En el caso de Edenor, Edesur y Edelap tendrán que pagar $ 1.000.000 entre las tres por los cortes de servicios producidos entre el 3 y el 6 del corriente en distintas zonas de Capital, el Gran Buenos Aires y La Plata.

Pero las deficiencias, además, reactivaron duras sanciones que estaban en veremos. La sanción estatal abre una esperanza para los usuarios, indefensos ante empresas monopólicas que hicieron enormes ganancias durante la década menemista y no consideraron prioritarias las inversiones, según se desprende de la actitud que asumió ahora el Gobierno.

La mano del Estado es la única posibilidad para evitar los abusos, o de que se pueda mirar al costado respecto de las prioridades: lo principal es que los clientes, que pagan por el suministro, y se les corta cuando dejan de cumplir, sean los principales beneficiados.

La naturaleza de la contraprestación indica que así debe ser. Edelap, Edenor y Edesur, así como Aguas Argentinas y la propia ABSA en la provincia de Buenos Aires, son empresas de "servicio público".

Lo primordial para ellas no debería ser sacar la mayor tajada posible en el ítem ganancias, aunque sobre todo las compañías de capitales extranjeros hayan adoptado en la mayoría de los casos esa lógica.

La situación actual reflotó la posibilidad de que el Gobierno pueda cortar las concesiones si volvieran a repetirse los problemas de la semana pasada.

Sin embargo, el escenario encuentra una enorme contradicción: mañana se celebrará la audiencia pública que significará para Edelap uno de los pasos previos a su objetivo: el aumento de las tarifas. ¿Es justo que los usuarios vuelvan a ser castigados? El Gobierno, si quiere, tiene la última palabra...