El aumento salarial por decreto no incide en su recuperación

Según un informe de Idesa, el nivel actual de los salarios es tan bajo que llevará mucho años poder recuperar el poder de compra que tenían antes de la devaluación. Y la táctica del gobierno kirchnerista de imponer aumentos nominales de salario por decreto es siquiera un matiz que no tiene capacidad para impactar de manera significativa.

En el 2004, los salarios crecieron por encima de la inflación. La mejora fue de 3% en términos reales. Sin embargo, el nivel actual es tan bajo que a este ritmo llevará muchos años recuperar el poder de compra que tenían antes de la devaluación.

Según datos oficiales del INDEC, en el 2004 los salarios aumentaron un 9% y los precios un 6%. Esto implica que, en promedio, el salario real de los trabajadores ha aumentado un 3%. Con la muy fuerte recuperación de la actividad económica (se estima un crecimiento del PBI por encima del 8%) los salarios aumentaron más que los precios y, de esta forma, los trabajadores se apropiaron de una parte de los beneficios asociados al crecimiento.

En un país normal, un aumento del salario real del 3% anual sería una noticia excelente. Por ejemplo, en los Estados Unidos se estima que durante el 2004 la inflación fue mayor que el aumento de los salarios. En las áreas de mayor prosperidad, como las del Euro y Gran Bretaña, el salario real creció 1,8%. En Japón estaría próximo a 3%.

Sin embargo, frente a la profunda crisis que acumula el mercado de trabajo argentino, el crecimiento a un ritmo anual del 3% resulta muy insuficiente. Algunas proyecciones muy simples permiten demostrar que para alcanzar metas aún modestas de recomposición del tejido social es necesario un ritmo mucho mas acelerado de mejoras en las remuneraciones. Por ejemplo, si el salario real se mantuviera creciendo al 3% anual como en el 2004:

- Los argentinos podrían recuperar el nivel de salario real que tenían a finales de 1998 dentro de 7 años, es decir, en el año 2012.
· Los trabajadores registrados alcanzarían el nivel de 1998 dentro de 1 año, en el 2006. Pero los trabajadores "en negro" lo alcanzarían dentro de 15 años, en el 2020.
· Para que los hogares pobres con al menos un ocupado entre sus miembros alcancen a comprar la canasta básica familiar, se necesitarían 20 años, o sea, en el 2025.

Se trata de otra manifestación de la complejidad y gravedad de la situación sociolaboral. A los problemas que por décadas se fueron acumulando, se le agrega en los últimos años un patrón distributivo mucho más regresivo asociado a la política económica que toma como base un tipo de cambio muy alto. Prueba de ello es que mientras el PBI está apenas a un 3% del nivel de 1998, los salarios están un 20% por debajo del nivel de aquel año.

La experiencia del 2004 sugiere que la actitud pasiva y ortodoxa de confiar que la recuperación económica va a "derramar" en mejoras de la situación laboral y social es insuficiente. Imponer aumentos nominales de salario por decreto es apenas un matiz dentro de esta estrategia, ya que no tiene capacidad para impactar de manera significativa. Primero, porque el nivel de cumplimiento es muy bajo dado que más de la mitad de los asalariados privados están contratados "en negro". Segundo, porque en el actual contexto puede ser una presión adicional para que el aumento de los precio diluya el poder de compra de las remuneraciones. La inflación de enero es una señal de alerta en este sentido.

Sería mero voluntarismo suponer que la recuperación del nivel de vida de la gente va a ser un proceso de corto plazo. Sin embargo, existen instrumentos de política que pueden acelerar el proceso.

En primer lugar, para transformar el actual proceso de recuperación en crecimiento sostenido, el nivel de inversión debe ser mucho más alto, no sólo que el actual, sino que los observados en las últimas décadas. Sin embargo, en un clima de negocios hostil hacia las empresas privadas será muy difícil lograrlo. Con pocas inversiones productivas, las empresas no estarán en condiciones de ofrecer ni más empleos ni salarios más altos.

En segundo lugar, las instituciones laborales son un factor muy importante que incide en la capacidad de generar empleos de buena calidad. Más temprano que tarde, las empresas compensan la inseguridad jurídica y los sobrecostos laborales. Por ejemplo, judicializar el tratamiento de los accidente de trabajo en niveles que no tiene precedentes en el mundo puede ser planteado en casos puntuales como una medida equitativa, pero evaluado en su conjunto, es una decisión de alto impacto regresivo porque implican menos empleos y de peor calidad. Análogo argumento puede ser aplicados al criterio de multiplicar la indemnización por despido.

En igual sentido, se suele argumentar –más por tradición que por sustento empírico– que los impuestos al trabajo son la mejor vía para financiar la seguridad social. Sin embargo, se deja de lado que cuando son muy altos, como es el caso argentino donde superan el 40% del salario, empujan para abajo el salario de bolsillo.

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