Insólito: Morales Solá presiona a Falú por el tema Boggiano

Joaquín Morales Solá se empeña en que Antonio Boggiano permanezca en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sus argumentos ya no resultan sólidos pero el hombre insiste. ¿Se lo pedirá el nuncio Adriano Bernardini? Que tenga cuidado en esas visitas, a ver si se encuentra con Mario Montoto... El otro tema del domingo es qué hacer con las Fuerzas Armadas en la seguridad doméstica.

Lamentable Joaquín Morales Solá ensayando una vez más una torpe defensa de Antonio Boggiano, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, Morales Solá intenta presionar desde su columna en La Nación al diputado nacional Ricardo Falú, presidente de la Comisión de Juicio Político del Senado, a quien advierte que ahora tiene nuevos enemigos. Lo único que debe temer Falú es un enojo de quienes lo votaron para que los represente. Tucumano como Falú, Morales Solá es más contradictorio que el promedio de los mortales: advierte al Ejecutivo lo importante que es Boggiano para que prospere la acordada de la Corte Suprema a favor de la pesificación asimétrica, pero se muestra crítico de la política gubernamental para con las empresas de servicios públicos privatizados, como si fuesen caras de diferentes monedas:

"(...) En las mismas horas en que una comisión clave de diputados ponía en la picota a los jueces, Kirchner y Duhalde se reunían sin alharaca ni escándalos por primera vez en mucho tiempo. Por razones diferentes, los dos máximos referentes del partido gobernante -y de la política argentina- aspiran a serenar al máximo tribunal de justicia. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso ya no mandan?

(...) Hay un importante problema económico en manos de la Corte Suprema. Debe definir una posición final sobre la pesificación que sucedió tras la hiperdevaluación de Duhalde. Hay ahora sólo cinco votos, una ajustada mayoría, que podrían ratificar con detalles distintos la política de pesificación. Boggiano es el quinto voto actual.

(...) Conviene detenerse en Boggiano. Tres hombres poderosos del gobierno (Alberto Fernández, Roberto Lavagna y Carlos Zanini, el influyente colaborador presidencial) están de acuerdo en estabilizar la Corte, tras la renovación que ya ocurrió. El diputado Ricardo Falú, titular de la Comisión de Juicio Político, se ha ganado tres enemigos portentosos.

Falú tiene fama de hombre indócil e inquieto; está empujando a Boggiano de su sitial en la Corte. Ninguno de aquellos tres funcionarios lo recuerda con palabras cariñosas. Es cierto que Boggiano no sólo tiene adversarios entre los legisladores. También el presidente de la Corte, el respetado Enrique Petracchi, es uno de sus más persistentes críticos.

Lavagna siente que cada día lo despojan de más armas para librar el combate final con los acreedores. Los acreedores preguntan con insistencia sobre la decisión de la Corte en el conflicto de la pesificación. La propuesta argentina está acompañada de una ingeniería fiscal perfecta, que se derrumbaría ante una decisión dolarizadora de la Corte. La propia salud del sistema financiero, en rápido proceso de recuperación, requiere ahora de una definición sobre la cuestión.

Compuesto como está actualmente, el tribunal nunca tomará la decisión de dolarizar. Pero ésa es sólo una fiel deducción de los argentinos más o menos informados. Los acreedores, que deberán firmar una aceptación de la propuesta argentina, prefieren tener la garantía de un papel en la mano. El papel no está.

¿Existirá ese papel en algún momento? En un intento para ganar tiempo, el tribunal le mandó de sopetón el caso de la pesificación al principal fiscal del país, Esteban Righi. Righi le contestó a vuelta de correo: está de acuerdo con la pesificación, opinó. El tiempo se encoge.

El propio voto de Boggiano carecería ahora de legitimidad si no mediara un sobreseimiento definitivo en el Congreso. Convertiría en potencialmente cambiante la resolución del tribunal si el juicio político continuara en trámite.

(...) Falú no es Robespierre. Pero, convertida en una especie de comité de Salud Pública de la Francia revolucionaria, la comisión de Juicio Político manda a los reos a la guillotina por unanimidad. Ni Fernández ni Lavagna ni Zanini han podido hacer nada para frenar la sangría política. El único gesto que podría cambiar las cosas debería provenir del propio Presidente, pero Kirchner nunca pondrá su cuerpo para defender a Boggiano. La "bola de nieve", como calificó una alta fuente oficial al caso Boggiano, tiene ya ornamentos imparables.

Los diputados no son los dueños de la insurrección. El propio Senado aprobó por unanimidad un proyecto que dispone que no podrán ser cortados los servicios públicos de los morosos. Cualquiera, lo necesitare o no, podrá ser moroso con esa ley en la mano. Su texto y su espíritu corresponden a los tiempos del colapso argentino y no a los de la resurrección.

El gobierno había comenzado una etapa de reconciliación con las empresas privatizadas. Una misión de funcionarios está en Madrid con buen talante para negociar el contenido de la ley marco para los servicios públicos. Justo en ese momento el Senado asestó una sorpresa que tumbó por igual al gobierno y a las empresas (...)".

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Nota completa:
http://www.lanacion.com.ar/opinion/Nota.asp?nota_id=647812

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Sin embargo, Eduardo van der Kooy, en el diario Clarín, afirma algo muy diferente: los legisladores tienen cada vez menos espacio de opinión y acción. O sea que Falú tiene razón, mal que le pese al ahora tan receptivo al Opus Dei, Morales Solá. Van der Kooy lo explica en el marco de la bonanza económica K + L:

"(...) Suena un alerta: el Gobierno asoma cada vez menos propenso a que el Congreso se convierta en escenario para el debate de ideas imprescindibles en un país casi en estado de refundación. El peronismo actúa allí sólo como un correo del Poder Ejecutivo. Cuando alguien saca los pies del plato, como ocurre en la Comisión de Diputados que pretende empujar el juicio a Antonio Boggiano, se detecta alguna intriga interna o un interés secundario.

Las culpas no hay que recogerlas en un solo bando. La oposición también deambula por los medios más que por las bancas. Y a veces dilapida ocasiones: la Ley de Presupuesto, que tiene un montón de facetas debatibles, quedó escondida por la polvareda que levantaron los superpoderes que podrían serle renovados al jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Pero se estaría avecinando la posibilidad de una revancha. El Gobierno envió un proyecto de ley sobre el marco regulatorio de las empresas privatizadas de servicios que convence a pocos o a nadie.

Los empresarios españoles, aun los que comenzaron a mutar su escepticismo sobre el futuro argentino, han expresado su disconformidad. Idéntica impresión trajo desde Madrid una misión que envió el ministro Julio de Vido. Roberto Lavagna hace malabarismos para evitar decir que aquella idea asemeja a un mamarracho. Hasta Néstor Kirchner acepta la inevitabilidad de modificaciones.

El desafío lo ensayaría la oposición de centroderecha: el llamado interbloques de Diputados, que simpatiza mayoritariamente con Ricardo López Murphy, presentará una propuesta alternativa al libreto oficial. Pretendería ser un punto de partida, quizá con la mira puesta en el horizonte electoral, para demostrar que los opositores no viven sólo a través de la radio y de la televisión.

Aquel marco regulatorio constituiría una cuestión de futuro y presente casi simultáneo: tendrá incidencia innegable, cualquiera sea su formato, sobre la economía y el bienestar popular pero, ahora mismo, es una de las cartas fuertes en la negociación con el FMI que podrá inaugurarse siempre y cuando la Argentina consiga salir antes del default.

Kirchner y Lavagna son en este tiempo dos hombres serenos y confiados. Pero el ministro siempre aparece algo contenido, más cauto. Se resiste a las conjeturas sobre el canje de la deuda y, más todavía, a aventurar rumbos sobre el año venidero: "Hay que terminar el 2004 y resolver temas clave", dice en tono admonitorio.

La tranquilidad extendida en el frente externo y los indicadores de la economía doméstica apuntalan el ánimo del Presidente y su ministro. Las cifras de la expansión de agosto (8,8%) no sólo obligaron a Lavagna a rever el índice de crecimiento para el 2004, que habían calculado con morosidad, sino que abren perspectivas alentadoras para el año próximo.

Kirchner y Lavagna, con aquellos registros, paladean también alguna victoria política. La primera de ellas, frente a los pronosticadores económicos que en los últimos sesenta días machacaron con el riesgo de un amesetamiento. La segunda, frente a quienes vaticinaron un trancazo como derivación del amago de una crisis energética.

El Presidente sigue enfrascado, sobre todo, en el desarrollo minucioso de cada cifra. Disfruta del enorme ahorro fiscal —en los primeros nueve meses del año está 4.800 millones por encima de lo pactado con el FMI— porque le otorga fortaleza objetiva en la pulseada externa. Pero empieza a palpitar con sensibilidad electoral algunas otras cosas.

Un borrador informal le anuncia que la tasa de actividad en agosto trepó al 46,6%, la más elevada desde que llegó al poder. La misma tendencia reflejaría la tasa de empleo (40,5%); los índices de desocupación muestran una tenue curva declinante que no guarda relación con el sostenido crecimiento. Pese a todo, esos podrían ser factores determinantes cuando llegue la hora de votar (...)".

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Nota completa:
http://www.clarin.com/diario/2004/10/24/opinion/o-03301.htm

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Van der Kooy, con todo, lejos está de conocer algo acerca de los ciclos económicos. Tampoco busca asesoramiento fuera de los funcionarios K. Por esto resulta más interesante al respecto la columna de Mariano Grondona en el diario La Nación:

"(...) Si pese al flujo que nos asombraba la afluencia de capitales no fue suficiente en los años noventa, ¿qué podríamos decir de los años 2000?

A las razones que han cimentado la desconfianza de los capitales en el pasado inmediato ha venido a sumarse ahora una clara hostilidad a los inversores privados, que si bien se recubre del nuevo ánimo nacionalista que ahora nos domina, afecta por igual al capital extranjero y al nacional.

Sea por las fallas de la década anterior, sea por la ideología de moda de esta década, la Argentina no demuestra ser, en suma, un país capitalista. No confía, no cree, en los capitales privados. ¿Podríamos asombrarnos si ellos le responden con su propia reticencia?

Hace una semana Carlos Zarazaga me ofreció por radio el diagnóstico final de nuestras desventuras: el problema de los argentinos, dijo, es que cada vez que están convalecientes de un mal anterior ya creen que se han curado. Lo creímos en los años noventa. Podríamos llegar a creerlo otra vez ahora.

Hemos salido de terapia intensiva, pero no podemos por eso correr por el parque. Si lo hacemos, de aquí a algunos años la realidad volverá a internarnos.

Solamente si, a partir de una renegociación exitosa de nuestra deuda externa, nos convertimos en un país tan amistoso y atractivo para los capitales como ya lo somos para los turistas, emprenderemos de una buena vez la marcha tantas veces demorada del desarrollo económico".

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Nota completa:
http://www.lanacion.com.ar/opinion/Nota.asp?nota_id=647811

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Eugenio Paillet, desde el diario La Nueva Provincia, de la ciudad de Bahía Blanca, históricamente vinculado a la Armada Argentina, aborda el tema de los militares en la seguridad interior, lanzado por Eduardo Duhalde:

"(...) Lo primero que suele escucharse en los campamentos duhaldistas es que no hay casualidad en ninguno de sus dichos o de sus movimientos. Su renovada embestida para empezar a contemplar algún rol de los militares en la lucha contra la sociedad no es, ni de lejos, un embate contra Kirchner, con quien ha ratificado su alianza estratégica, al menos en los planos institucionales que relacionan a la Argentina con el Mercosur y el resto del continente. Reconocen entre los argumentos centrales el dictado de las encuestas que ha mandado confeccionar. Se dice allí que casi el 80% de la ciudadanía reconoce a la inseguridad como el problema más grave y que una participación "democrática" de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo para combatir la inseguridad es bien vista por los entrevistados.

Vale decir que lo de ausencia de inocencia en el posicionamiento mediático del ex presidente se mira además por otro costado: Duhalde presiente que desde la Casa Rosada se quiere encerrar el drama de la inseguridad en los límites bonaerenses; o sea, su propio territorio político. "El de la inseguridad no es un problema de la provincia; es un tema nacional que hay que empezar a debatir", instruyó a sus principales espadas.

Por donde se lo mire, el plan de Duhalde apunta a generar un debate nacional en torno al rol de las Fuerzas Armadas, con epicentro en el Congreso, de donde aspira que salgan las leyes e instrumentos que faciliten esa participación de los uniformados sin violar la ley de Seguridad.

"No se va a bajar de eso, aunque sabe que a Kirchner no hay nada que lo incomode más que meter a los militares en la discusión por la inseguridad", dice uno de los diputados que mejor lo representa en el Parlamento.

Poner ese debate sobre el tapete nacional es a la vez para Duhalde, dicen sus intérpretes, una forma de correr el ángulo de las responsabilidades desde la Provincia hacia la Casa Rosada. Un hombre del presidente ha salido a contrarrestar esa mezcla de estrategia política con acusaciones veladas. Enumeró al menos cuatro datos: la decisión de Kirchner de ponerse al frente de la batalla, la colaboración completa que la Nación está brindando en la provincia a través de la SIDE y las tres fuerzas de seguridad que le dependen, el impulso a las leyes para endurecer las penas y dificultar las excarcelaciones y la determinación de recibir a Blumberg y su andanada de propuestas (...)".

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Nota completa:
http://www.lanueva.com.ar/04/10/24/4ao039.sht

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Acerca de las FF.AA. y la seguridad doméstica, también escribió Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, apóstol transversal y columnista de Página/12:

"(...) La insistencia del ex senador Eduardo Duhalde en reclamar la reasignación de tareas policiales a las Fuerzas Armadas proviene del Comando Sur de los Estados Unidos y del presidente colombiano Alvaro Uribe. El ex ministro bonaerense de justicia, Jorge Casanovas, reclamó que se modificaran las leyes para permitir el cambio de roles, lo cual indica la diversificación de frentes de la maniobra duhaldista, de ostensible intencionalidad política.

El jueves, mientras aguardaban la iniciación del acto en el astillero Río Santiago, donde se reparará la Fragata Libertad, media docena de almirantes se reunieron en un camarote con el ministro de Defensa José Pampuro y le expresaron que no querían ser involucrados en tareas que los aparten de su misión. Al salir, Pampuro reiteró que el gobierno no promovería la enmienda de las leyes de defensa nacional, de seguridad interior y de inteligencia nacional, sancionadas como expresión de acuerdos básicos entre las principales fuerzas políticas del país en 1988, 1992 y 2001.

Pampuro encomió la profesionalización militar, en la defensa nacional y las misiones de mantenimiento de la paz o estabilización, bajo mandato de las Naciones Unidas. Pero, a diferencia de la semana anterior, evitó una polémica directa con Duhalde. Según fuentes del ministerio de Defensa, el presidente Néstor Kirchner le había pedido que eludiera una discusión con el ex senador.

(...)

Una coalición de organismos no gubernamentales de Estados Unidos (Latin America Working Group Education Fund, Center for International Policy y Washington Office on Latin America, WOLA) difundió el informe "Borroneando las diferencias", en el que afirma que los nuevos programas de entrenamiento militar y lucha antinarcóticos se parecen demasiado a los de la vieja contrainsurgencia.

Los Estados Unidos "promueven la confusión de los roles militares y civiles, en especial la creación de nuevas misiones militares dentro de las fronteras de cada país". Según los autores ésta no es una cuestión académica, sino que va "al corazón de la democracia", ya que hacer "que los militares combatan el delito común o desempeñen otros roles que corresponden a los civiles implica el riesgo de politizar a las Fuerzas Armadas.

Esto, a su vez, lleva a las Fuerzas Armadas a usar, o amenazar con el uso, de su monopolio armado, cada vez que disienten con el consenso civil". (Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han comenzado a dictar cursos a policías latinoamericanos en el Center for Hemisferic Defense Studies.

Ese organismo, creado en 1996 por la Conferencia de ministros que sesionó en Bariloche, se proponía formar civiles en cuestiones de Defensa. Estaba dirigido por una mujer, civil y economista. Pero en marzo de este año, fue sustituida por un coronel del Ejército estadounidense, que hasta entonces había dirigido la ex Escuela de las Américas, ahora denominada con refinado gatopardismo Instituto para la Cooperación de Seguridad en el Hemisferio Occidental.)

Añade el estudio de las ONG que cada vez que los ejércitos de América Latina, se han dedicado a un enemigo interno, su definición incluyó a sectores disidentes "que actúan dentro del sistema político, tal como activistas, periodistas independientes, organizadores sindicales o líderes políticos opositores".

Sus autores señalan con alarma que el Comando Sur y el Pentágono han incluido entre las nuevas amenazas al delito urbano y "el populismo radicalizado" y su insistencia en esos asuntos sugiere que creen que ellos mismos y sus colegas uniformados en el continente "tienen un rol para contrarrestarlos". Añaden que "en vez de alentar la asunción militar de roles policiales, los Estados Unidos deberían alentar la reforma policial y el fortalecimiento de las instituciones civiles, para que puedan enfrentar los desafíos a su seguridad interior". (...)"

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Nota completa:

http://www.pagina12web.com.ar/diario/elpais/1-42723.html

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