Hablando de falta de transparencia: Edición i presenta a Jorge Sobisch

POR TOMÁS VIDAL (*) Jorge Sobisch comparte la visión populista autoritaria de Néstor Kirchner. Neuquén no es muy diferente a Santa Cruz, con la excepción de que no se llevó el dinero de las regalías al exterior. Pero Sobisch no es el hombre que rescatará a la política sino más bien un gobernador que gestiona los recursos no renovables de su provincia pero es incapaz de generar con ese dinero, recursos renovables. Así lo vió la revista Edición i en su ejemplar en la calle:

Un porteño que viaje regularmente en el transporte público los lunes, tendrá la posibilidad de leer las 4 páginas del suplemento que el diario gratuito La Razón (GrupoClarín) le dedica a relatar las bondades de la provincia de Neuquén. Pero la realidad está muy lejos de ello.

El gobernador Jorge Sobisch es otro caudillo de manual, con los vicios conocidos, e incluso alguno novedoso y de propia factura.La distancia distorsiona.

La distancia tiene esos defectos: produce estereotipos. La distancia es capaz de producir, a los ojos de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, un Néstor Kirchner buen administrador, gobernador progresista, y hacedor de una provincia próspera, sin problemas y sin corrupción.

Visite Santa Cruz por estos días y pregunte sobre los problemas que sufre Sergio Acevedo, el sucesor de Kirchner que padece un defecto peligroso para el ‘modelo’: reprime menos la protesta social que su antecesor.

Y la maldita distancia, con la ayuda adecuada de algunos medios de comunicación que reciben pauta publicitaria provincial, puede intentar producir un Jorge Sobisch que asume el liderazgo de la nueva generación de políticos.

Además, la semana pasada Sobisch ha conseguido dos grandes victorias:

> el paso final de una complicada movida dentro del Poder Judicial neuquino, que sepultará todas las causas por corrupción abiertas contra su administración, y

> logró el acuerdo de la Legislatura provincial para llamar a una elección de convencionales constituyentes y reformar hasta el 80% de la Carta Magna neuquina.

Pero si el hábito no hace al monje, el éxito no oculta el error. Sobisch es hegemónico, autoritario, abundante en irregularidades en la gestión, y defensor de un modelo social que, pese a los beneficios que le produce el subsuelo abundante en hidrocarburos, no produce mano de obra calificada capaz de construir recursos renovables que sustituyan la riqueza que pierden los recursos no renovables.

Sobisch procura diferenciarse de Kirchner en su visión de la desregulación de la producción de hidrocarburos y otras cuestiones de política energética, pero ya los Alsogaray demostraron que reducir la derecha a cuestiones puntuales de la economía lleva al fracaso ideológico y al aislamiento popular.

No es un buen antecedente que Jorge Pereyra de Olazábal, al frente de los despojos de la UCeDé, procure que Sobisch abra su voluminosa billetera sobre los carenciados ex conmilitones de Jorge Pirra, Adelina de Viola y María Julia.

Luego del anciano Álvaro, quien ratificó la confusión ‘derecha = desregulación no planificada’ fue Domingo Cavallo. ¿Será por eso que José Luis Fernández Valoni, ex ‘cavallista’ hoy se dice ‘operador’ de Sobisch? En cualquier caso, es reiterar el error ya cometido, y eso no lo hace la gente inteligente.

El único escándalo protagonizado por Jorge Sobisch que trascendió a nivel nacional ocurrió con una cámara oculta difundida en el programa PuntoDoc (América TV) que exhibió al vicepresidente 1ro. de la Legislatura de Neuquén, Osvaldo Ferreyra, ofreciendo al legislador UCR Jorge Taylor poco más de US$ 190.000 vía un crédito del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), a cambio de obtener su apoyo para las ternas propuestas por el gobernador para completar vacantes entre los vocales del Tribunal Superior de Justicia.

Pero basta con ir a preguntar a Neuquén y se comprobará que no fue la excepción que confirmó la regla, ni nada de eso. Entre el gobernador Sobisch y Kirchner cuando era gobernador de Santa Cruz, no hay diferencias. Tampoco lo fue Carlos Menem en La Rioja ni Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires ni Fernando De la Rúa en la Ciudad de Buenos Aires. Si de Raúl Alfonsín no puede señalarse algo semejante es solamente porque su impericia para la gestión le impidió tener una experiencia como administrador antes de quebrar la Presidencia de la Nación.

Sobisch, como sus pares, demuestran la profundidad de la crisis moral, ideológica y cultural de los gobernantes argentinos, y la necesidad de una reforma profunda.

En Neuquén, hace algo más de dos años se produjeron tres vacantes casi simultáneas en el Tribunal Superior de Justicia, dos por jubilaciones y una por enfermedad.

La obsesión de Sobisch fue lograr que los reemplazos fueran los "correctos" para su proyecto político. Pero la primera terna que presentó generó demasiada resistencia.

Un legislador neuquino afirma: "Estaba integrada por Horacio Angiorama, abogado personal del gobernador; Carlos Silva, abogado del MPN y ex ministro de Gobierno; Marcelo López Mesa, funcionario judicial de menor rango, el único que podría haber pasado por ‘independiente’. Pero en ese momento, Sobisch no tenía mayoría en la Legislatura… por eso Ferreira inició sus ‘tratativas’ para convencer a Taylor".

El año 2003 pasó entre los avatares del escándalo de la cámara oculta.

Pero Sobisch fue reelecto sin complicaciones, y consiguió la mayoría en la Legislatura provincial.

Así, el 4 de enero de 2004, esa Legislatura designó, en sesión secreta, a los tres nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia: Eduardo Badano, Jorge Sommariva y Roberto Fernández.

Cuando Sommariva y Fernández eran camaristas, sobreseyeron a Jorge Sobisch en la ‘causa Taylor’, de la cámara oculta. Un bochorno.

Hasta último momento, la oposición trató de impedir que se desarrollara en secreto la sesión en la Legislatura.

Por esto, los bloques de diputados del PJ, ARI, Patria Libre, Recrear, MID y Participación de los Neuquinos se abstuvieron de asistir a la sesión confidencial.

En una legislatura de 34 miembros, los 17 diputados del MNP recibieron la adhesión de los cinco legisladores de Opción Federal (menemistas), y el legislador de la Unión Cívica Radical. Así, el oficialismo aseguró su mayoría simple.

Dentro del Poder Judicial neuquino se desarrolla, desde hace bastante tiempo, una sorda lucha de poder.

Uno de los bandos es encabezado por el fiscal de la Cámara del Crimen, Ricardo Mendaña, a quién respondía el anterior titular de la Fiscalía de Delitos de Acción Pública, Pedro Telleriarte. Según fuentes de la Justicia neuquina, este sector acumuló poder saltándose alguna de las normas de trato ‘políticamente correcto’ entre magistrados, y apoyados en una fuerte difusión mediática de sus acciones.

Pero cuando el recambio llegó al Tribunal Superior de Justicia, los nuevos vocales tenían cuentas pendientes con el grupo de Mendaña.

Por eso cuando Telleriarte fue promovido a juez de Instrucción se ocuparon de que el cargo de titular de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública lo ocupara Pablo Vignaroli, un enemigo del grupo de Mendaña.

Pero la fiscalía dirigida por Telleriarte había acumulado, durante los últimos años, todas las investigaciones de los presuntos hechos de corrupción del gobierno de Sobisch. Entre ellas, la causa de la cámara oculta.

El Banco Provincia de Neuquén Sociedad Anónima (BPN) es propiedad en un 95% del Estado provincial y en un 5% de capitales privados.

La administración del banco a manos del Movimiento Popular Neuquino se asemeja a la del ex Banco de la Provincia de Santa Cruz (luego reconvertido y privatizado en 50%) y a la del Banco de la Provincia de Buenos Aires, vaciado por lo menos en tres oportunidades desde 1983.

El modus operandi fue el mismo: el banco acumuló sucesivas carteras de créditos incobrables, otorgados en muchos casos a personas sospechosamente cercanas al poder, que luego fueron absorbidas por el Estado provincial para regularizar la situación de la entidad bancaria.

En diciembre de 2000 la situación del BPN se encontraba en una situación crítica. Por medio de la Ley 2.351 se dispuso que la nómina de deudores que tenían la peor calificación financiera, la Nº 5, pasara del BPN al Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo, Iadep.

La cartera ‘podrida’ ascendía a $ 140.315.420, que era igual cantidad en dólares estadounidenses. La transferencia tuvo un doble efecto: el BPN pudo mejorar su situación frente al Banco Central y sus deudores, más de 2.000, según la carpeta que se perdió en la Legislatura provincial, pudieron abandonar sin mácula el Veraz, porque ya no le debían a ninguna entidad del sistema bancario y financiero.

¿Qué es el Iadep? Es el sucesor del Fondo de Desarrollo provincial, y depende del BPN. En la práctica, comparten presidente y directorio. Al igual que todos los fondos estatales constituidos para el otorgamiento de crédito, éste tiene la ventaja de no sujetarse a alguna regulación bancaria. Entonces, el flujo del dinero puede ser direccional y secreto. Esto es relevante cuando los montos son abultados. El Iadep repartió en 2002, $ 46 millones; y $99,8 millones en 2003.

El 4 de julio de este año, el Iadep inició una megamoratoria para una cartera de 4.106 deudores incobrables por un monto de $241 millones, entre quienes se encontraban los $140 millones de la cartera transferida por el BPN en 2000.

Las ventajas ofrecidas fueron insuperables: quitas superiores al 50% para quien cancelara la deuda al contado, y para los créditos en dólares se aplicó el criterio de US$ 1 = $ 1, más beneficioso aún que la pesificación Duhalde, de US$ 1 dólar = $1,40.

Analizando la información existente en la página web del Banco Central sobre el BPN surgen varias reflexiones interesantes. La entidad arroja un patrimonio neto, resultado de la resta de activos menos pasivos, de $45 millones. Pero, en la cuenta Créditos Diversos, los bancos fueron autorizados a ingresar futuras compensaciones del Banco Central por la pesificación asimétrica y por préstamos garantizados.

La semana pasada el flamante presidente del BCRA, Hernán Martín Pérez Redrado, anunció que este "dibujo contable", ya no será posible, aunque a la vez aceptó iniciar el desembolso de las compensaciones adeudadas ya auditadas.

Si al patrimonio neto se le restan los $54 millones ingresados como Créditos Diversos, se descubre que el BPN tiene un patrimonio neto negativo de $9 millones. O sea que la provincia, ante esa eventulidad, debería encarar una inyección de capital adicional a la que realizó hace poco para obtener la autorización del plan de reencuadramiento a que lo sometió Alfonso de Prat Gay.

El 70% de los depósitos que posee el banco se denomina Sector Público No Financiero, o sea del Estado provincial; el 56% de la cartera de préstamos también corresponde al Estado provincial, lo que obliga a preguntarse qué ocurre con la actividad privada en una provincia de recursos tan abundantes.

Es verdad que la banca se derrumbó en la Argentina desde diciembre de 2001, que la economía privada se redujo en el país, etc. etc. pero, por esto, precisamente, la administración debería ser prudente y muy transparente.

Sin embargo, las sospechas de corrupción en la administración del Banco Provincia de Neuquen y el Iadep son abundantes y el paradigma del responsable del problema es el hoy ministro de Seguridad y Trabajo, Luis Alberto Manganaro, personaje que ingresó a la administración pública en 1993 como subsecretario de Hacienda, y fue presidente del banco hasta el año pasado.

Desde el 18 de octubre de 2002, Manganaro es investigado por la justicia, cuando el secretario general de ATE, Julio Fuentes, lo denunció por enriquecimiento ilícito.

Además, no satisface su gestión al frente del BNP por sus extraños criterios a la hora de adjudicar los créditos.

La lista de los deudores cuyos créditos pasaron del BPN al Iadep es el secreto mejor guardado de la Provincia, igual que lo fue en Santa Cruz la lista de los deudores del banco estatal residual.

Al respecto, existen cuatro denuncias realizadas. Pese a los insistentes pedidos de algunos oficiales de Justicia, el Gobierno sólo ha entregado una lista desactualizada.

El listado, en algún momento, ingresó a la Legislatura pero, misteriosamente, desapareció.

Nada ha sido probado, pero circulan algunos nombres de deudores cercanos al poder como los legisladores Carlos Alberto Macchi, Eduardo Dailoff, Oscar Alejandro Gutiérrez, María Ramón Gschwind; Jorge Andino (ex Fiscal de Estado) y Mario Ever Morán (el Emir Yoma de Sobisch).

Se dice, también, que una de las empresas que más dinero consiguió del BPN fue Sapag Hnos., propiedad Amado Sapag, un hermano de Felipe Sapag, adversario de Sobisch en el MPN pero líder histórico que, alguna vez, promovió a Sobisch. La empresa habría recibido casi $ 3 millones / US$ 3 millones, que nunca devolvió.

Uno de los únicos créditos investigado en detalle por Pedro Telleriarte, recientemente promovido a juez de Instrucción con el voto del MPN, fue el que recibió Laher Mercantil por $4,2 millones. El primer crédito lo asignó el Fondep en 1994, cuando Sobisch era gobernador, por $ 3 millones para una planta de asfalto en Plaza Huincul. Y aunque la firma no devolvió el dinero, el Iadep refinanció la deuda y le prestó más.

Otra de las causas que investiga la Justicia es por la Fundación Banco Provincia de Neuquen, un ‘agujero negro’ del cual se desconoce qué fondos maneja, cuánta gente emplea y a qué se dedica. En el pasado solía auspiciar actividades culturales, pero hace tiempo que dejó de hacerlo.

Se dice que la promotora porteña Liliana Caldini, allegada a Sobisch y a su mujer, ha realizado actividades sponsoreadas por la Fundación.

En los primeros días de agosto, el nuevo director del BPN, Félix Racco, buscando mejorar la imagen de la entidad, presentó una denuncia, por el desvío de $700.000 de una cuenta perteneciente a la Afip, a una sociedad fantasma.

El acusado, un ex empleado del banco llamado Miguel Sagarzazu, admitió haber cometido el ilícito, pero declaró que lo había hecho cumpliendo las órdenes de su jefe, Luis Alberto Manganaro.

Estas causas, sumadas a otras, alcanzan a 200, investigadas por la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. A cargo, desde hace un par de meses, de Pablo Vignaroli, quien pidió la remoción de los fiscales adjuntos, porque –según declaró- carecían de "química" con ellos.

En tanto, el Tribunal Superior de Justicia designado por Jorge Sobisch el 25 de agosto pasado, por medio del Acuerdo 3.778, dispuso un plazo de 15 días a los fiscales para determinar si existe delito en cada denuncia presentada.

La medida fue impulsada por Eduardo Badano, y ratificada por Jorge Sommariva y Roberto Fernández.

Varios juristas consultados coincidieron en que una investigación debe tener un plazo, porque es inconstitucional que una persona pueda ser investigada, o tener sus teléfonos intervenidos, por un período de tiempo indeterminado, sin informar a un juez ni avanzar con el proceso de instrucción.

Pero, a la vez, todos aceptaron que, para causas de delitos complejos como los producidos contra la administración pública, disponer de un plazo de 15 días es matar la causa.

El fiscal del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Tribug, jefe de los fiscales provinciales dijo que a él le correspondía la decisión de remover a los fiscales adjuntos.

Pero el jueves pasado, fue el Tribunal Superior de Justicia, en una especie de ‘per saltum’ autorizó el traslado de tres de los fiscales adjuntos (Cristina Beute, Miriam Pazos -ambas obtuvieron más votos que Vignaroli cuando se postularon para ocupar el cargo de fiscal titular- y Raúl Caffera).

El 4to. adjunto es Mauricio Zabala, quien pidió el pase a otra área en solidaridad con sus compañeros.

Quienes los reemplacen tienen apenas 15 días para leer los expedientes, algunos de ellos muy voluminosos, decidir si hay delito o no, quién o quiénes lo cometieron y, eventualmente, pedir que los citen a declaración indagatoria.

La falta de tiempo y de recursos tendrá como consecuencia la declaración de inocencia por prescripción de muchos funcionarios.

Jorge Sobisch puede dormir tranquilo... todavía.

Ninguna causa molesta se interpondrá ante sus aspiraciones presidenciales... por ahora.

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Edición i, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2004.

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