Página/12 (Clarín) apela a Pablo Jacoby para embestir contra Bonadío por el caso CableVisión

Muy cuestionable el triple rol de Pablo Jacoby en el caso Amia: abogado de varios de los periodistas involucrados (¿o los involucró él?), abogado de Memoria Activa (una ONG de performance barranca abajo, en parte por culpa de Jacoby), abogado de Página/12 (medio al que utiliza para influir sobre el caso), y a través de su actual pareja, secretaria de un miembro del Consejo de la Magistratura, participa de la Comisión de Acusación. Pero sumar además la embestida contra Claudio Bonadío porque investiga por lavado de dinero a CableVisión, la empresa de la que se quiere apropiar Grupo Clarín (dueño de Página/12)... ya es 'too much'..

¿Por qué será que Raúl Kollman es el vocero de cuanta operación hay en el 'caso Amia'? ¿Tiene algo que ver que Pablo Jacoby haya sido su abogado personal? Jacoby es también el abogado de Página/12, el diario más oficialista de la Ciudad de Buenos Aires (no es el más oficialista del país porque le gana, por poco, El Periódico Austral, de Rudy Fernando Ulloa Igor).

¿No es curioso que los intereses de los policías bonaerenses y de Carlos Telleldín sigan coincidiendo con los de Memoria Activa, la ONG que patrocina Pablo Jacoby, que se expresa a través de Kollman?

De acuerdo a Página/12 y Kollman-Jacoby, "la Unidad Especial de Investigación del atentado contra la AMIA, que funciona en el marco del Ministerio de Justicia con el apoyo de casi todos los familiares de las víctimas, pidió ayer el juicio político del juez Claudio Bonadío por encubrir la actuación irregular del ex ministro del Interior Carlos Corach y el juez Juan José Galeano en la investigación del ataque del 18 de julio de 1994".

La Unidad Especial de Investigación la encabeza un abogado llamado Alejandro Rúa, un hombre irrelevante en el aporte de datos para el esclarecimiento del caso, y cuya incompetencia para llevar adelante su tarea es manifiesta.

Pero existe algo más interesante y Kollman lo omite, quizá maliciosamente: El Estado Nacional y Memoria Activa coincidieron en aceptar el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 3, que mereció críticas importantes de las dos entidades más serias que tiene la colectividad judía argentina -DAIA y AMIA-, que apelaron ante la Cámara de Casación.

Entonces, si Memoria Activa/Jacoby y el Estado Nacional trabajan en conjunto contra la investigación realizada durante los '90, a la que acusan de 'menemista', ¿por qué debería sorprender lo que Página/12 intenta presentar como una gran revelación?

El gobierno de Néstor Kirchner tiene problemas profundos y es obvio que está en avance una operación de distracción 'cazando noventistas', y si son 'menemistas', mejor.

"Pero hay algo mucho más grave en lo que presenta Página/12: su accionista controlante, según Jorge Lanata, fundador del matutino, es Grupo Clarín", explicó un calificado magistrado a U24.

Bonadío está investigando, por lavado de dinero, al Grupo CableVisión (Thomas Hicks + Liberty Media), y ha decidido no frenar el proceso de instrucción, pese a las advertencias de CableVisión.

"¿Quién quiere convertirse en socio de Hicks y Liberty en CableVisión? Grupo Clarín, pero para que prospere la ofensiva de Clarín, debe cerrarse la investigación de Bonadío", agregó el magistrado, quien pidió permanecer anónimo.

Ahora, la idea es 'reventar' a Bonadío, y apartarlo del juzgado federal. Para esto, Jacoby utiliza sus vínculos que van de Página/12 a Memoria Activa. Una vergüenza por lo precario y por lo siniestro, de resultar cierta la especie.

Volviendo a Página/12. "Bonadío está a cargo, desde hace cuatro años, de una causa en la que justamente se investigan las maniobras, irregularidades y delitos cometidos en el expediente AMIA y –según se señala en el escrito presentado ayer ante el Consejo de la Magistratura–, pese a que está probado que se le pagó ilegalmente a Carlos Telleldín para armar una pista considerada falsa, Bonadío no llamó siquiera a indagatoria a quienes han sido señalados como responsables: Corach, Galeano, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja. Además, se menciona que Bonadío fue segundo de Corach en la Secretaría Legal y Técnica del gobierno de Menem, por lo que debió apartarse del caso por no ser imparcial".

Si alguien tendría que responder por el pago a Telleldín es Kollman, inventor junto a su ex amigo y ex colega Román Lejtman, del libro que iba a escribir Telleldín si se le retribuía lo que la editorial no podía pagarle porque en la Argentina no se pagan semejantes derechos de autor.

Si el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, realmente apoya lo que sostiene Rúa, la utilización del Poder Ejecutivo para presionar políticamente en favor de espurios intereses comerciales subirá otro peldaño, llegando a niveles escandalosos.

De acuerdo a Kollman, "El pedido de juicio político de Bonadío indica que el Gobierno quiere dar señales claras de que impulsa el castigo a quienes no investigaron el atentado y también a los que demoran o empantanan el enjuiciamiento de los que cometieron irregularidades y delitos en la causa AMIA. Tarde o temprano, la Argentina deberá dar cuenta ante la OEA de lo actuado en la investigación del atentado, ya que hubo una denuncia de los familiares de Memoria Activa y al juicio oral asistió un veedor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La conclusión de ese juicio fue lapidaria, de manera que el Estado argentino no puede hacer borrón y cuenta nueva sino que tendrá que demostrar que juzga a quienes perpetraron las maniobras que llevaron a la impunidad".

Ese es otro punto terrible de Jacoby y sus defendidos: "Ellos siempre apostaron al fracaso de la investigación para demandar al Estado argentino en el exterior. ¿Acaso Jacoby no firmó las presentaciones de varios periodistas que pedían el cobro de la recompensa ofrecida en el caso, mientras a la vez él patrocinaba a Memoria Activa que cuestionaba todo lo que ocurría?", dijo un dirigente judío argentino muy importante.

Y que Kollman escriba acerca de un eventual juicio político contra Hugo Anzorreguy es, francamente, para demostrar que no tiene ni siquiera respeto hacia su propia historia. Sería como si Miguel Bonasso pidiera la cabeza de Anzorreguy. O si Esteban Rigghi o Eduardo Luis Duhalde o Carlos Bettini la reclamaban.

La participación de Carlos Corach en este entuerto sólo demuestra que hay interés en ocupar centimetraje porque ya ha demostrado con amplitud su prescindencia en el caso.

Rúa menciona que Bonadío incumplió la obligación legal de apartarse del caso porque tiene el deber de imparcialidad. Sin embargo, no dio ese paso, pese a que fue integrante del equipo de Corach en la Casa Rosada.

De paso, cañazo: en Página/12 se quejan, además, de lo que entiende Kollman son excesivas demoras en definir la acusación contra el juez Juan Galeano, quien instruyó el caso Amia.

Cualquiera puede suponer que a este paso, el año próximo el Ejecutivo Nacional no conservará la autoridad como para imponerle decisiones al Consejo de la Magistratura, y por eso el afán de Kollman/Jacoby.

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