Cambios en el proyecto de acceso a la información pública

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa y Comunicaciones del Senado emitieron ayer el dictamen en favor del proyecto de ley de Acceso a la Información, con la introducción de modificaciones al texto que cuenta con media sanción de Diputados. Asimismo, obtuvo un fuerte rechazo de organizaciones no gubernamentales por los cambios introducidos.

El proyecto¸ que busca reglamentar el acceso a la información como derecho reconocido por la Constitución Nacional sería debatido por el plenario del cuerpo el miércoles 17 o, eventualmente, una semana después.

En tanto, fue impulsado por el bloque justicialista y acompañado por transversales y representantes de partidos provinciales; mientras que el radicalismo no acompañó la iniciativa porque reclamó que se respetara el texto votado en la Cámara baja.

Uno de los puntos resistido por los radicales fue el artículo 8, que obliga a la presentación de un documento con carácter de declaración jurada para quien solicite la información en la cual debe constar el fin para el cual se solicita.

La iniciativa, promovida en 2002 por Organizaciones Gubernamentales y mediante una convocatoria de la Oficina Anticorrupción por la que se sumaron legisladores, funcionarios y periodistas, reconoce la facultad de cualquier persona a solicitar información pública, sin necesidad de demostrar que le ha sido violado algún derecho subjetivo.

En el proyecto son sujetos pasivos los diversos estamentos del Estado, como también los privados que presten servicios públicos. Se trata de una ley propia de las democracias más eficientes, cuya finalidad es lograr la transparencia de sus instituciones, una deuda tradicional de los poderes públicos en nuestro país.

Otro deber constitucional pendiente y del que este año se ha cumplido una década, es el de reglamentar los decretos de necesidad y urgencia.

El proyecto de ley de Acceso a la Información habilita la posibilidad de que "cualquier ciudadano pueda acceder a la información pública".

De acuerdo con lo que anticiparon varios senadores, uno de los puntos a modificarse tiene que ver con el alcance que tendrá la iniciativa, dado que algunos plantean que las instituciones privadas que reciben subsidios o algún otro tipo de asistencia por parte del Estado también deban posibilitar que se acceda a su información.

Por último, cabe recordar que el proyecto de ley cuenta con media sanción de la Cámara baja desde hace dos años, y si no es aprobado por el Senado antes de fines de este mes perderá vigencia.

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