Riesgosa aprobación de los legisladores tucumanos a la iniciativa Alperovich

En complicidad con el gobernador José Alperovich, la Legislatura tucumana dio vía libre a una cuestionada iniciativa impulsada por el Ejecutivo para adjudicar directamente, sin instancia de licitación, $250 millones para la construcción de unas 3.000 viviendas.

Se trata del polémico proyecto de Lomas del Tafí, que está incluido en el Plan Federal de Viviendas, para el cual Alperovich firmó semanas atrás un decreto que permite eludir la licitación de las obras y favorecer un manejo a discreción del proceso por parte del Instituto Provincial de Vivienda que depende del Poder Ejecutivo.

La avanzada de Alperovich ahora fue ratificada por ley, gracias al voto de 23 diputados oficialistas -12 opositores tomaron postura en contra- que sesionaron el pasado lunes en la provincia.

Vale recordar que el proyecto de Lomas del Tafí fue duramente criticado por la oposición. Por caso, el legislador provincial Rodolfo Danesi (Ciudadanos independientes) cuestionó aspectos legales y técnicos, denunciando la falta de una evaluación del impacto ambiental del proyecto completo de 5.600 viviendas, que no tienen aseguradas la provisión de agua potable ni los desagües pluviales, y cuyos desechos cloacales serían trasladados 13 kilómetros, hasta el arroyo Manantial, donde se harán piletones de tratamiento. "Se oculta un gran negociado", aseguró.

En tanto, el radical Juan Robles sostuvo: "Lo que no está al comienzo no está al final", y advirtió de que hay sospechas de que se beneficiará a allegados al gobierno.

En rigor, los legisladores aplicaron cambios menores al decreto original, pero los mismos fueron redactados por el propio secretario de Obras Públicas, Oscar Mirkin.

De este modo, se mantuvieron sin modificaciones los principales puntos impulsados por Alperovich, que justificó este cuestionable modo de administrar un presupuesto de alrededor de $250 millones en la necesidad y urgencia de tener todas las obras adjudicadas antes del 30 de junio.

En lo que respecta a la ley votada el lunes, el oficialismo definió que cada empresa contratada por el Estado tenga como obligación subcontratar o ceder, como mínimo, 30% de sus trabajos a firmas de menor envergadura, según publicó el diario tucumano La Gaceta.

Las empresas serán las responsables finales y se quedarán con 3% de los montos de cada subcontrato, para cubrir sus costos administrativos y burocráticos. Las firmas subcontratadas recibirán el restante 97%.

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