba el propio ministro de Seguridad provincial, el controvertido León Arslanián.

Con esta admisión particularmente dramática parecía cerrarse el primer capítulo de una crisis interna que se mantiene de manera sorda en el gobierno provincial y se hace pública a través de distintas declaraciones de sus principales personeros.

La saga comenzó hace unos días cuando el propio mandatario provincial, Felipe Solá, admitía con tono amargado que se sentía obligado a declararle inmediatamente la guerra sin cuartel al tráfico de drogas. El gobernador admitió que la venta y el consumo de estupefacientes de todo tipo (desde la llamada "pasta base" hasta el éxtasis) han "perforado" el tejido social del Gran Buenos Aires, convirtiendo a punteros políticos y simples vecinos en distribuidores.

Casi inmediatamente recrudeció aún más la ola de secuestros, ya permanente, en la zona Norte del Gran Buenos Aires y en la Casa Rosada se consideraba como un "error político" el anuncio porque, según un funcionario de primera línea cercano al Ministerio del Interior "cuando se va a atacar a los delincuentes nunca se les debe avisar con anticipación".

Casi novelesco.Pocos días después, el subsecretario de Seguridad provincial, Martín Arias Duval se presentó ante la Justicia para denunciar la existencia de un plan para atentar contra su vida, la del titular de la cartera y la del camarista Fernando Maroto. La fuente de la información habría sido un oficial policial, que se refugió en el anonimato para realizar sus revelaciones telefónicas, quien habría dado cuenta de lo hablado durante una reunión realizada en la DDI de San Isidro. Allí, siempre de acuerdo al infidente que habría sido testigo presencial del encuentro, habrían estado el titular de la Departamental, comisario mayor Rubén Cabrera; los comisarios Reinaldo Kemerer, Miguel Provenzano y Fernando Lentini, los oficiales inspectores Marinelli, Deruchi y Valler así como dos delincuentes apellidados Ojeda y Villalba. Según la denuncia de Arias Duval, a ambos malvivientes le habrían confiado durante el encuentro los complotados la misión de atentar contra las autoridades del área de seguridad y el funcionario judicial. Los intentos de asesinato deberían, además, coincidir con un recrudecimiento de la ola de delitos en la zona Norte.

Un día después de esta "revelación", Arslanián- llevando adelante su enésima "purga"_ removió a 37 oficiales y suboficiales de la fuerza, prácticamente todos los cuales prestaban servicios dentro de la jurisdicción de la Departamental San Isidro. El ministro, aunque parecía obvio que la medida estuvo conectada con la denuncia del supuesto complot realizada por su subordinado, negó tal circunstancia y, en cambio afirmó que los desplazados están sospechados de participar en secuestros extorsivos, tráfico de drogas y explotación de prostitutas, entre otros delitos.

De todos modos, Arslanián confirmó que, efectivamente, había existido una llamada telefónica anónima realizada desde una galería comercial de Vicente López y también deslizó la posibilidad de que existiera alguna relación con el plan para desestabilizarlo o matarlo y los secuestros de Patricia Nine (perteneciente a una acaudalada familia de la zona) y Laura Izaguirre, aunque manifestó no tener pruebas concretas sobre la casi novelesca conspiración.

A todo esto circulaban fuertes rumores acerca de que el gobernador Sola se encontraba molesto por la circunstancia de haberse enterado por las noticias de los diarios de la nueva "purga" policial. El gobernador, sin embargo, negó que existiera una relación tensa con su ministro de Seguridad, aunque se mostró poco dispuesto a avalar la denuncia que realizara el Ministerio. "Hay aspectos que no son creíbles, por ejemplo la misma reunión que dicen que existió. Pero yo siempre lo banco a Arslanián", afirmó. Solá tampoco se privó de elogiar públicamente al comisario mayor Cabrera: "Lo vi siempre muy operativo y muy diligente. La verdad es que de los otros elementos que podría haber de crítica a Cabrera, ninguno es demasiado grave". Pese a ésto volvió a avalar expresamente a Arslanián: " Mi apoyo es absoluto; yo me lo banco", repitió.

Por su lado, el despedido comisario Cabrera calificó de "falacia total" la afirmación acerca de la existencia de un complot y acusó al juez Maroto, camarista de San Isidro, de "haber armado" la denuncia.

Este magistrado ya anteriormente estuvo involucrado en episodios parecidos al actual. En el mes de diciembre pasado, un preso llamado Gustavo Acosta Ríos denunció que autoridades penitenciarias le habían propuesto dejarlo salir en libertad a cambio de que tiroteara los domicilios de Maroto y la defensora oficial, Marta Gómez. El recluso agregó que como se negó a aceptar la oferta vivía amenazado y temía por su vida y la de sus hermanos, también detenidos. Con esa denuncia llegaron a ser tres los presos que revelaron que autoridades penitenciarias planeaban matar o agredir al camarista Maroto.

Algo huele mal.Para el retirado comisario Cabrera el tema tiene "olor a podrido". Sobre la llamada anónima y posterior denuncia comentó: " Los anónimos no existen; son dañinos, traidores y cobardes y no tienen entidad. Todo fue armado". Sobre la purga, el policía fue tajante: "No hay fundamento. Se apoyaron en la ley de emergencia y echaron a cualquiera. La mayoría de los que están en la lista son gente intachable"."El gobernador estaba molesto con el ministro y ordenó que revisaran los legajos de los policías", dijo.

Al día siguiente de conocerse las 37 cesantías, un grupo de policías desplazados por la purga protestaron frente a la comisaría de la localidad de Victoria, para reclamar una explicación acerca de los motivos por los cuales fueron separados de la fuerza. Así fue como medio centenar de personas entre ellos vecinos, familiares y los propios policías cesanteados, junto a otros que permanecen en actividad, se concentraron frente a la seccional 3 de San Fernando, aunque improvisados voceros aclararon: "La comisaría no está tomada, simplemente la gente está manifestando".

El comisario Daniel González, quien era jefe de zona de San Fernando y fue involucrado en la purga reclamó: "Quiero que me digan por qué, después de 28 años de servicio, me echaron. Estuve 4 años en la comisaría primera de San Fernando hasta que en julio último fui ascendido a comisario inspector como jefe de zona". Y agregó un detalle que hablaría de la poca seriedad del procedimiento utilizado: " Me enteré por un compañero que estaba en una lista. El 16 de septiembre me declararon en disponibilidad preventiva y ahora surgió la declaración de mi prescindibilidad".

El nuevo jefe de la Departamental, comisario Guido Pesce admitió: " Los motivos de la prescindibilidad de esta gente los desconozco y no puedo dar ninguna clase de explicaciones".

La situación alcanzó un nivel insólito de confusión al comprobarse que por lo menos existían cuatro explicaciones públicas sobre la situación de Cabrera, un jefe sin duda prestigioso entre sus subordinados y los vecindarios de las zonas en la cuales se desempeñó a lo largo de su carrera. Por un lado, se lo involucró en el complot que denunciara el ministro (calificado de "infantilidad" por el propio virtual jefe operativo de la Policía, comisario mayor Jorge Iglesia). Por otra parte, según Arslanián, el comisario encajó en una de las categorías de desplazados (desempeño deficiente o involucramiento en ilícitos "pero, según dijo, no fue echado por la conspiración"); para el gobernador, en cambio, fue pasado a "retiro normal" porque llegó a la edad requerida y, según el propio interesado, él mismo ya había pedido el retiro hace dos meses y estaba esperando que se lo otorgaran de un día para otro.

Como se verá cualquier explicación adicional parecería sonar a poco seria, máxime cuando el comisario Cabrera todavía se pregunta porqué fue felicitado hace apenas diez días si lo iban a despedir enseguida.

Sospechosos y sospechados. En los ambientes policiales mejor informados se admite que algunos efectivos de la Dirección de Investigaciones (DDI) de San Isidro están desde hace tiempo sospechados de presunta vinculación con los secuestros que castigan, sugestivamente, casi cotidianamente de manera especial a la zona Norte (Juan Carlos Blumberg había realizado, en su momento, sugerencias concretas en ese sentido). Sin embargo, ninguno de los oficiales separados presta servicios en la DDI, se trata, en cambio, de personal con destino en comisarías, por lo menos a estar de los nombres de la lista que trascendieron.

Hace ya tiempo, unos 40 días, que el Ministerio de Seguridad bonaerense tiene intervenida de hecho a la Departamental San Isidro y lo único que ha logrado son nombres para una listas de disponibilidades pero aparentemente ningún caso que justifique la apertura de alguna causa penal fundamentada, con lo que los resultados de la investigación han quedado reducidos apenas a una medida administrativa discrecional.

Por otro lado, fuentes calificadas aseguran que existe un fuerte enfrentamiento entre el camarista Maroto y varios de sus colegas, comenzando por la propia Cámara de San Isidro, por el manejo del aparato judicial bonaerense (que serviría a quien lo controlara como un formidable instrumento político). La llegada de la doctora María del Carmen Falbo, una duhaldista incondicional pero independiente de los grupos que se enfrentan en el foro, indicaría que existe un cierto cansancio en el poder político por las permanentes denuncias de Maroto, las que, a pesar de ser numerosas, nunca han logrado ser confirmadas. Se le ha escuchado comentar en privado al propio gobernador que estas actitudes del magistrado no hacen más que enturbiar el ambiente político, profundizando la sensación de inseguridad e impunidad.

Licencia sin aviso. El propio Arslanián termina de protagonizar otro curioso episodio. Requerido por el gobernador, no pudo ser encontrado en La Plata, y en cambio apareció descansando en un lujoso spa (llamado Cipriani y ahora Mantra) del Uruguay. Se afirmó que esta circunstancia provocó un fuerte cambio de palabras, vía telefónica, entre Solá y su ministro.

El hecho de que trascendiera este episodio aparentemente anecdótico pero con un fuerte contenido de fondo, en el hipersensible mundillo platense, obligo a Solá a salir a confirmar por tercera vez públicamente, en poco menos, de 48 horas el respaldo que brinda a su subordinado. Claro que esta vez no lo hizo personalmente sino que envió a su vocero de prensa a desmentir que hubiera existido la pelea que hoy es comidilla en todo el ámbito platense.

Un vocero de Arslanián también fue enviado a dar explicaciones que sonaron a justificación: "Son solo dos días fuera del país. No había tomado un solo descanso desde que asumió el 13 de abril. El martes (dia de la denuncia del complot) trabajó en el ministerio hasta las 4, 30. No hay pelea y el ministro no considera renunciar".
Por su parte, el portavoz de Sola fue particularmente enfático: "Es absolutamente falso que el gobernador haya hecho algún reproche al ministro Arslanián. Nos remitimos a las últimas declaraciones de Sola de total apoyo a su gestión. Frente a informaciones mentirosas, que intentan crear confusión y división, el gobierno cierra filas y reitera su total respaldo al esfuerzo humano y profesional que está realizando Arlanián", dijo.
De todas maneras, fuentes calificadas insisten en asegurar que desde la denuncia del complot, la relación entre el gobernador y su colaborador no sería la mejor. Además, se desliza otra sugerencia: la de que la mala relación entre Falbo y Maroto esta motivada por una tremenda puja intestina por el control del poder judicial de la provincia de Buenos Aires.

El plan de León Arslanián para restituir la seguridad a los bonaerenses hasta ahora no ha dado sus frutos.

Dentro de la policía se insiste en que este fracaso es encubierto con los periódicos anuncios de "purgas institucionales" que tendrían fines eminentemente mediáticos. Se agrega que Solá no tiene más remedio que sostener a su ministro de Seguridad en cualquier trance por dos razones: a) su ministro cuenta con el apoyo expreso de Kirchner y de Duhalde; b) aunque quisiera hacerlo no tiene a la vista un nombre calificado para reemplazarlo.

Cuando los asuntos policiales y judiciales se mezclan con la política, se dan situaciones como ésta. Los policías corruptos y las zonas liberadas para facilitar la acción de los secuestradores es casi seguro que existen, así como los jueces que hacen la vista gorda ante determinadas situaciones y también que determinados hampones, por alguna razón, resultan "imposibles de localizar"-

Sin embargo, no es con cesantías masivas ni con denuncias tan espectaculares como difíciles de creer que se depura el panorama.

Todo lo dicho, por otra parte, no hace más que confirmar el aislamiento de un hombre cercado por las circunstancias. Su nombre: Felipe Solá.

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