Al igual que Menem, Kirchner ya es noticia en Suiza

El gobierno suizo enviaría la documentación pedida por el juez federal argentino Jorge Urso sobre fondos depositados en 2 bancos de Ginebra bajo responsabilidad del hoy presidente Néstor Kirchner, dijo Folco Galli, vocero de la Oficina federal de Policía en Berna, todo un contra Carlos Menem. Si bien el exhorto de Urso no estaba bien redactado, Suiza lo recibió igual y es todo un mensaje para Kirchner. Nunca mejor ocasión para reproducir la nota de Edición i que fue incorporada a todas las causas exitentes sobre este tema´:

Frank Schoch trabaja en Credit Suisse, en el área de Private Banking, en Zürich, Suiza, y su teléfono directo es 0041-1-333-5163. Schoch es el candidato a recibir una citación judicial cuando se investigue si se cometieron irregularidades en la administración de ese dinero público, y si es posible que el gobernador de la patagónica Santa Cruz durante 12 años, Néstor Carlos Kirchner, se aprovechara de esos recursos para su enriquecimiento ilícito.

Schoch es el ‘investment advisor’ que responde, entre otras cuentas corrientes, por el cliente Nº 0835-860194-3, llamado ‘Provincia de Santa Cruz’.

Algo similar debería ocurrir con James S. Tarr y otros dos funcionarios de Morgan Stanley Dean Witter en Washington DC, USA, cuyos apellidos son Masci y Atkinson, donde la Provincia de Santa Cruz tuvo la cuenta corriente Nº 642-213721-091.
En cambio no brindó similar identificación la Unión de Bancos Suizos, donde la Provincia de Santa Cruz fue el cliente Nº 0240-486-608.

El mamotreto de 500 páginas preparado a pedido de Santa Cruz fue armado por conocedores de su oficio contable-financiero y, desde lo aritmético, es consistente considerando que Andreas Stauffer y Antonio Galgano informaron a Luis Alberto Villanueva, ministro de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz, que Credit Suisse abrió la cuenta a la provincia el 5 de marzo de 2003, y entonces no puede responder por los movimientos anteriores. Ni siquiera por el saldo al 31 de diciembre de 2002.

Sin embargo, todo trabajo puede sufrir agujeros. Una de las dudas que le provocó a Edición i la lectura puntillosa de la documentación (hasta de los folios repetidos que tiene) es que los retiros realizados por Santa Cruz de la cuenta Nº 642-213721-091, en Morgan Stanley, fueron depositados inicialmente en la cuenta Nº 8033-342099, distinta a la Nº 0835-860194-3 de la provincia.

Cuando no existía la informática, los bancos utilizaban las ‘cuentas puente’ o ‘globo’, antes de su imputación manual. ¿En el año 2003 Credit Suisse todavía utilizaba ‘cuentas puente’? Una investigación judicial precisa debería desentrañar el misterio.

El jueves 15 de enero de 2003, Néstor Kirchner lanzó su candidatura para las elecciones presidenciales de abril con el respaldo del entonces presidente Eduardo Duhalde, en un intento por impedir el triunfo del ex mandatario Carlos Menem, enemigo declarado de ambos.

La irregularidad en los depósitos bancarios en el exterior de la Provincia de Santa Cruz no irrumpiría en los medios nacionales hasta marzo, y curiosamente Menem nunca utilizó el tema durante el proselitismo que concluyó el domingo 27 de abril.

El miércoles 5 de marzo, cuando la Provincia de Santa Cruz abrió su cuenta en Credit Suisse, las entidades bancarias que integraban Abappra (Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina), entre ellas el Banco de Santa Cruz, rechazaban una ofensiva del Fondo Monetario Internacional para que las entidades estatales transparentaran su operatoria. Roberto Feletti, por Banco Ciudad, y Ricardo Gutiérrez, por el Provincia de Buenos Aires, ensayaron un alegato por la soberanía en presencia del indio Anoop Singh, quien quiso saber el motivo por el cual los bancos con capital estatal se negaban a ser asistidos por una consultora internacional que monitorease el funcionamiento de las entidades. A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la pesificación de los depósitos de la Provincia de San Luis en el Banco Nación y dispuso su devolución en moneda de origen: US$ 247 millones acorralados.

Kirchner asumió la Presidencia el domingo 25 de mayo. Para entonces ya llevaba algún tiempo el intento de ordenar la documentación sobre los fondos santacruceños, lo que en teoría ha ocurrido con el trabajo presentado ante el Tribunal de Cuentas de la provincia patagónica.

Sin embargo, considerando que la apertura de la cuenta en Credit Suisse ocurrió luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y de la legislación antiterrorista posterior, que obligó a los banqueros a conocer a sus clientes porque son responsables solidarios, falta información imprescindible como los mandatos de los titulares de la cuenta y su presentación correspondiente.

En verdad, el propio presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz designado por Kirchner, Ángel José de Dios, decidido a salvaguardar su futuro judicial, realizó la correspondiente requisitoria al ministro Villanueva el 26 de mayo de 2004.

Le informó que faltaba remitir la siguiente documentación:

> Contratos celebrados con distintas entidades partícipes.

> Mandatos u órdenes de inversión de cada una de las operaciones concertadas y realizadas.

> Comprobantes de los movimientos operados, debidamente intervenidos por las entidades.

> Certificación de saldo al 31 de diciembre de 2003.

> Acreditación de los titulares autorizados en las cuentas habilitadas.

> Registros contables de la operatoria de los fondos y valores colocados en el exterior.

> Qué característica y alcance debía tener el pronunciamiento del Tribunal.

Dicen que cuando Kirchner conoció la nota del titular del Tribunal de Cuentas, se encolerizó y realizó varios llamados telefónicos a Río Gallegos, cargados de epítetos devastadores.

Luego, una conversación con Carlos Zannini, secretario Legal de la Presidencia y el permanente consultor jurídico personal de Kirchner provocó una súbita enfermedad de Ángel José de Dios, de manera tal que quedara a cargo del Tribunal, temporariamente, Mario Roberto Layún, casado con una prima de Kirchner.

Con fecha 1 de junio de 2004, Layún le escribió al ministro Villanueva, y concluyó con el siguiente párrafo: "(...) por lo que corresponde dejar sin efecto la Nota T.C. Nº 200-S.G.-04, requiriendo al Auditor Delegado emita su informe, de acuerdo con las constancias aportadas por el Ministerio de Economía y Obras Públicas".

Luego de ese esfuerzo dialéctico para anular lo exigido por Ángel José de Dios, Layún fue internado para una compleja operación cardiovascular.

Pero en el Tribunal de Cuentas quedó gente descontenta por la falta de protección legal. Nadie tiene el futuro comprado, ni siquiera Kirchner. Además, entre el gobernador Sergio Acevedo y el Presidente ex gobernador han existido disidencias profundas en el tema del dinero en el exterior. Las diferencias provocaron una amenaza de Acevedo de no asumir su cargo, en diciembre de 2003. Y desde entonces el vicegobernador Carlos Sancho obstaculiza a Acevedo en cuanto puede.

Entonces, alguno de los integrantes del Tribunal de Cuentas (todo señala que fue un contador público de apellido Sánchez) decidió dejar abierto un paraguas jurídico, y con fecha 27 de julio de 2004 se emitió un requerimiento a la Procuración Fiscal de la Provincia de Santa Cruz.

La nota dice: "Solicito la intervención de su competencia, conforme lo prescribe el artículo 9º inciso d) punto1, de la Ley Nº 500, a los fines de que dictamine respecto de los siguientes puntos, relacionados con la Actuación Nº 04-TC-04".

El artículo 4º demuestra la preocupación de algunos integrantes del Tribunal: "(...) ¿Estamos ante una rendición de cuentas conforme lo reglamenta la Ley 500? En su caso, ¿a quiénes se considera estipendiarios?

5º. ¿Cuál es el alcance y naturaleza de la aprobación efectuada por la Honorable Cámara de Diputados del informe sobre los Activos Financieros del exterior, y si la misma es de naturaleza análoga y supletoria de la que realiza el Tribunal de Cuentas, conforme lo estatuye el artículo 21, antes citado, en concordancia con el artículo 123 de la Constitución provincial?".

La Constitución de la Provincia de Santa Cruz, en su artículo 123, expresa: "(...) un Tribunal de Cuentas tendrá a su cargo el examen de las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas provinciales y municipales (...)".

La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas Nº 500, en su artículo 19 expresa: "(...) constituyen atribuciones y deberes del Tribunal de Cuentas: a) ejercer el control externo de la gestión financiero-patrimonial de la Administración Pública Provincial, comunal y haciendas paraestatales, (...) seguir el desarrollo y registro de las operaciones financiero patrimoniales, analizando todos los actos administrativos referentes a la hacienda pública de la jurisdicción, y elevando al Tribunal de Cuentas los que consideren violatorios de disposiciones legales y reglamentarias (...)".

Kirchner a través de la Ley 2.339, artículo 1º creó, en el ámbito del Ejecutivo santacruceño, el consejo asesor para la asignación de los recursos provenientes de regalías hidrocarburíferas mal liquidadas, el que se integraría con cuatro representantes del Poder Ejecutivo y un representante de cada bloque parlamentario.

Sin embargo, el entonces gobernador Kirchner se arrepintió de su propio proyecto y modificó la Ley 2.339 con la Ley 2.359, que dejó el artículo 1º con la siguiente construcción: "Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo el Consejo Asesor para la asignación de los recursos provenientes de regalías hidrocarburíferas mal liquidadas, el que se constituirá de la siguiente forma: cuatro representantes del Poder Ejecutivo, un diputado por cada partido político con representación parlamentaria, el presidente de la Comisión de Presupuesto y hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz, un representante del sector industrial y comercial de la Provincia de Santa Cruz, un representante del sector agropecuario de la Provincia de Santa Cruz, un representante de la Confederación General del Trabajo de la Provincia de Santa Cruz".

Pero Kirchner nunca avanzó en la designación de los integrantes del Consejo Asesor. Aparentemente, Zannini le explicó que era peligrosa la situación y, entonces, otra vez Kirchner envió un proyecto de ley, sancionado de inmediato, Nº 2.385, que en su artículo 17 creó "en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial una unidad de administración de los recursos financiero del Estado provincial que tendrá por función asesorar y asistir al titular de aquel poder en la estructuración y ejecución de los planes de administración del recurso financiero proveniente de la negociación de los bonos de consolidación de regalías hidrocaburíferas y, en general, de recursos de igual naturaleza".

En la unidad de administración debería designarse, según Kirchner, al ministro de Economía y Obras Públicas, al presidente del Banco Provincia de Santa Cruz, y al gerente de Unidad de Mercados de Capitales y Negocios Internacionales de la entidad bancaria. Pero, al poco tiempo, Kirchner decidió que tampoco convenía crear esta unidad de administración.

Esto explica una grave irregularidad que aparece en los saldos bancarios: los extractos hasta el 30 de junio de 2003, cuando Kirchner ya no era gobernador de Santa Cruz sino Presidente de la Nación Argentina, era a nombre de Kirchner como si fuesen fondos de su propiedad personal.

Cuando el escándalo amenazó la campaña electoral del Frente para la Victoria Santacruceña y –lo más importante- convirtió a Kirchner en un Presidente vulnerable, se decidió promover la Ley 2.663 que impuso una suerte de prescripción de todo lo ocurrido durante los días de Kirchner en la gobernación, y se prometió la rendición de cuentas hacia adelante.

Sin embargo, tal como explicó la contadora pública Lidia Demediuk, vocal del Tribunal de Cuentas por la minoría (UCR), cuando debió rechazar el informe gubernamental, "el saldo al 31 de diciembre de 2002 (...) adolece de fallas e imprecisiones tan importantes como la omisión de la cuenta 642-113721-091 del Morgan Stanley, por un monto de US$ 4.189.390,77, y el monto de los títulos con cotización por un monto de US$ 2.789.891,66".

Esto revela graves desprolijidades en el manejo de las cuentas públicas santacruceñas durante los días de Kirchner gobernador. Considerando que el hoy Presidente se ufana de controlar personalmente, desde su laptop, cada partida presupuestaria, habría que tomar los recaudos del caso...

La rendición de cuentas ofrece algunos interrogantes adicionales. Por ejemplo, la decisión de invertir los fondos de la Provincia de Santa Cruz en títulos públicos argentinos nacionales (bonos República) y provinciales (el caso de Formosa, gobernada por el aliado político de Kirchner, Gildo Insfrán) en default, y aún se invirtió en ellos posdefault.

Para algunos analistas financieros, todo indica que es una estructura de inversiones destinada a justificar pérdidas anteriores.

Varios de ellos, consultados por Edición i, hicieron notar que las aplicaciones elegidas para los fondos de Santa Cruz siempre han resultado las más conservadoras posibles, con una tasa de utilidad mínima.

Todos ellos afirmaron que sin arriesgar el dinero podrían haberse obtenido tasas de retorno muy superiores, en el menú de posibilidades de un inversor institucional semejante a los fondos de pensión europeos o estadounidenses.

De todos modos el núcleo del problema sigue siendo una operación muy anterior: en el informe presentado como anexo al artículo 16 de la Ley 2.663 (el de la ‘prescripción’), no se indicó la fecha de la transformación de bonos en acciones de YPF S.A. Tampoco tiene fecha la venta obligatoria de acciones ni fueron considerados los dividendos de las 15.206.015 acciones de YPF S.A. mantenidas hasta su venta. Ni se han expuesto los intereses aplicados desde 1994 hasta 2001

Por lo tanto, se obliga a aceptarse como irrefutable la posición informada por Credit Suisse, UBS y Morgan Stanley: US$ 507.420.707,21.

En el caso de UBS AG, el saldo final no fue certificado por algún funcionario de la entidad y gran parte de la documental de esta entidad suiza carece de identificación del emisor.

Francisco Aced y Bartrinas es un personaje clave en la historia de la contabilidad y en su famoso Curso de Contabilidades Oficiales, que editó en Madrid, España, hace unos cuantos años, afirma: "(...) Todos los actos relativos a la gestión (...) deben realizarse por medio de documentos, registrarse en libros de contabilidad y reflejarse en cuentas que permitan su juzgamiento (...)".

Nada de esto ocurrió en el Gobierno provincial que encabezó Néstor Kirchner durante 12 años, pese a que no había impedimento alguno ya que Kirchner tuvo el control absoluto de todas las instancias de la Administración santacruceña.

Ahora bien, el informe de la mayoría del PJ en el Tribunal de Cuentas afirmó que el gobierno santacruceño "ha actuado correctamente, preservando de esta manera el patrimonio de todos los santacruceños, obligado a realizar tales operatorias en virtud de la profunda crisis económica en que estaba inmerso nuestro país, producto de equivocadas políticas económicas que llevaron a nuestra Nación a la mayor crisis de los últimos 30 años, con la finalidad que este dinero sea destinado en el futuro a obras que signifiquen el despegue económico e industrial de la provincia y en beneficio de su propia gente (...)".

Todo absurdo y mentiroso. Si Santa Cruz se llevó el dinero al exterior, debió ganar más dinero precisamente porque gozaba de condiciones de seguridad y bonanza (la renta financiera fue excepcional en los años ’90), y hasta el presente sigue sin aplicarse a los objetivos de desarrollo que hace mención el Tribunal de Cuentas que no logra explicar cómo es que el dinero de la Provincia de Santa Cruz no ha logrado multiplicarse luego de una década de deambular por las capitales financieras más importantes.

Warren Buffet habría despedido a ese administrador estúpido, o lo hubiese enviado a la cárcel por ladrón. George Soros probablemente lo habría entregado a algún grupo ‘especial’ de Europa oriental. En cambio los argentinos, lo hicimos Presidente de la Nación.

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Edición i, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2004.

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