Confirmado el anticipo del Día del Periodista: Albistur aprieta periodistas

Pobre Enrique Albistur: es berreta hasta para querellar. Terminará igual que su amigo y benefactor Carlos Grosso. O que su amigo y socio, Carlos Ávila. Todavía no explicó quién pagó el acto de Rafael Bielsa en su teatro (¿fue una donación?) y ya presentó una querella criminal por injurias y calumnias contra Darío Gallo, Jorge Fontevecchia, Alberto Fontevecchia y Luis Moretti, de Editorial Perfil y la revista Noticias, a raíz de una nota de tapa publicada el 29 de enero último con el título de "El repartidor", y pidió la aplicación de la pena máxima de prisión (3 años). Los editores y empresarios fueron citados a una audiencia de conciliación para el próximo 28 de julio. La querella quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del magistrado Jorge Luis Ballestero. En la investigación periodística se daba cuenta de que la Secretaría a cargo de la distribución de la publicidad oficial, en 2004 aplicó más de $ 100 millones, un 25% más de lo presupuestado. Este año, el monto asignado es de $ 88 millones, con posibilidades de ser incrementado por el jefe de Gabinete. Albistur fue muy criticado por su salutación del Día del Periodista, que hablaba de 'aprietes'. Interesante reflexión del subdirector del diario La Nación:

POR JOSÉ CLAUDIO ESCRIBANO

De pronto, nos informan que un funcionario público ha querellado a los editores de la revista Noticias y pedido la máxima sanción penal establecida para los delitos de calumnias e injurias.

Estoy leyendo en ese momento, no sin esfuerzo, las "Memorias de ultratumba", de Chateaubriand. He subrayado dos párrafos. En uno, Chateaubriand recuerda que en la Antigüedad el rayo que estallaba en el cielo sereno era considerado el más amenazador de todos.

En el otro, refiriéndose a la misma política con la cual Napoleón se empleaba por igual para una España que quería avasallar y para una Italia a la que sometía, dice que Napoleón había entrado en la órbita de lo que los astrólogos llamaban el "planeta transversal".

Caramba, ¿de modo que desde hace más de doscientos años existían registros de ese planeta?

He vivido en los últimos años suficientemente, por decirlo así, a campo abierto como para ignorar las corrientes eléctricas que han cruzado la atmósfera del país.

Pero no puedo evitar una comparación inmediata entre un supuesto cielo escampado y esta querella de la que me hablan, por ser la primera, hasta donde llega la memoria, que haya presentado en mucho tiempo un funcionario público nacional contra editores de una publicación significativa de la Argentina.

Además, no habiendo, que se sepa, otras demandas en gestación, ésta ha aparecido, por lo tanto, cuando menos se la esperaba. Convengamos que es un rayo aislado que, caído como ha caído, debe tomarse nota de él como tal.

Tampoco puedo pasar por alto el hallazgo de que antes de que se hablara en estas tierras, con dudoso acierto lingüístico, de la transversalidad como de algo nuevo que comenzaba a incrustarse en la política criolla, los franceses de comienzos del siglo XIX la reivindicaban nada menos que para interpretar al genio napoleónico, bien que para analizar lo que terminaría siendo uno de sus errores fatales: haberse metido con España.

En todo aquel orden de ideas no creo que uno haya debido ser un buen patriota español para que el vocablo en cuestión hubiera transmitido, una vez conocido, una sensación mínima de incomodidad. Tener una transversalidad intestinal no es poca cosa.

Pero tener ya una concepción transversal de la política ha de ser por lo menos un síntoma de grave desafinación musical en el uso de la lengua española, habiendo en ella, como las hay, tantas magníficas palabras.

Afortunadamente para todos, creo, eso de la transversalidad ha ido perdiendo impulso y sólo a unos pocos sedicentes, por lo que parece, les ha quedado ella atravesada en la cabeza, con los efectos que un impacto de esa naturaleza seguramente ha de provocar.

Pensé, por lo dicho hasta aquí, que por mayores coincidencias que hubiera hallado entre anotaciones del pasado y hechos de la realidad argentina en la obra capital del vizconde sobre cuya tumba fue a orinar Sartre en actitud canina que le ha sido reprochada, la querella que se interpuso contra Noticias debía examinarla, para ser justo, desde un ámbito ajeno a cualquier "planeta transversal".

Después del abandono más o menos precipitado, pero sensato por razones prácticas, que éste ha sufrido en su recolonización por seres australes, habría sido caprichoso tomarlo como punto de referencia para comentario alguno. Veamos, pues, la querella que nos ocupa desde otras perspectivas.

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La sustancia del artículo de Noticias que ha dado lugar a esta acción judicial concierne a la forma en que el Gobierno distribuye fondos públicos para la publicidad oficial.

En los años en que ejercí tanto la presidencia de ADEPA -la asociación que, como es notorio, agrupa a los diarios argentinos- como en otros, en que tuve a mi cargo la Comisión de Libertad de Prensa de esa institución, fui reticente, debo admitirlo, a abordar cuestiones que involucraran el empleo de fondos públicos en publicidad oficial.

No porque fuera insensible a la inequidad, por discriminación, que su uso muchas veces genera, o a las corruptelas a las que puede dar lugar, sino porque prefiero una prensa asistida por los lectores y los avisadores privados.

No me resulta grato estar reclamando dineros de los contribuyentes para que asistan a medios de comunicación, aun cuando sé bien que hay una infinidad de modestísimas hojas en el interior del país, irreemplazables por las grandes publicaciones nacionales, en el servicio de articulación de las comunidades en las cuales se desenvuelven.

A menudo, esas publicaciones corren riesgo de extinción, en medio de una pobreza generalizada, hasta que se extiende la mano providencial de una autoridad de comuna o municipio.

Va de suyo, por lo demás, que nadie puede olvidarse del sustrato constitucional que impone la obligatoriedad de hacer públicos, de forma fehaciente, los actos de gobierno.

La Justicia decidirá si hay lugar o no para la querella incoada. Determinará si ha habido agravio a persona alguna y si la publicidad oficial, eje del artículo de Noticias impugnado, se reparte según sanos principios de buena administración o con preferencias políticas inadmisibles en favor de los gobernantes de turno, según han sostenido Noticias y otras voces del país y del extranjero. Discriminar no es sólo dar a uno lo que se niega a otro; también lo es dar en exceso o sin justa razón.

Por principio, la libertad de expresión en temas de interés institucional, como el que está en juego en este asunto, debe ser muy amplia, libre de restricciones. Los funcionarios han de saber que al asumir sus cargos quedan expuestos a la crítica que pueda provenir de aquellos a quienes voluntariamente ellos han decidido prestar servicios.

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Ocho días después de la primera vuelta electoral del 27 de abril de 2003, al cabo de la cual las percepciones colectivas determinaron, por encima de los resultados del escrutinio, el futuro inmediato del país, el doctor Néstor Kirchner me invitó a desayunar en un piso alto de la avenida Callao.

Fueron más de dos horas de conversación, en esa mañana del lunes 5 de mayo, a las que por su extensión debí poner término en deferencia al invitante, que seguramente había contraído compromisos de mayor relevancia.

En esa oportunidad el entonces gobernador de Santa Cruz tuvo respuesta al interés manifestado por conocer algo más sobre la política editorial e informativa de La Nación.

En la explicación amplia que recibió y que habrá constatado en su verosimilitud por la lectura del diario de estos años, las primeras palabras del interlocutor, sobre la base de su conocimiento del diario, fueron éstas: "Primero, nunca espere usted un trato humillante de parte de La Nación; no deben esperarlo de sus intenciones usted ni nadie. Segundo, ninguna decisión administrativa de su gobierno que dañara a la sociedad editora de La Nación, llevaría al diario a abrir la primera plana con un título que anuncie, como catástrofe generalizada: Se cae la economía del país".

Como en ciertos terrenos no caben las palabras incautas, es obvio que el Presidente debió interpretar estas últimas como que no hay una política común a todas las publicaciones que circulan por el mundo cuando se producen ciertas situaciones que las afectan.

"Lo sé perfectamente", contestó a aquellas dos observaciones, que pretendieron reflejar el espíritu de este diario en 135 años, quien en esas circunstancias no era siquiera presidente electo. Faltaban todavía diez días para que el doctor Carlos Menem declinara participar en la segunda vuelta después de haber ganado por escaso margen la primera.

Luego, a lo largo de una charla siempre civilizada -y no sólo por las buenas maneras convencionales que en ella privaron-, el hoy Presidente afirmó algo que quedó registrado así en mi memoria: "He comprendido la importancia que la libertad de prensa tiene para todos".

¿Pero qué decir de la libertad de prensa cuando la bajamos del mundo de las abstracciones a este mundo de penas concretas y se pretende la imposición de sanciones por actos cometidos en su ejercicio?

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha sido rotunda cuando afirma que en los casos punibles cabe con toda lógica el resarcimiento económico, no la persecución penal, por la gravedad de los efectos intimidatorios de ésta y su derivación en la autocensura de la prensa.

Con el patrocinio de la SIP y la inspiración de Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, escritores y periodistas de América redactaron en 1994 la Declaración de Chapultepec, cuyo punto décimo dice que ningún medio de comunicación debe ser sancionado por difundir la verdad o por formular críticas o denuncias contra el poder.

La Declaración de Chapultepec ha sido refrendada por un alto número de presidentes americanos, desde los Estados Unidos hasta la Argentina, y por muchos gobernadores argentinos. Más lejos todavía fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al afirmar, en un documento del año 2000, que las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho de información.

Esa misma doctrina animó años atrás un proyecto conjunto de los jefes de los bloques de senadores nacionales del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical, Jorge Yoma y José Genoud, respectivamente, por el que se despenalizaban los actos de calumnias e injurias realizados por la prensa contra funcionarios públicos en temas atinentes al funcionamiento del gobierno, pero no por asuntos privados, como es natural.

* * *

Mientras esto ocurría en el ámbito interamericano, en la Argentina la Corte Suprema de Justicia acogía la doctrina de la real malicia, por la cual prevalece el interés de la opinión general por conocer todo lo concerniente a cuestiones relevantes de interés institucional en desmedro de los derechos personales de los funcionarios públicos, a condición de que no hubiera habido una intención deliberada de dañarlos o una negligencia de tal magnitud en la lesión producida que pudiera entenderse equivalente al dolo.

La "línea recta" integra nuestras nociones más elementales de geometría, aparte de ser el nombre de un centro estudiantil de memorable actuación en la vieja época universitaria. Pero la línea recta es menos dominante en el vasto espectro de la Historia, plagado de curvas, de abismos, de saltos, de evoluciones y de retrocesos, en fin, de sinuosidades.

Las amplísimas libertades reconocidas por la Constitución Nacional de 1853/60 para la libertad de prensa han prosperado en general en las decisiones de la Justicia argentina de los últimos veinte años.

Sin embargo, Noticias conoció el rigor de la condena impuesta por la llamada "Corte de Menem" en casos controvertidos y abiertos, uno, a nombre de María Julia Alsogaray, y otro, por el senador Eduardo Menem.

Lo importante, lo verdaderamente trascendente en problemas de la índole del que afrontan una vez más los editores de Noticias, no es la entidad de una demanda judicial o la fuerza argumental del querellante.

Lo realmente decisivo es el grado de certeza que pueda anidar en la sociedad en cuanto a que el último baluarte de las garantías constituciones de los individuos que la componen -entre los cuales el de la libertad de prensa es de rango estratégico- descansa en un Poder Judicial confiable.

Como en los últimos quince años han sobrado razones para testimoniar que se violentaron con reiteración principios básicos de la República -división de poderes, justicia independiente-, subrayé un tercer párrafo en el libro en mis manos de la monumental obra de Chateaubriand: "Hay tiempos en que no hay que gastar el desprecio sino con moderación, debido al gran número de personas que se lo merecen".

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