La acción de amparo es impulsada en forma conjunta por la asociación de ahorristas que encabeza el actor Nito Artaza, la Fundación Bicentenario y la Asociación Civil de Defensa Ciudadana.

También la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (ADAPD), una de las entidades que representa a los tenedores de bonos minoristas de la Argentina, se expresó en contra del acuerdo y presentó, la semana pasada, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Esta asociación advirtió que los resultados del canje podrían manipularse para presionar a los acreedores privados para que acepten la oferta de renegociación de la deuda que realizará el Poder Ejecutivo.

El reclamo, además, que se realizará hoy en la Corte sostiene que el acuerdo entre el Gobierno y las AFJP "confisca parcialmente los aportes de 9 millones de afiliados".

De acuerdo a esas asociaciones, esos fondos suman US$ 16.200 millones y ya habían sido sometidos a quitas cuando quedaron respaldados para su cobro en dólares con la recaudación del impuesto al cheque, al convertirse en los préstamos garantizados.

Esos fondos además serán ahora reprogramados con plazos de hasta 42 años y sin la garantía del respaldo que tenían.

Vázquez, autoridad de Adapd, estimó que la aceptación del canje no superará el 50% de los US$ 82.000 millones en default.

En total, se estima que hay unos US$ 15.000 millones de bonos defaulteados en manos de acreedores minoristas argentinos en el país.

La presentación, realizada por Vázquez el 5 en Washington –en nombre de Adapd, la Fundación Bicentenario y Defensa Ciudadana–, se basa en la presunta "afectación de derechos y falta de seguridad jurídica en el caso de los trabajadores argentinos, los cuales se han visto privados de la recuperación de sus depósitos bancarios y de su renta en títulos de deuda".

Además, el escrito, de 13 páginas, denuncia la "posible licuación de sus cuentas de capitalización individual de aportes jubilatorios".