Scooby Doo: Los fantasmas de Dart y la venganza de Elliott

El martes, U24 publicó la primicia sobre el pedido de uno de los principales hold-outs del canje de la deuda en default, un Fondo Buitre, quien compró títulos en default por US$ 700 millones. Muchos rumores circularon en torno a esta información que habría surgido de una fuente del Palacio de Hacienda e incluso se llegó a pensar que era falsa. Fue Adam Lerrick, director de Argentine Bond Restructuring Agency (ABRA) quien proporcionó de modo erróneo la información y en vez de pronunciar el Fondo Elliot, nombró al que administra Keneth Dart.

El administrador de un denominado Fondo Buitre le pidió al juez Thomas Griessa una moción de embargo por US$ 7.000 millones. Los rumores que provenían de fuentes del gobierno variaban todo el tiempo mientras el Palacio de Hacienda paranoico, no podía (ni puede) tolerar esta primera y pésima noticia postcanje.

Las redacciones de los principales medios ingresaron en la incertidumbre en la que estaban inmersos los miembros del Ministerio de Economía. Una consultora de inteligencia empresaria vinculada al Fondo Dart negó que fuese quien había iniciado el proceso en New York a pesar de funcionarios de la Subsecretaría de Finanzas confirmara al periodismo aquella información.

Fue Adam Lerrick, director de Argentine Bond Restructuring Agency (ABRA), quien ocasionó el caos cuando explicó que el Fondo en cuestión era Dart...cuando en realidad debería haber pronunciado Elliot.

De este modo la información que actualmente se ha chequeado es que Elliot trabó un embargo en The Bank of New York (BONY), agente global de cambio del gobierno local, sobre bonos por un valor de US$ 7.000 millones en bonos argentinos que están en recuento tras el canje. Embargo, que obviamente recaerá en el gobierno local quien deberá renegociar la oferta o entregar los bienes y capitales embargados.

El fondo Elliot le ganó a Perú un juicio luego de comprar títulos en default por US$ 11,8 millones y luego de cuatro años de juicio obtuvo en 2000 casi US$ 56 millones.

La Argentina se muestra confiada y el estudio Clearly Gottlieb,
Steem & Hamilton
ya ha anticipado que el pedido será rechazado por Griessa va a interpretar que los bonos siguen siendo aún de los bonistas y no del Estado.

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