Las primeras investigaciones, relatos de sobrevivientes y de quienes conocían la estructura y el funcionamiento del local incendiado, así como informes oficiales permiten reconstruir una provisoria cadena de responsabilidades.

Se sabe que el origen del fuego fue el uso de pirotecnia, encendida por algún asistente al recital que recién había empezado en el boliche, a pesar de advertencias del encargado del lugar y de los propios músicos sobre el peligro que esos elementos encerraban.

Pero se sabe también que la cantidad de personas que había en ese momento en el boliche triplicaba la capacidad habilitada; que las puertas de emergencia estaban cerradas con candados; que en el techo había materiales prohibidos por ser altamente inflamables y tóxicos; que si había luces de emergencia, no funcionaron cuando se cortó la energía eléctrica; que si había matafuegos, nadie pudo encontrarlos.

Y se conoce también -por admisión de funcionarios-, que la Comuna no había inspeccionado el local durante todo el transcurso de 2004 y que la dirección de Bomberos de la Policía Federal había otorgado la habilitación -que implicaba que se cumplían las normas sobre incendios- en abril del año pasado, ignorándose si ya entonces estaban instalados los elementos combustibles mencionados.

Esos primeros datos revelan, en suma, una trama de acciones y omisiones que implican irregularidades, negligencias e incumplimientos gravísimos, de índole virtualmente criminal por sus posibles consecuencias -trágicamente consumadas durante el recital en Cromagnón-, y que involucran, aunque en distintos niveles de responsabilidad, a los empresarios que regenteaban el boliche y a funcionarios y empleados públicos cuya tarea es hacer cumplir las ordenanzas y las normas vigentes para habilitación y funcionamiento del local.

La conclusión es escalofriante: fue una tragedia que se pudo evitar. Es de esperar entonces que la Justicia determine cada una de las responsabilidades que confluyeron para propiciar y alimentar esta catástrofe y que se apliquen las condenas que correspondan.

Debería advertirse aquí que, sin embargo, el cruce de acusaciones iniciado en las últimas horas desde algunos organismos públicos hacia otros, volcando las culpas en algún ámbito con la evidente intención de negar las propias, no resultaría el camino más apropiado ni digno para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y al justo castigo de todos los culpables.

La sociedad en su conjunto, por lo demás, deberá buscar los caminos para trabajar sobre las problemáticas y los fenómenos vinculados a los adolescentes y los jóvenes.

Ese universo -más allá de su obvia diversidad-, va adoptando pautas (como la incorporación de ritos futboleros a los recitales, la "filosofía" de ir con sus hijos a presenciar los shows de sus ídolos, entre tantas otras y para reparar sólo en las vinculadas a esta tragedia) que terminan conformando una especie de cultura prácticamente desconocida por los adultos, que en muchos casos no reconoce peligros ni eventuales advertencias sobre los mismos.

Esas manifestaciones, que derivan en comportamientos masivos que exigen políticas específicas y regulaciones y normas puntuales, no son, sin embargo, tomadas en cuenta por quienes tienen responsabilidades en ese sentido, desde los padres hasta los gobiernos.

Y ese panorama se termina de complicar por un generalizado desapego de los jóvenes al cumplimiento de las leyes y las disposiciones; un drama en el que seguramente tiene mucho que ver el ejemplo que han dado los adultos en los últimos años, cualquiera sea el lugar que ocupen, pero sobre todo desde el Estado mismo, en un país que se hizo conocido en todo el mundo por su incumplimiento de las normas.

Y definitivamente grave es que, como lo admiten ahora los propios empresarios del sector, las irregularidades detectadas demasiado tarde en Cromagnón son moneda corriente en las discotecas y los boliches de todo el país, a los que concurren miles de jóvenes cada fin de semana, a pesar de lo cual funcionan, sin duda, porque hay organismos públicos que miran para otro lado.

Más aún, pocos teatros, estadios cerrados y demás lugares de concentración de multitudes cumplen con las normas de seguridad imprescindibles para evitar que un accidente se transforme en tragedia. En nombre de los 183 muertos en el boliche de Once, sólo cabe esperar que los responsables de esos espacios y los funcionarios que deben controlarlos tomen a partir de ahora las previsiones necesarias.