Una estrategia "profundamente subversiva"

La estrategia elegida por los mandamases del PJ puede ser considerada genial, pero no tiene mucho que ver con la democracia republicana. A continuación, U24 le acerca el editorial del diario Río Negro:

Aun cuando no haya sido fruto de una maniobra acordada por Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde, sería difícil negar que la decisión de los peronistas bonaerenses de presentar dos listas de candidatos en las elecciones legislativas de octubre constituye una jugada muy hábil que de tener éxito ayudará a fortalecer la hegemonía institucional del PJ.

Por tratarse de una organización a la que individuos de cualquier ideología pueden afiliarse, está en condiciones de ubicar a sus representantes en buena parte de los puestos electivos del país, además de dominar la oposición con el propósito de asegurar que la eventual caída de un gobierno peronista sólo sirva para que lo reemplace otro.

Ya que la ciudadanía parece convencida de que es mejor dejar a los peronistas la responsabilidad de gobernar porque desde el llano siempre se las arreglarán para impedir que otros lo hagan, la estrategia colectivamente elegida por los mandamases del PJ, que cuando la interna se pone dura optan por dividirse con la intención de reunirse más tarde en cuanto los ánimos se tranquilicen, puede considerarse genial, pero por desgracia no tiene mucho que ver con la democracia republicana. Antes bien, por basarse en el desprecio absoluto por todas las reglas, es profundamente subversiva.

En los años últimos, las instituciones políticas del país se han deteriorado al mismo ritmo que la economía que, el fuerte rebote que siguió a la devaluación no obstante, sólo puede ofrecer a una minoría cada vez más reducida un estándar de vida que los más considerarían "normal".

No bien se hizo evidente que la ciudadanía no trataría de dar un sentido práctico a la consigna "que se vayan todos", demasiados políticos llegaron a la conclusión de que podrían olvidarse de ella para dedicarse por completo a sus respectivas internas.

Pero no sólo es cuestión de la ampliación del abismo entre la clase política y los demás. También se ha ensanchado la brecha que separa al Poder Ejecutivo del Legislativo, que en la actualidad se encuentra tan devaluado como el peso, mientras que la cúspide del Poder Judicial ha sido remodelada a fin de adecuarla a las necesidades del gobierno del presidente Kirchner.

Así, pues, la concentración de la riqueza, que se vio agravada por las medidas tomadas por los gobiernos de Duhalde y Kirchner, coincidió con una concentración igualmente brutal del poder político.

A tres años y medio del hundimiento, el obstáculo real más significante en el camino de Kirchner consiste precisamente en su ex padrino, Duhalde.

Si bien en teoría los legisladores peronistas podrían poner límites al presidente, sorprendería que muchos se atrevieran a hacerlo porque no querrían arriesgar sus lugares en las sacrosantas listas sábana.

Otro obstáculo está conformado por la ineficiencia extrema de casi todo lo vinculado con la administración pública, además de las instituciones políticas encabezadas por el Congreso nacional, pero el que en cierta medida la democracia dependa de la desidia no puede ser motivo de consuelo.

Los profesionales de la política y sus clientes aparte, a muy pocos les interesan los conflictos entre kirchneristas y duhaldistas o el deseo manifiesto de estos últimos de hacerle la vida imposible al gobernador bonaerense Felipe Solá.

Los más entienden muy bien que se trata de una lucha por mayores cuotas de poder, no de los esfuerzos de los comprometidos con un programa político determinado por conseguir el apoyo que les sería necesario para instrumentarlo. Sin embargo, parecería que es tan grande el temor a que el andamiaje institucional precario existente se desplome o que el presidente reaccione con una diatriba "dura", que sólo se oyen protestas aisladas.

Mientras persista está actitud, será imposible que se ponga en marcha la tan ansiada renovación política. Tanto en nuestro país como en todos los demás, la calidad de la vida institucional depende de la voluntad ciudadana de obligar a sus gobernantes y a los legisladores a asumir plenamente sus responsabilidades y de respetar a rajatabla las reglas fijadas no sólo por la Constitución y las leyes, sino también por los principios éticos que son inseparables de la democracia.

Si la mayoría vota por quienes habitualmente violan la letra y el espíritu de los pactos así supuestos, no tendrá derecho a quejarse si las consecuencias no le gustan.

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