Tras las denuncias de Edición i, piden juicio político a Barbarosch

Con la mayor cantidad de pedidos de juicio político en la historia del Consejo de la Magistratura, 71 diputados acusaron al juez Alfredo Barbarosch por mal desempeño de sus funciones en el esclarecimiento y castigo por el vaciamiento de Cablevisión. El magistrado habría tomado una resolución decisiva que favoreció a la empresa, cuyo abogado era su sobrino, Guido Barbarosch. La revista Edición i y U24 habían denunciado este hecho escandaloso con anterioridad.

Alfredo Barbarosch es un integrante de la Sala IV de la Cámara del Crimen que ha merecido algunas críticas de parte de Edición i en semanas anteriores por su actuación en la causa CableVisión.

Como U24 informó el mes pasado, Barbarosch fue citado por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que el 5 de octubre lo sometió a un interrogatorio, circunstancia en la que Barbarosch desparramó calumnias e injurias contra Edición i.

Para Barbarosch hay oscuros intereses detrás de Edición i cuando, en verdad, esta revista lo que cuestiona es la estafa a los inversionistas que suponen la mayoría de los acuerdos preventivos extrajudiciales.

En este marco, 71 diputados de la Nación presentaron ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra el juez de la Cámara Nacional de apelaciones, Dr. Alfredo Barbarosch, para destituirlo de su cargo debido a que habría sido protagonista de "conductas impropias de su alta investidura, constitutivas de mal desempeño funcional".

Según afirman los legisladores, el magistrado utilizó el poder jurisdiccional para favorecer intereses de un grupo económico, cuyo abogado era un pariente cercano.

Ocurre que la actuación de Barbarosch en una causa relacionada con una importante empresa de medios de comunicación de la Argentina, en la que el magistrado es responsable del dictado de una decisiva resolución que sería contraria al derecho.

Se trata de Cablevisión S.A., que es la empresa de televisión por cable más extendida en el mercado argentino, la cual está en cesación de pagos desde 2002. Su deuda alcanza los US$800 millones. Esta empresa habría sido objeto de una política de vaciamiento millonaria desde que dos grupos extranjeros se hicieron cargo de su gerenciamiento.

El esclarecimiento y castigo de ese vaciamiento es precisamente el objeto de la investigación que el juez Barbarosch desmoronó con la resolución a la que los diputados se refieren en el pedido de juicio político.

Barbarosch se encontraba involucrado en esa investigación el fondo especulativo Hicks, Muse, Tate & Furst, que dirige Thomas Hicks. También está comprometida en los hechos la corporación Liberty Media Inc., una empresa del grupo Telecomunications Inc., a cuyo mando está el controvertido empresario de medios John Malone, también de USA.

En este marco, haciendo referencia a distintas notas publicadas por la revista Edición i y el sitio U24, los diputados argumentaron que "varias noticias periodísticas locales recientes informan sobre situaciones verdaderamente escandalosas y/o sugestivas que echan un manto de dudas sobre la conducta del juez Barbarosch en este expediente (...)".

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