Investigan a LAN Argentina: La IGJ asegura que el grupo chileno LAN es el verdadero controlante de la aerolínea

La Inspección General de Justicia (IGJ) llevará a juicio a Aero 2000, la empresa que compró la chilena LAN para concretar su anhelado ingreso al país y a la que, posteriormente, sumó como socios mayoritarios, con el 51%, a dos abogados argentinos. En una resolución difundida por el organismo que encabeza Ricardo Nissen, se argumenta que estos empresarios locales son, en realidad, testaferros de la aerolínea. Y según afirma, esta situación viola el Código Aeronáutico, que exige que la mayoría accionaria de una aérea sea de capitales nacionales.

La inspección general de justicia cree que la chilena LAN Airlines es dueña real de LAN Argentina y demandará a Aero 2000, informó el sitio Mercado.

"Existen constancias documentadas de que el grupo chileno LAN es el verdadero controlante de la nueva aerolínea que opera como LAN Argentina", sostiene Ricardo Nissan, jefe de la Inspección General de Justicia (IGJ). Pero la primera acción directa se la entabla a Aero 2000.

En marzo, la empresa chilena anunció que adquiriría una línea local para empezar a operar en Argentina. Días después, tomaba Aero 2000. Para cumplir con las normas –exigen mayoría simple de capital nacional- LAN Argentina se integró con 51% de acciones en poder de dos abogados (Jorge Pérez Alati, Manuel Benites). Los chilenos se quedaron con 49% y el management.

A criterio de la IGJ, hubo "simulación para cumplir leyes locales. Por ende, la dueña real de LAN Argentina es LAN Airlines". A su vez, ambas firmas disienten con la postura de la justicia. Pérez Alati y Benites forman parte de un estudio que incluye a Mariano Grondona y José A.Martínez de Hoz (hijos).

De hecho, fuentes de la chilena LAN afirmaron anoche a un diario porteño que "la empresa no transgredió ninguna ley y que está en absoluto desacuerdo con la resolución de la IGJ".

Pese al inicio de acciones judiciales, la aerolínea no dejará de volar ni se vera afectado su personal. Lo que sucederá, según advirtieron desde el organismo, es que será un juez del fuero comercial el que deberá decidir sobre la posible nulidad de la sociedad.

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