El FA resolvió pedirle al Ejecutivo que frene la estatización de los servicios de agua potable que hoy prestan empresas privadas en Uruguay. "Queremos cumplir cabalmente con la voluntad de los uruguayos", dijo Enrique Rubio del Frente Amplio. Además, informó que pedirán un dictamen jurídico a la Facultad de Derecho sobre el alcance de la reforma. El Frente Amplio, explicó, entiende que el gobierno ha actuado con apresuramiento y no ha pedido los informes correspondientes.

Además, la izquierda no votará el proyecto de ley interpretativo sobre la reforma constitucional que impulsa el Partido Nacional. Este proyecto establece que la enmienda aprobada el 31 de octubre no hace caer las concesiones ya otorgadas a empresas privadas.

Estas dos resoluciones cuentan con el aval de Tabaré Vázquez y fueron adoptadas ayer en la reunión que mantuvieron los principales senadores del Encuentro Progresista con el presidente interino del Frente Amplio, Jorge Brovetto.

La coalición de izquierda entiende ahora que el futuro de las concesiones de servicio de agua potable debe ser resuelto por la próxima administración.

La decisión adoptada anoche será trasladada hoy a la Mesa Política del Frente Amplio, que la formalizará.

Paralelamente, la Comisión de Defensa del Agua tiene previsto reclamarle a la izquierda que se cumpla con la enmienda y que cesen las concesiones.

# ¿Contradicción?

Días atrás, Vázquez había señalado que éste era un asunto del gobierno actual.

Según recuerdan los diarios uruguayos, Vázquez aseguró que no intervendría en la decisión del presidente Jorge Batlle sobre la caída de las concesiones tras la reforma del agua, porque no crearía un "gobierno paralelo".

Hoy, tras el pedido de suspensión de tales medidas realizado por el EP-FA-NM, el senador Danilo Astori dijo que la decisión de Batlle "traerá consecuencias para el próximo gobierno" y por eso la exigencia

Mientras tanto, según informa La República, el gobierno comunicará este miércoles a las empresas concesionarias de servicio de agua potable la resolución oficial de que deberán terminar su operativa en Uruguay debido a lo resuelto por la ciudadanía en un plebiscito el pasado 31 de octubre.

Desde la empresa Aguas de la Costa SA, que proyectó, construyó y opera los servicios de agua potable y saneamiento al Este del Arroyo Maldonado, incluyendo los balnearios de La Barra de Maldonado hasta José Ignacio, se indicó que la medida se podría apelar.

El ingeniero Francisco Gross, director de al empresa, señaló a La República que la intención es continuar operando los servicios de agua potable en Maldonado, a la vez de recordar que el pliego de condiciones por el cual su empresa accedió a la concesión se establecía que se podría rescindir el contrato.

Pero también que eso significará el pago por parte del Estado de daños y perjuicios, más el lucro cesante, que en este caso sería por 14 años, ya que la concesión se extiende hasta el año 2018.