El fuero fiscal funcionaría en Salta bajo de la órbita del Poder Judicial

A partir de un proyecto que comenzó a discutirse a mediados de 2004, se definiría ahora en Salta, que la Justicia fiscal funcionaría dentro de la estructura del Poder Judicial. A continuación, U24 le acerca la nota publicada hoy en el diario El Tribuno.

A mediados de 2004 representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público, el Colegio de Abogados y Procuradores, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Cámara de Comercio e Industria de Salta, la Secretaría de Ingresos Públicos y la Dirección General de Rentas comenzaron a discutir las bases de un proyecto para la creación de la Justicia fiscal en la provincia.

En estos días la comisión intersectorial ya tiene prácticamente definido el texto que daría origen al nuevo fuero donde se espera aglutinar las causas de materia fiscal y tributaria.

En principio, y a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, la Justicia fiscal no funcionaría en Salta bajo de la órbita del Poder Ejecutivo, sino dentro de la estructura del Poder Judicial.

Sobre esta opción aún no hubo un pronunciamiento oficial de la comisión que coordina Rodolfo Villalba Ovejero, aunque la balanza de los sectores representados en la comisión ya estaría inclinada por la variante judicial.

Es que los hombres de derecho consideran que con el fuero fiscal dentro de la estructura del Poder Judicial, no sólo se dará fiel cumplimiento al cometido constitucional que así lo prevé, sino que además se garantizarán dos elementos fundamentales para la justicia: independencia de funciones y especialización en la materia.

En Salta, y ante la falta de un fuero específico, la materia tributaria está dispersa en la actualidad en tres fueros diferentes: en el civil y comercial ( por las ejecuciones fiscales, como se denomina el proceso para el cobro coactivo de deudas de carácter tributario); el correccional (porque están en su campo de competencia las apelaciones contra las resoluciones dictadas por la DGR en los casos de clausura y decomiso de mercaderías) y el contencioso administrativo (porque a él se debe acudir una vez agotada la vía administrativa por procesos de índole tributaria de la provincia o los municipios).

Según se anticipó en estos días, ni bien se reanuden las sesiones ordinarias de la Legislatura, las instituciones arriba señaladas elevarán su anteproyecto con vistas a la aprobación de la ley durante el año que comienza y la puesta en marcha del fuero fiscal desde 2006.

Hasta aquí los consensos parecen inclinados a hacer realidad este proyecto como parte de la reforma del Poder Judicial, aunque no está oficialmente desechada la posibilidad de que el fuero tributario sea insertado en la estructura de la administración publica provincial, como sucede con el caso del tribunal fiscal de la Nación.

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