Alierta se defendió en el Juzgado por el caso Tabacalera

El presidente de Telefónica, César Alierta, afirmó en el Juzgado de Madrid, que le investiga por un delito de uso de información privilegiada cuando presidía la empresa pública Tabacalera, que él no tomó las decisiones sobre la compra y venta de acciones en la Sociedad Lierde, ya que la que determina las inversiones es una gestora. Por ello, él no sabía "ni al detalle ni en general" lo que compraba esta entidad. La investigación se centra en si se cometió este delito en la compra de acciones de Tabacalera por 304.700 euros en el año 1997 a través de la SIMCAV Lierde, en la que Alierta tiene participación.

El presidente de Telefónica, César Alierta, afirmó en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, que le investiga por un delito de uso de información privilegiada cuando presidía la empresa pública Tabacalera, que él no tomó las decisiones sobre la compra y venta de acciones en la Sociedad Lierde, ya que la que determina las inversiones es una gestora.

La investigación se centra en si se cometió este delito en la compra de acciones de Tabacalera por 304.700 euros en el año 1997 a través de la SIMCAV Lierde, en la que Alierta y su esposa, también citada como imputada, tienen participaciones.

En su declaración, que se prolongó durante una hora y quince minutos, César Alierta contestó a las preguntas del juez, fiscal y la defensa y dejó claro que, por ley, este tipo de sociedades de inversión las lleva una sociedad gestora.

Por ello, él no sabía "ni al detalle ni en general" lo que compraba esta entidad, según diferentes partes presentes en la declaración de Alierta.

El juez Torres, ahora, debe determinar si se utilizó información privilegiada al comprar los títulos de Tabacalera, después de que este valor registrara un fuerte avance al conocerse dos importantes noticias sobre la compañía (la adquisición de Havatampa y la subida del precio del tabaco).

Según fuentes jurídicas, la Asociación Contra la Injusticia y la Corrupción (AINCO), que promovió parte de la acusación, no se presentó en el juzgado madrileño al deber abonar previamente trescientos euros, que todavía no se han hecho efectivos.

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