Beliz y Rosatti se negaron a declarar ante Bonadio

El ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, se negó el miércoles a declarar como imputado por el deficiente funcionamiento de las cárceles federales ante el juez federal Claudio Bonadio. La causa que lleva adelante el magistrado se originó en las denuncias radicadas por los propios presos o sus familiares. El sucesor de Beliz, Horacio Rosatti, tampoco declaró por la misma causa el pasado lunes. Bonadio analiza el posible procesamiento de los ex funcionarios.

El ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, no declaró ante el juez federal Claudio Bonadio el miércoles en calidad de imputado por el deficiente funcionamiento (malas condiciones de alojamiento, alimentación, engermedades y maltrato) de las cárceles federales.

Beliz adujo, para ampararse en el derecho a negarse a declarar, que el juzgado no habría elevado la recusación que hizo el juez a la Cámara Federal y tampoco habría posibilitado a su defensa, ejercida por el abogado Oscar Rabinovich, obtener fotocopias del expediente.

Bonadio lleva una causa judicial en que se investigan las malas condiciones de vida de los reclusos en varias unidades del Sistema Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Bonadio además citó a su sucesor, Horacio Rosatti.

Rosatti tampoco declaró el lunes, alegando que en el trámite de su recusación a Bonadio aún no hay ninguna definición.

La causa se originó en las denuncias radicadas por los propios presos o sus familiares. Los denunciantes informaron sobre la situación en las cárceles del sistema federal y el juez habría acreditado que los hechos referidos configurarían un delito por parte de funcionarios con responsabilidad en el área penitenciaria.

El martes, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, puso en funciones al director del Servicio Penitenciario Federal, Hugo Ramón Soza, en reemplazo del saliente José Luis Soria.

Durante la presentación de Soza, Iribarne destacó que el "objetivo primordial" de la nueva gestión "lograr la reinserción en la sociedad" de los presos, en "armonía".

"Es misión esencial del Estado articular una política criminal que tiene que desenvolverse en un contexto social y económico. No es una política de laboratorio", planteó.

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