Héctor Timerman y Alfredo Forti son dos posibles sucesores de Rafael Bielsa al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Curiosamente son dos hombres con un pasado que vincula la abogada Débora Benchoam y Jacobo Timerman, vinculado a la prisión ilegal y la violación de los derechos humanos a que apeló el Estado entre 1976 y 1983.

Con escasa suerte (parece definido que será 3º), Rafael Bielsa peleará por una banca en la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones del 23 de octubre, dejando libre su cargo de ministro de Relaciones Exteriores y Culto, para el que Néstor Kirchner busca un sucesor.

Es evidente que si de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner depende, será el cónsul general en Nueva York, Héctor Timerman. Pero si otros allegados al Presidente logran su objetivo, será Alfredo Waldo Forti.

En el caso de Forti, embajador en Honduras, fue fortalecido a partir de su negociación para evitar un escándalo diplomático con Cuba por el caso de la investigadora médica ‘disidente’ Hilda Molina.
Forti y Timerman mantienen, a la distancia, una historia en común: la abogada Débora Benchoam, rescatada de la prisión por el reclamo de Jacobo Timerman ante un Subcomité de la Cámara de Representantes de USA.

Débora Bechoam hoy integra Wola (Washington Office on Latin America), un organismo fundado en USA en 1975 con funciones similares al Cels local (Centro de Estudios Legales y Sociales, que preside Horacio Verbitsky). Wola comenzó a trabajar en Latinoamérica cuando muchos países eran gobernados ‘de facto’.
Benchoam fue presa política y atravesó situaciones de destierro similares a las que vivieron Jacobo Timerman, padre de Héctor, y Alfredo Forti y sus cuatro hermanos, luego de la detención de su madre, en Ezeiza, en 1977, cuando ya estaban en un avión de Aerolíneas Argentinas que despegaría rumbo a Caracas, Venezuela.

Cuando recuperó su libertad, Timerman publicó su testimonio ‘Prisionero sin nombre, celda sin número’, en 1981, y reveló a los miembros del Subcomité sobre Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes la situación de Débora, una de las presas políticas argentinas más jóvenes.

El representante por Miami, William Lehman, ya fallecido, y otros legisladores estadounidenses, se interesaron en el tema y reclamaron a la Junta Militar para la liberación de Débora, que se concretó después de cuatro años de su detención.

Ella se exilió en Miami, Florida, USA, donde conoció a George Rogers, uno de los miembros de Wola, que la acompañó en sus reclamos ante el Congreso estadounidense para que quitarle el apoyo estadounidense a los militares argentinos. Desde 1984 Rogers es el marido de Débora.

En tanto, ella estudió Derecho y se incorporó a Wola, mientras Rogers se convirtió en el abogado del Banco Interamericano de Desarrollo.

Débora fue la patrocinante elegida por Forti para ejercer su defensa en la causa que inició en San Francisco, California, contra Carlos Guillermo Suárez Mason, por violación de los derechos humanos.
El ex comandante del Cuerpo I de Ejército entre 1976 y 1979 fue llevado a juicio, y debió regresar, preventivamente, a la Argentina.

Forti

Alfredo Waldo Forti es embajador en Honduras y lo fue interinamente en Cuba cuando renunció Raúl Taleb.

Nació en Córdoba, en 1960, y el 29 de mayo de 1977 y fue detenido junto a su madre, Nélida Azucena Sosa de Forti y sus cuatro hermanos cuando escapaban al exilio.

Aunque tenían la documentación en orden, se ordenó el desembarco de los seis pasajeros por ‘problemas de documentación’ y fueron arrestados por siete días, período en el cual los menores de edad fueron separados de la madre, quien fue conducida a Tucumán, con paradero desconocido.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en telegrama del 13 de junio de 1977, le comunicó al Gobierno argentino la situación, solicitándole la información correspondiente, pero las autoridades cívico-militares competentes no registraron antecedentes de detención de Nélida de Forti.

El 30 de junio de 1977, la Comisión acusó recibo de la negativa argentina, y envió una ampliación al Gobierno: "La Sra. Nélida Azucena Sosa de Forti, argentina fue detenida el 18 de febrero de 1977, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En el día mencionado, la Sra. de Forti y sus cinco hijos, arriban al aeropuerto (...)".

De acuerdo a los informes, los seis pasajeros fueron embarcados pero una vez instalados en el avión, por los altavoces se solicitó la presencia de Alfredo Forti en la cabina, y el comandante de abordo le preguntó por su padre.

Forti explicó que se encontraba en Venezuela esperando el arribo del grupo familiar.

Luego, en presencia de la madre, el comandante les explicó que no podían viajar por un problema de documentación. "El Comandante les informa ‘que procederá a desembarcarlos junto con el equipaje. Así lo hacen y los introducen en el mismo vehículo colectivo en el que fueron transportados hacia el avión junto con los demás pasajeros, donde los esperaban un grupo de individuos vestidos con ropas civiles, aunque armados. Son llevados hacia el acceso público de vehículos y allí transbordados a dos vehículos sedan".

La nota de la Comisión Interamericana agregó: "En un camino solitario fueron bajados los seis de los vehículos y les vendaron los ojos, para luego proseguir la marcha hacia un establecimiento del tipo de los carcelarios, donde permanecieron siete días. El séptimo día los niños fueron separados de la madre y abandonados en la ciudad de Buenos Aires en la proximidad de un domicilio conocido, siempre como en el traslado anterior con los ojos vendados. Antes de dejarlos, la persona a quien el resto le daba trato de superior les dijo que la mamá sería conducida por ellos a Tucumán y que en una semana se reuniría con ellos nuevamente (...) Desde entonces no se ha tenido otra noticia sobre el paradero de la señora (...)"

A través de la embajada de Venezuela, se arregló el traslado de los hijos a ese país para reunirse con el padre, un médico cirujano que estaba al servicio del Gobierno venezolano.

En comunicación del 15 de julio de 1977, la Comisión impugnó la respuesta del Gobierno argentino porque no cabían dudas que la detención de Nélida Sosa de Forti fue ejecutada por organismos de seguridad oficiales.

En el avión de Aerolíneas viajaba Juan Galli Coll, funcionario venezolano del Ministerio de Hacienda, dispuesto a declarar como testigo presencial de todo lo que ocurrió. También, el ingeniero Daniel Mazzola, argentino que viajaba por razones de trabajo.

En notas del 12 de octubre y 10 de noviembre de 1977, el reclamante reiteró sus impugnaciones a la respuesta del Gobierno e informó que, extraoficialmente, tuvo conocimiento de que la señora de Forti se encontraba detenida en la cárcel de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires.

Ante los hechos, la Comisión Interamericanad de Derechos Humanos, aprobada en la sesión del 18 de noviembre de 1978, resolvió:

1. Que hay prueba suficientes de que la señora Nélida Azucena de Forti y sus hijos fueron detenidos ilegalmente, por agentes del Gobierno de la Argentina, el día 18 de febrero de 1977, permaneciendo aún desaparecida la señora de Forti.

2. Declarar al Gobierno de la Argentina que tales hechos constituyen gravísimas violaciones al derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona (Artículo I); el derecho de justicia (Artículo XVIII); el derecho de protección contra la detención arbitraria (Artículo XXV); y el derecho a proceso regular (Artículo XXVI), de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

3. Recomendar al Gobierno:

a) que de inmediato tome las medidas necesarias para liberar a la señora Nélida Azucena Sosa de Forti;

b) que sancione de conformidad con las leyes argentinas a los responsables por los hechos denunciados;

c) que realice una investigación completa e imparcial sobre los hechos denunciados;

d) que informe a la Comisión, dentro de un plazo máximo de 30 días, sobre las medidas tomadas para poner en práctica las recomendaciones contenidas en esta Resolución.

4. Comunicar esta Resolución al Gobierno de la República de Argentina y a los denunciantes.

5.. Incluir esta Resolución en el Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de conformidad con el Artículo 9 (bis), inciso c, iii del Estatuto de la Comisión".

El organismo Wola, que abriría en breve una representación en la Ciudad de Buenos Aires, tiene un rol importante en estas causas, y promovió reuniones entre los legisladores estadounidenses y los activistas de derechos humanos, entre ellos las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y Servicio Paz y Justicia.

En 2001, Wola inició un nuevo proyecto por tres años, para estudiar el impacto de la política internacional antinarcóticos estadounidense sobre la democracia y derechos humanos en América latina.

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