Don't Count on Argentina to Help Fight Terror (No cuenten con Argentina para luchar contra el terrorismo)

Por MARY ANASTASIA O'GRADY La siguiente nota fue publicada por diario The Wall Street Journal, el 8 de julio, en medio de la preparación de una visita de George Walker Bush a la Argentina. Las autoridades 'kirchneristas' deberían comenzar a preocuparse de esta identidad que parecen adoptar porque hoy los costos en la comunidad global pueden ser elevadísimos.

¿Está Argentina convirtiéndose en un "santuario nacional para terroristas extranjeros"?. Esa es la pregunta que se hace el sitio de internet Ambitoweb.com esta semana. Como sugiere el provocativo comentario, es una posibilidad que alarma a más de un argentino estos días.

Es también una pregunta que amerita la atención de los políticos de los Estados Unidos. La Argentina se parece cada vez más a la Arabia Saudita de antes del 11 de Septiembre, pero en Sudamérica.

Aunque las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos son cordiales, lo que se está cultivando en el Cono Sur difícilmente califique a la Argentina como aliado en la lucha contra el terrorismo. Habiendo probado los frutos del doble lenguaje saudí cuatro años atrás, los Estados Unidos no deberían ser sorprendidos una segunda vez.

La preocupación despertada en Ambitoweb.com llega inmediatamente después de una decisión de un juez argentino de rechazar la solicitud de Chile de extraditar a Sergio Galvarino Apablaza.

También conocido por su nombre de guerra, Comandante Salvador, el chileno es un antiguo jefe del grupo extremista de izquierda llamado Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Está acusado del asesinato del senador chileno Jaime Guzmán en 1991, y del secuestro de Cristian Edwards, hijo del propietario del diario chileno El Mercurio.

El gobierno del socialista chileno Ricardo Lagos no es precisamente una junta derechista dedicada a capturar enemigos políticos, particularmente uno de la ideología de Apablaza. Lagos es famoso porque una vez desafió al General Augusto Pinochet a dejar el poder.

Pese a esto, según Ambito, el juez argentino que rechazó el pedido de extradición "asumió que los crímenes atribuídos a Apablaza eran de naturaleza política", y ordenó su libertad inmediata.

El miércoles, Apablaza se presentó en el cuartel general de un grupo de derechos humanos en Buenos Aires, proclamando que lo único que lamentaba era "no haber hecho más para terminar con la tiranía de Pinochet".

Eso suena muy valeroso, hasta que uno se entera del hecho de que Guzmán fue asesinado mucho después de que el Gral. Pinochet voluntariamente dejara el poder en manos de un gobierno civil elegido democráticamente. Su asesino obviamente tenía algún otro objetivo en su mente, más que el de liberar al pueblo chileno.

Como era de esperar, el Partido Comunista de Chile celebró la decisión argentina. El Comandante Salvador mantiene su inocencia y el jueves pidió a las Naciones Unidas que le reconozca status de refugiado político.

Lamentablemente, la decisión del tribunal federal de proteger a un terrorista chileno buscado no es un evento aislado, sino un rasgo distintivo que hoy prevalece en los niveles más altos de la política y la jurisprudencia argentinas.

En mayo, la Corte Suprema rechazó la extradición de un terrorista que pertenece al grupo separatista vasco conocido como ETA, que se ha cobrado más de 850 vidas desde 1968. Jesús María Lariz Iriondo está acusado de un atentado con bomba en 1984 en Eibar.

Sin embargo la Corte dictaminó que el acto terrorista que le es atribuído no es un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, el delito ha prescripto y su autor ya no puede ser acusado por el hecho.

En una editorial titulada "Crímenes de lesa humanidad", el diario La Nación, en su edición del día 6 señaló que esto es directamente contrario a la resolución de 1996 de las Naciones Unidas, que define crímenes de lesa humanidad como "actos criminales con objetivos políticos cometidos o planificados con el objeto de provocar un estado de terror entre la población en general o en un grupo específico de individuos".

Una interpretación literal de la resolución de las Naciones Unidas resulta inconveniente para el gobierno de Kirchner. El grupo terrorista argentino conocido como "montoneros", junto al ERP (apoyado por Fidel Castro), cometió atrocidades -como las de ETA- contra inocentes durante una década, antes de y durante el gobierno militar que tomó el poder en 1976, produciendo más de 1.500 víctimas.

Hoy, la Argentina permite a muchos montoneros reconocidos circular por el país con impunidad. Algunos son miembros del gobierno. Esto, por supuesto, es el núcleo del problema de Kirchner: ¿cómo puede perseguirse a terroristas chilenos y vascos mientras los antiguos montoneros gozan de absoluta libertad?.

La base de pensamiento de Kirchner es de extrema izquierda, antiestadounidense, y durante los últimos dos años se ha movido rápidamente para llenar el máximo tribunal argentino con jueces que piensen como él.

En nombre de la justicia la corte recientemente anuló la amnistía otorgada a los militares en 1986 y 1987 por sus crímenes durante la "guerra sucia". Pero no ha dicho nada respecto de investigar a antiguos terroristas de ERP y montoneros que utilizaron el mismo tipo de tácticas observadas ayer por la mañana en Londres, hasta que fueron acallados por el gobierno militar.

Hoy en día la Argentina tienen poco en común con países serios como Chile, y más en común con Nicaragua, que está nuevamente bajo el ataque sandinista. En mayo, jueces nicaragüenses se negaron a extraditar a Italia a Alessio Casimirri, acusado del secuestro y asesinato del ex Primer Ministro Aqldo Moro en 1978.

Para entender el porqué de las simpatías del gobierno de Kirchner, es válido prestar atención a uno de sus más importantes aliados políticos, Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, que festejó lo sucedido el 11 de septiembre.

Informes periodísticos en Buenos Aires dicen que Bonafini luchó duramente para que le fuera otorgado asilo político a Lariz Iriondo.

El mes pasado estuvo en La Habana con Fidel Castro, Hugo Chávez y el guerrillero salvadoreño Shafik Handel, protestando contra los Estados Unidos por no haber extraditado al anticastrista Luis Posadas Carriles a la provincia cubana de Venezuela, para ser juzgado por terrorismo.

La Argentina tiene una historia de haber protegido a algunas de las figuras más oscuras del mundo, incluyendo fugitivos nazis luego de la 2° Guerra Mundial.

El Hezbollah, patrocinado por Siria e Irán, está sospechado de haber orquestado en 1992 el atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires, y en 1994 contra el centro comunitario judío AMIA.

Nadie ha sido llevado ante un tribunal por esos terribles eventos. Kirchner dice estar investigando nuevamente aquellos atentados, pero los 11 años transcurridos no dan muchas esperanzas.

A pesar de esa promesa, Kirchner se niega a condenar a Chávez pese a que en 1994, el niño malo venezolano atacó de palabra a la comunidad judía de su país, y apañó un ataque a una escuela judía de Caracas.

Según el sitio web del Departamento de Estado americano, en el año 2004, volantes antisemitas estaban "disponibles al público en la sala de espera de los ministerios del Interior y Justicia".

Cuando la Secretaria de Estado Condi Rice se reunió en Abril con el ministro argentino de Relaciones Exteriores, la agenda contemplaba el tema de los derechos civiles en Venezuela.

Pero un vocero del ministro argentino dijo que, en lugar de eso, la conversación se centró en lo que Argentina quiere: más préstamos del FMI, presumiblemente para mantener a los simpatizantes de Kirchner provistos de banderas americanas para quemar. Los Estados Unidos deberían haber aprendido más de su experiencia saudí.

Dejá tu comentario