Confirmado: Fin del contrato entre Aguas y Santa Fe

La relación entre Aguas y el gobierno de Santa Fe llegó a su fin. La empresa anunció que rescinde el contrato de concesión y responsabiliza al Estado santafesino por esta situación. Al mismo tiempo anticipó los tiempos de su retiro y fijó un plazo "máximo" de 90 días para el traspaso de bienes y servicios. La provincia rechazó los términos de este desenlace y aseguró que "se van a ejecutar las garantías" que la empresa no renovó.

A menos de un mes del anuncio de Aguas Provinciales (APSF) sobre su intención de retirarse de la concesión del servicio de agua y cloacas en 15 localidades de la provincia, el directorio de la compañía decidió rescindir el contrato con la provincia "por culpa del concedente" y le solicitó a la provincia "la recepción provisoria de los bienes y el servicio en un plazo máximo de 90 días".

APSF señaló que recurrió a esta decisión "al no haber podido encontrar un acuerdo con la provincia respecto de la recomposición del contrato" y "se ha visto obligada a declarar la rescisión contractual por culpa del concedente".

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alberto Hammerly, confirmó que el Enress sacó una resolución por la cual a partir de hoy "tomará intervención" en la empresa, tanto en Santa Fe como en Rosario.

Tras descartar la inmediata designación de un administrador, dijo que el organismo de control "que viene siguiendo desde el minuto cero esta situación con la empresa, va a ser el que se haga cargo, con la provincia, de trabajar con la misma severidad que lo ha hecho Aguas Provinciales en el día de hoy".

El diario rosarino La Capital a Hammerly sobre quién tomará el control de la administración a partir de hoy. "La empresa pero con supervisión directa del Enress. Vamos a intervenir, a participar y auditar, primero en las localidades más grandes y luego en el resto", aseguró el ministro, quien aclaró que "el contrato está vigente".

Sin embargo, este proceso se prevé más corto que el planteado inicialmente. Así lo demuestra la decisión de Aguas de indemnizar a algunos de sus principales cuadros gerenciales y de trasladar a otros hacia Buenos Aires.

"Trataremos de que estos noventa días sean transitados de la mejor manera posible", dijo Hammerly y aclaró que la empresa "tiene que ser responsable porque se trata de un servicio esencial que el Ejecutivo va a garantizar".

* El documento

El portazo que finalmente dio Aguas surgió luego de la reunión que mantuvo ayer el directorio de la compañía, quien instruyó al gerente general, Alberto Gregorini, a informar al gobernador Jorge Obeid esta decisión a través de una extensa nota en la que explica las razones. La publicación de La Capital:

"La comunicación enviada por Aguas Provinciales al gobernador de Santa Fe responsabiliza al Estado provincial por la rescisión del contrato, repasa las propuestas efectuadas por la compañía para recomponer su situación económica-financiera y para garantizar la salida ordenada, asegura que las garantías del marco regulatorio de la concesión se destruyeron por la falta de adecuación tarifaria y confirma la demanda ante al Ciadi.

Para argumentar la "culpa" del concedente, la compañía recordó que "transcurrieron más de tres años desde la apertura del proceso de renegociación contractual a fin de restaurar el equilibrio económico y financiero de la concesión", sin que la concedente "haya efectuado una sola propuesta tendiente a restituir dicho equilibrio en forma definitiva".

Como tampoco "acogió ninguna de las múltiples propuestas realizadas por la concesionaria", Aguas intimó al Ejecutivo el 16 de marzo para que tomara las medidas "pertinentes para restablecer" esta ecuación. "Hasta el presente el concedente no ha dado respuesta concreta a las cuestiones planteadas", señala la nota. Por el contrario, prosigue, diversos órganos del Estado "emitieron una multiplicidad de actos que profundizaron sus incumplimientos y generado mayores perjuicios" a la concesionaria. A saber:

* Dispuso unilateralmente que Aguas Provinciales ejecutara "como mínimo" el plan de obras que había sido suspendido de común acuerdo en octubre de 2002. Es decir que, sin recomponer la ecuación económica, "pretende que en el término de 9 meses APSF ejecute inversiones por un monto que estima en cien millones de pesos".

* El 31 de marzo, el concedente "impuso indebidamente una reducción en los niveles tarifarios de la concesión estableciendo que los montos recaudados sobre el 13,85% de incremento tarifario otorgado en el acuerdo de abril de 1999, debían ser depositados en una cuenta bancaria especial".

* El Enress, el 7 de abril de 2005 "mantuvo su postura de ignorar la ruptura de la ecuación económica del contrato, exigiendo la acreditación de tal circunstancia por parte de la concesionaria".

* Los fundamentos de la resolución del Ministerio de Obras Públicas mediante la cual se rechaza la intimación cursada por la concesionaria "representan la reiteración de posturas que violentan los principios básicos del marco regulatorio", señala la nota.

Aguas indicó que demoró la declaración formal de la rescisión, por culpa del concedente, "en atención a discusiones con altas autoridades de la provincia llevadas a cabo los días 26 y 29 de abril y 6 de mayo, cuyo único objetivo fue acordar las condiciones para un traspaso ordenado del servicio".

Pero al mismo tiempo el Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto de ley en el que declaró que el contrato no se sustenta en el principio de equilibrio y autorizaba a negociar un traspaso ordenado del servicio. En razón de ello, la compañía "elaboró proyectos de acuerdos" para esa transición.

Sin embargo, de la nota del Ministerio de Obras Públicas el 23 de mayo pasado, "surge un rechazo de la propuesta de salida ordenada presentada por APSF".

En forma paralela, continúa la empresa, el Enress "careciendo de competencia para ambos actos", intimó la renovación de las garantías y a recomponer la situación del patrimonio neto negativo que resulta de los estados contables de APSF. Esto "es una directa consecuencia de la falta de recomposición del equilibrio económico por parte de la concedente".

Para la empresa, "queda claro entonces que las garantías básicas del marco regulatorio y contractual de la concesión han sido definitivamente destruidas con el resultado de que las tarifas no han sufrido variación alguna desde la salida de la convertibilidad". "

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